
El docente investigado en Gipuzkoa refirió ante los medios que durante más de quince años se habría visto expuesto a situaciones de hostigamiento laboral e imputaciones infundadas en sus entornos educativos, antes y durante su etapa como profesor de la ESO. Sostuvo que las acusaciones actuales habrían surgido sobre esa misma dinámica de acoso. Estas declaraciones se produjeron en la entrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, donde se encuentra en proceso de juicio ante la justicia por presuntamente ofrecer recompensas económicas o regalos a tres menores, de trece y quince años, a cambio de favores sexuales, según publicó el medio.
De acuerdo con las informaciones de los medios, la Fiscalía interpuso peticiones de condena que suman 22 años de prisión para el acusado. Los cargos abarcan la presunta solicitud de favores de índole sexual a cambio de gratificaciones, hechas a adolescentes que cursaban estudios en un colegio de Irun. El docente rechazó categóricamente los hechos imputados y recalcó que lleva más de una década sufriendo lo que calificó como “acoso” en los centros donde trabajó tanto en Formación Profesional como en Educación Secundaria. Según relató, el origen del hostigamiento se remontaría al inicio de su carrera en la FP, cuando un grupo de compañeros supuestamente impulsó comentarios respecto a su ineficacia laboral. “La estrategia es que era inútil, que no hacía bien las cosas”, narró, y agregó que ese mismo entorno profesional nunca terminó la carrera universitaria junto a él.
El acusado manifestó que tras completar su formación, adquirió prestigio docente entre el alumnado, hecho que, a su juicio, habría motivado que la dirección escolar amplificara los ataques en su contra. Aseguró que esta dinámica se habría trasladado de un centro a otro, y que con el cambio a la docencia en la ESO, el foco del acoso habría pasado de cuestiones profesionales a imputaciones relacionadas con menores.
El medio detalló que, según el docente, los rumores y denuncias falsas habrían continuado durante su paso por diferentes colegios, presentándose ante sus familiares e incluso notificando supuestas agresiones que el acusado rechaza de plano: “Llaman a mis padres diciendo que hay una agresión pero no existe, son mentiras, y en el colegio de Irún, tampoco hay nada”, afirmó. Negó haber ofrecido gratificaciones o mantenido conductas inapropiadas y subrayó que los comentarios de contenido sexual expresados en el colegio procederían, en realidad, del alumnado hacia él, no a la inversa. Señaló haber recibido frases como “sugar daddy, dame un regalo y yo te voy a dar una noche loca, si no me das un chupachús, te voy a chupar otra cosa”.
El docente reconoció no haberse comportado como un profesor convencional y explicó que, sobre todo en la ESO, percibía un exceso de atención de sus alumnas, algo que asegura nunca haber entendido ni buscado. “Parezco una estrella de rock, estoy rodeado de chicas y no sé por qué, de hecho pedí ayuda y todo porque no entiendo esto”. Explicó que nunca tuvo éxito entre las mujeres y que esta situación le resultó completamente inesperada.
Según reportó la misma fuente, el acusado puso énfasis en que ante situaciones en las que se denuncia que un profesor entra en vestuarios de chicas o se producen contactos físicos inapropiados, los centros escolares activan protocolos internos, crean comisiones y designan responsables para investigar los hechos. Recalcó que, pese a la existencia de denuncias y vídeos, los procedimientos sumarios iniciados en su contra no habrían derivado en sanciones concretas, y reiteró que la narrativa del acoso laboral proviene de una larga trayectoria desde su etapa en Formación Profesional hasta la Secundaria. Añadió que en ocasiones lo han inculpado si una estudiante se fuga del centro o cuando se lleva bien con una alumna, así como en episodios graves, como el suicidio de una adolescente, sindicándosele como responsable para ser investigado.
El procesado aseguró tener constancia de “un montón de denuncias de acoso laboral”, reafirmando ante los medios su posición de víctima en el contexto de estos procedimientos disciplinarios y judiciales. Según consignó la fuente, la declaración pública del acusado marca el inicio del juicio donde la Fiscalía solicita una elevada pena privativa de libertad por presuntas conductas delictivas contra menores.
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