El lobo, un año de trasiego judicial desde su desprotección a la sentencia del Supremo

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Madrid, 19 mar (EFE).- Durante el año transcurrido desde que el 20 de marzo de 2025 el lobo ibérico quedó fuera del Lespre (listado de especies protegidas), la especie ha vivido un farragoso trasiego como protagonista de normas, recursos y sentencias cruzadas que, de momento, ha cerrado el reciente fallo del Tribunal Supremo que solo autoriza su caza "cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado".

Esta sentencia, de febrero, considera que las medidas de gestión que incluyan la muerte de ejemplares "deben someterse a unas rigurosas condiciones" e invita a examinar "medidas alternativas" que "razonablemente" puedan adoptar los ganaderos para impedir los ataques del lobo.

Una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario posibilitó hace un año la salida del lobo del Lespre al norte del río Duero. Los ganaderos celebraron la vuelta de los controles letales, mientras que las organizaciones ecologistas mostraron su rechazo y emprendieron acciones legales en distintas comunidades.

El tiempo de los tribunales jugó en contra del lobo: mientras los jueces decidían, en Cantabria se abatieron 35 lobos y otros ocho murieron por otras causas y en Asturias se mató a 31 y murieron 11 más.

El Defensor del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra los artículos de la ley del desperdicio alimentario que facilitaron la caza, aún no resuelto.

El último censo del lobo, publicado el pasado junio y correspondiente al periodo 2021-2024, contabilizó 333 manadas, un aumento del 12 % respecto a 2014. Según los expertos en conservación, lejos de las 500 manadas que garantizarían la viabilidad genética.

Pero en julio una mayoría de las comunidades autónomas defendieron en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que el estado de conservación del lobo en España era "favorable" y por tanto podía ser objeto de caza, contra los criterios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

El Ministerio debía enviar antes del 31 de julio un informe sexenal a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de la especie, pero pidió una prórroga a Bruselas y el informe aún no se ha remitido.

Siete comunidades (País Vasco, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León) intentaron cubrir ese vacío en febrero con el envío a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, de una certificación que refleja el estado de conservación favorable de la especie.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJUE) de 2024 prohíbe la caza si el estado de conservación nacional es desfavorable. Sin embargo, las comunidades 'loberas' han justificado sus batidas como excepciones por daños al ganado.

El 27 de enero Cantabria informó de que ya había agotado su cupo de "extracción" para la temporada 2025-2026 con 43 animales muertos: 35 abatidos y el resto víctima del furtivismo, los atropellos o la enfermedad.

El Boletín Oficial de Cantabria publicó este miércoles su nuevo plan de gestión del lobo, que mantiene un cupo de muertes de hasta el 20 % de la población.

"Tenemos una carga muy importante de lobos como consecuencia de tantos años de protección", ha asegurado a EFE la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos.

"Tienen que cesar esos intentos de volver a meter al lobo en el Lespre" por parte del Ministerio y de colectivos ecologistas, sostiene, porque supondría "un perjuicio ya incalculable, tal y como se encuentra el sector primario".

También el miércoles se conoció una sentencia del Supremo que confirmó la ilegalidad de las autorizaciones del Gobierno cántabro para matar lobos en varios municipios en 2022, antes de la salida del Lespre. Las autorizaciones fueron recurridas por Ecologistas en Acción.

El Gobierno de Asturias, por su parte, ha suspendido las batidas previstas tras la sentencia de febrero del Supremo. Su intención es modificar el plan de gestión para cumplir las garantías jurídicas.

Antes de la suspensión se habían abatido 31 ejemplares, con 11 más muertos por otras causas. En total, 42 lobos de los 53 previstos.

El Gobierno del Principado espera tener listo en septiembre el nuevo programa de control poblacional hasta marzo de 2028.

La Xunta de Galicia publicó una resolución para reactivar la caza del lobo tras su salida del Lespre, sin fijar cupos. Las sociedades de cazadores podían solicitar autorización para matarlos cuando hubiese "daños constatados" a la ganadería.

Antes de que se llegase a abatir alguno, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) paralizó cautelarmente la medida tras varios recursos de organizaciones conservacionistas. La caza se mantiene suspendida desde entonces.

Este mismo mes el TSXG ha denegado al Ejecutivo gallego la autorización para batidas en Cerdedo (Pontevedra), Ferrol y Curtis (A Coruña) porque los argumentos sobre un incremento de ataques de lobos "no están respaldados por pruebas técnicas suficientes".

En Castilla y León no se ha matado ningún lobo desde el cambio en el Lespre.

En La Rioja el parlamento aprobó la modificación de su Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, lo que permitió la inclusión del lobo en la orden de vedas como especie cinegética. Se autorizaron batidas entre el 1 de octubre de 2025 y el 7 de febrero de 2026, periodo en el que no se mataron ejemplares.

Sin embargo, el pasado 12 de marzo el Gobierno de La Rioja autorizó hasta el día 22 un control poblacional de cuatro lobos en el Alto Najerilla y el Camero Viejo.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha pedido  el "cese de actividad", por "acto administrativo imposible", de las tres resoluciones que autorizan "matar cuatro lobos en diez días".

El Gobierno Vasco no confirma si se han matado lobos en Euskadi en los últimos meses y reconoce que la población está creciendo, pues la comunidad es puerta de entrada para ejemplares jóvenes desde zonas de Burgos, La Rioja y Cantabria.

Estos nuevos ejemplares ocasionan daños más significativos que las manadas estables, más fáciles de controlar. "El sector sigue indefenso ante ataques cada vez mas recurrentes e intensos", asegura la consejería de Agricultura.

El Gobierno Vasco no ha aprobado ningún plan de gestión autonómico de esta especie. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023110594) (Vídeo) (Audio)