Podemos respalda el decreto de vivienda pero mantiene la incógnita con el de las rebajas fiscales

El respaldo de Podemos al nuevo decreto de vivienda impulsado por el Ejecutivo se vincula a los recientes acuerdos tomados durante el Consejo de Ministros extraordinario, en el que se aprobaron dos normas diferenciadas: una centrada en medidas habitacionales y otra orientada a la aplicación de rebajas fiscales, esto último motivado ante la falta de consenso entre los socios de gobierno, tal como ha expuesto el coportavoz Pablo Fernández durante una comparecencia en Madrid. Según reportó el medio original, la formación política ha comunicado que dará su voto favorable al decreto de vivienda, aunque mantiene en suspenso su postura sobre el texto fiscal, al que califica como “ineficaz” y “insuficiente” para amortiguar el alza de precios y asegurar una protección real para los sectores más vulnerables.

De acuerdo con la información publicada, Fernández expresó que el real decreto ley sobre medidas fiscales se diseñó principalmente para atraer el apoyo de la derecha y criticó que rebajar impuestos sin establecer límites sobre los precios permitirá que grandes empresas obtengan beneficios extraordinarios a costa de los consumidores. El dirigente insistió en que la única respuesta estructural sería fijar topes legales a los precios, en lugar de reducir tributos que en su opinión benefician a las grandes compañías, especialmente aquellas cotizadas en el Ibex 35. “Entre topes de precios para proteger el bolsillo de la gente o rebajar los impuestos para proteger la cuenta de resultados de las empresas del Ibex 35, el Gobierno ha optado por el Ibex 35”, afirmó Fernández, según consignó el citado medio.

Sobre las medidas contempladas en el real decreto ley fiscal aprobado, se destacan la rebaja del 10% en el tributo de combustibles, la reducción de ciertos impuestos a la electricidad y la ampliación del bono social eléctrico. Además, el texto incluye un sistema de vigilancia para controlar la evolución de los márgenes empresariales en el sector energético, encomendando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el seguimiento y posible intervención si se detectan beneficios injustificados. También se prevé que el Consejo de Ministros pueda imponer límites a esos márgenes a fin de contener incrementos excesivos en los precios del suministro de combustible, medidas que fueron impulsadas por la formación Sumar y que, según fuentes citadas, se incorporaron a las demandas planteadas por este socio de gobierno. El decreto recoge además la inclusión de prohibiciones para algunos suministros energéticos.

Sobre estos puntos, Fernández subrayó que ni el anunciado control de ganancias empresariales constituye una medida progresista ni garantiza que las grandes corporaciones dejen de obtener beneficios extraordinarios en el contexto actual. Sostuvo que el conflicto bélico y sus consecuencias no deben transferirse a los consumidores, sino recaer en empresas como Repsol y en el resto del gran empresariado que, a su entender, buscan beneficiarse de la coyuntura.

En cuanto al decreto de vivienda, que recoge las propuestas lideradas por Sumar, incluye entre sus acciones la prórroga automática por dos años de los 600.000 contratos de alquiler que expiran durante este ejercicio. Según detalló el medio, Pablo Fernández sostuvo que Podemos respaldará este paquete normativo por considerar que recoge medidas que podrían resultar favorables, aunque advirtió del riesgo de que el impacto se vea diluido al haberse optado por separar las acciones habitacionales en un decreto independiente. El coportavoz atribuyó esta decisión a la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes y criticó que escindir el bloque de vivienda facilita la oposición de partidos contrarios a estas medidas.

Fernández declaró que si el Gobierno hubiese querido realmente sacar adelante las políticas en materia de vivienda, las habría agrupado en un solo real decreto incluyéndolas junto con el resto de medidas, lo que, en su opinión, habría dificultado la estrategia de rechazo manifestada expresamente por los partidos de derecha. El dirigente insistió en que la opción elegida por el Ejecutivo responde a la constatación pública de que el Gobierno, según palabras mismas del presidente Pedro Sánchez, no cuenta ahora con los respaldos necesarios para convalidar la norma en el Congreso.

La caída de la moratoria antidesahucios contenida en el llamado “escudo social”, rechazada en la Cámara por el PP, Vox y Junts, supone, según palabras de Fernández recogidas por la fuente, que unas 60.000 familias están desprotegidas ante la perspectiva de posibles desahucios. El portavoz consideró que el Ejecutivo ha abandonado a estos hogares tras el rechazo parlamentario a prorrogar la moratoria.

Fernández defendió la necesidad de establecer un control legal sobre el precio de los alquileres como vía principal para abordar el problema de acceso a la vivienda y lamentó que esta medida no se haya incorporado en el decreto finalmente aprobado. Pese a ello, confirmó que Podemos votará a favor de la iniciativa porque considera que contiene aspectos positivos en la línea de ampliar derechos habitacionales, según publicó el medio.

El desarrollo y el contenido de ambos decretos ley reflejan la complejidad de las negociaciones dentro del Gobierno, con discrepancias sobre el modo de afrontar tanto la crisis de precios de la energía como las dificultades vinculadas al acceso a la vivienda. La aprobación de la división normativa evidencia las dificultades del Ejecutivo para conciliar entre los reclamos de los diferentes socios parlamentarios y la obtención de los apoyos necesarios para sacar adelante las reformas propuestas.