El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad, solicitando para cada uno de los siete acusados una pena total de dos años y seis meses de prisión. Según consignó la Audiencia Provincial de Madrid, la vista oral prevista inicialmente para este miércoles ha sido suspendida debido a que el tribunal se declaró incompetente para juzgar el caso, enviando las actuaciones al registro de los juzgados de lo Penal de la capital, tal como publicó la Agencia EFE.
El medio detalló que los hechos se remontan a la madrugada del 1 de noviembre de 2020, cuando un grupo numeroso de personas, incluidos los siete acusados, participó en una manifestación contra las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Según señala la Fiscalía en su escrito, la movilización se organizó tras una convocatoria divulgada en redes sociales, sin que se hubiera comunicado previamente a la Delegación del Gobierno, tal como exige la normativa para el desarrollo de reuniones y manifestaciones públicas.
Durante la jornada, la concentración derivó en incidentes en los alrededores de la Puerta del Sol. Según reportó EFE, la Fiscalía sostiene que los acusados, junto a otros individuos que no lograron ser identificados, intentaron romper los dispositivos policiales puestos en marcha para mantener la seguridad, para lo cual lanzaron piedras y objetos contundentes contra la Comisaría de Distrito Centro. Además, y según publicó EFE, los manifestantes avanzaron por varias calles céntricas en dirección al Congreso de los Diputados, enfrentándose a los agentes en distintos puntos, incluido el Paseo del Prado, donde continuaron arrojando objetos a los efectivos policiales.
La intervención policial, según el relato de la Fiscalía citado por EFE, incluyó el uso de material antidisturbios para dispersar a los participantes y restablecer el orden público. Los agentes lograron interceptar y detener a los acusados en diferentes ubicaciones, entre ellas las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, una de las zonas de mayor tránsito en Madrid, en medio de las restricciones sanitarias que regían en aquel momento.
El escrito del Ministerio Público, según la agencia, describe la actitud de los acusados como contraria al orden público y apunta a la gravedad de los hechos por haberse producido en una de las áreas más céntricas y transitadas de la ciudad durante una fase especialmente restrictiva de la pandemia. Las actuaciones ahora quedan en manos de los juzgados de lo Penal, quienes deberán valorar los cargos que pesan sobre los acusados a partir de la calificación realizada por la Fiscalía y de las pruebas presentadas en el proceso.
Según recogen los documentos judiciales revelados por EFE, los imputados enfrentan acusaciones de desórdenes públicos, delito que prevé penas de hasta dos años de prisión, y atentado a la autoridad, por el que la Fiscalía plantea una suma de seis meses adicionales para cada uno de los implicados.
De acuerdo con la publicación, la suspensión temporal del juicio y el traslado del procedimiento a los juzgados competentes no afecta las peticiones de prisión que la Fiscalía mantiene vigentes respecto a los acusados. El desarrollo posterior del caso dependerá ahora de la programación y valoración que realicen los nuevos órganos judiciales receptores de la causa.
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