Madrid, 26 mar (EFE).- El Congreso ha dado luz verde definitiva a la ley integral de impulso de la economía social, que, entre otras cosas, modernizará y adaptará el funcionamiento de las cooperativas.
Con la incorporación de algunas enmiendas del Senado, este jueves ha salido adelante la ley que supone la actualización más amplia del marco jurídico de la economía social en España, al modernizar la ley de cooperativas, la ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción y la ley economía social.
Con este último paso, la ley está lista para su sanción, promulgación y posterior entrada en vigor.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha agradecido a los grupos su trabajo en esta norma y ha puesto en valor la capacidad de "hacer mejor la vida de la gente".
Díaz ha incidido en el peso de la economía social y en la importancia de un modelo que "humaniza la economía".
Desde los grupos, el PP ha cuestionado algunos de los aspectos de la norma considerando que se ha "perdido la oportunidad" de realizar un mejor cambio para el sector.
"Esta ley no cuenta con nuestro apoyo (...) no está a la altura", ha criticado la diputada popular Violante Tomás.
Tras decaer por el adelanto electoral de 2023, esta norma fue aprobada en Consejo de Ministros en octubre de 2024 y entró en las Cortes, donde ha ido superando todos los trámites hasta llegar a su aprobación definitiva.
Entre sus novedades, la norma permite actuar frente a las entidades que operan bajo apariencia de cooperativa, pero vulneran sus principios y valores, protegiéndolas frente a usos instrumentales o fraudulentos y combatiendo el intrusismo al clarificar qué empresas forman parte de la Economía Social y cuáles no.
Según señala el Ministerio de Trabajo, la norma, pactada y apoyada por la mayoría de organizaciones del sector, busca modernizar y consolidar un modelo económico alternativo.
En concreto, digitaliza y adapta el funcionamiento de las cooperativas a las nuevas tecnologías y busca avanzar en igualdad e impulso de la conciliación.
Así, se garantiza la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores y el refuerzo del derecho de información de las personas socias.
También reconoce, por primera vez, a las cooperativas de vivienda en cesión de uso como especialmente protegidas y amplía la definición de los colectivos y las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social que buscan mejorar su empleabilidad en las empresas de inserción.
Las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman el ecosistema de la Economía Social en España generaron una cifra de negocios del 11,1 % del PIB en cada uno de los años del período 2019-2023.
El tejido productivo de la economía Social española, destaca Trabajo, está constituido por un total de 127.532 empresas y entidades, de las que dependen 2.250.389 empleos directos e indirectos, y que dejan un total de 169.691 millones de euros de facturación, según los últimos datos del sector aportados por el Instituto Nacional de Estadística.EFE
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