
El delegado del Gobierno, Pedro Casares, informó a los medios que la decisión de la Dirección General de la Costa y el Mar de personarse en la causa judicial por el accidente de El Bocal permitirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) acceder a toda la documentación relacionada con el caso e intervenir de manera activa en el proceso. Según informó el medio, esta medida llega después de que la magistrada al frente de la investigación acordara ampliar la acción penal contra responsables de la Demarcación de Costas en Cantabria, en respuesta a la tragedia ocurrida el 3 de marzo, en la que fallecieron seis jóvenes debido al colapso de una pasarela en la costa de Santander.
De acuerdo con lo publicado, la jueza considera que la administración central es la única encargada de asegurar que la pasarela siniestrada reciba el mantenimiento y la conservación adecuados. Como resultado de esta consideración, la instrucción se dirige específicamente contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, quien ocupaba el cargo de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, proyecto bajo el cual se construyó la infraestructura que se desplomó. También se ha imputado al jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación por estos mismos hechos.
Tal como publicó la fuente, la decisión del MITECO de integrarse en la causa busca garantizar el acceso a todos los informes y pruebas técnicas, así como ejercer las acciones legales que correspondan en nombre de la administración central. Al pasar a tener la condición de investigados, los dos funcionarios de la Demarcación de Costas se ven implicados en un proceso que pone el foco sobre las tareas de vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras pertenecientes al Estado en la región.
Según consignó el medio, el accidente de la pasarela de El Bocal, que resultó en la muerte de seis jóvenes, ha desencadenado un debate sobre las competencias y responsabilidades institucionales en la gestión de obras públicas. La jueza instructora subraya en su resolución que la administración central ostenta la responsabilidad exclusiva sobre la conservación del paso costero que colapsó, motivo por el cual considera pertinente la investigación de los responsables designados en ese momento para estos cometidos.
Reportó la fuente que la senda costera de 2014, a la que pertenecía la pasarela colapsada, había sido ejecutada bajo la supervisión de la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del MITECO. La instrucción judicial busca determinar hasta qué punto las actuaciones de supervisión, mantenimiento y alerta sobre posibles riesgos se llevaron a cabo conforme a la normativa y las buenas prácticas establecidas para este tipo de infraestructuras.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el delegado del Gobierno, con la personación en la causa, el MITECO podrá aportar documentación relevante, realizar alegaciones y proponer líneas de indagación que permitan esclarecer las causas del accidente así como las posibles omisiones o deficiencias administrativas atribuidas a los funcionarios investigados.
El proceso judicial continúa abierto, según detalló la fuente, y las actuaciones acordadas por la jueza pretenden delimitar la cadena de responsabilidades que derivaron en el accidente del 3 de marzo en la costa de Santander, que tuvo consecuencias fatales para seis jóvenes y ha puesto bajo revisión los procedimientos internos de la Demarcación de Costas y la gestión estatal de infraestructuras costeras.

