Prisiones elude las críticas por la semilibertad de la exdirigente de ETA 'Anboto': "La decreta un tribunal de justicia"

Ángel Luis Ortiz destacó ante la Comisión de Interior del Congreso que las recientes mejoras en el registro de agresiones en centros penitenciarios incorporan, desde 2022, no sólo agresiones con lesiones, sino también otras conductas como empujones, agarrones o lanzamientos de líquidos y objetos, las cuales ahora cuentan oficialmente en las estadísticas. Con base en esta actualización, Ortiz defendió la necesidad de que las Cortes aprueben reformas legislativas para permitir que la Administración resarza económicamente por oficio a los funcionarios que sufran daños durante el servicio. En el marco de estas afirmaciones, la noticia principal giró en torno al cuestionamiento, durante su comparecencia de este martes, a las críticas de la oposición sobre la concesión de semilibertad a presos de ETA, entre ellos Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto'.

De acuerdo con lo publicado por la fuente original, Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, subrayó durante la sesión que la excarcelación o establecimiento en semilibertad de reclusos no compete directamente a la administración penitenciaria sino a los tribunales de justicia. Ortiz recalcó que "la libertad la decretan en España los tribunales de justicia", desmarcando así tanto a su dependencia del Ministerio del Interior como a la administración penitenciaria vasca de la responsabilidad en este proceso.

Según detalló el medio original, la comparecencia obedeció, en parte, a las acusaciones expresadas por la diputada Ana Vázquez y otros portavoces del Partido Popular (PP), quienes criticaron que supuestos acuerdos políticos han derivado en la excarcelación de antiguos dirigentes de la banda ETA, como 'Anboto' y 'Txeroki', bajo la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que contempla flexibilizaciones. Los representantes del PP denunciaron lo que llamaron un "infame pacto encapuchado" entre el Gobierno del PSOE y EH Bildu, a su juicio causante de la salida de prisión de estos internos, y cuestionaron también el papel que juega el Gobierno Vasco en la gestión de competencias penitenciarias, señalando que corresponde a una consejera socialista la toma de decisiones en este ámbito.

Según consignó el medio fuente, desde las filas del PP se sostuvo que "el socialismo ha abandonado a las víctimas en favor de los asesinos", criticando el trato dispensado a los afectados por la violencia de ETA y censurando la política penitenciaria actual. Por su parte, tanto el PP como Vox dirigieron otra línea de crítica hacia la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la que instaron a no ignorar las problemáticas destacadas por los funcionarios de prisiones, como la frecuencia de agresiones, con un registro de un ataque nuevo cada 20 horas, y la intervención de 1.327 armas artesanales en el último año.

El medio fuente informó que en respuesta a esos señalamientos, Ángel Luis Ortiz afirmó que la secretaría mantiene un canal de diálogo abierto con las organizaciones sindicales del sector penitenciario y destacó una negociación en marcha para actualizar los protocolos específicos de respuesta a agresiones. Ortiz expuso su compromiso para que se reconozca a los funcionarios penitenciarios la condición de agentes de la autoridad y remarcó que el asunto de la compensación económica por daños sufridos durante el ejercicio está pendiente de resolución legislativa en la sede parlamentaria.

Según publicó la fuente original, Ortiz también abordó las denuncias relativas a la gestión del centro penitenciario Madrid VII-Estremera, remitiéndose tanto a investigaciones internas como de la Fiscalía para rechazar la existencia de irregularidades en los contratos de ese establecimiento. El responsable de Prisiones insistió en la transparencia y rigor en la gestión de los centros bajo su competencia.

En el conjunto de la comparecencia, el debate se enfocó en torno a la competencia sobre las decisiones penitenciarias, la protección de los trabajadores del sector, el impacto de las recientes medidas legislativas relativas al régimen penitenciario, y las implicaciones políticas señaladas por la oposición en lo concerniente a la relación del Gobierno con la formación EH Bildu. La comparecencia de Ortiz sirvió para volver a colocar en el centro del debate parlamentario dos ejes: la independencia judicial en los procedimientos de semilibertad y la situación laboral en los establecimientos penitenciarios, según presentó el medio fuente.