La jueza que investiga la adjudicación de VPP de Alicante acepta la personación del PSPV como acusación popular

La providencia que permite al grupo municipal del PSPV asumir la figura de acusación popular se produjo después de que la formación abonara la fianza de 3.000 euros que la titular de la Sección de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante había exigido previamente. Así lo informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), confirmando la aceptación de la personación de los socialistas en la investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan.

Según comunicó el TSJCV, la jueza resolvió este miércoles admitir la solicitud del PSPV al constatar que cumplió con el requisito económico impuesto en una resolución dictada anteriormente, el 3 de marzo de 2026. Esta obligación consistía en formalizar una querella firmada tanto por un abogado como por un procurador, así como depositar la mencionada caución, tal como prevé el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El medio TSJCV detalló que la personación se formalizó tras la recepción del escrito de la portavoz socialista Ana Barceló, quien actúa en representación del grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante.

La investigación sobre la adjudicación de viviendas en Les Naus ha generado la atención de diversas formaciones políticas y colectivos ciudadanos, por tratarse de una promoción de viviendas sujetas a protección pública. La decisión judicial referida a la aceptación del PSPV como acusación popular permite que la formación política intervenga activamente en el proceso penal, aportando pruebas y participando en los actos procesales autorizados por la legislación vigente.

Tal como publicó el TSJCV, la posibilidad de personarse bajo la figura de acusación popular implica que cualquier ciudadano o colectivo con interés legítimo, en este caso el grupo municipal socialista, puede intervenir en procedimientos de interés público, una vez que cumple con los requisitos legales, entre los que se incluye el depósito de una fianza que garantice la seriedad de su actuación procesal. El tribunal enfatizó la necesidad de que la personación esté respaldada por la preceptiva querella y dirección letrada, en conformidad con la ley.

El recurso utilizado por el PSPV para incorporarse al caso responde a un mecanismo previsto en la legislación española para posibilitar la participación de agentes externos al Ministerio Fiscal en la persecución de posibles delitos que afecten al interés general. Según consignó el medio TSJCV, esta personación faculta al PSPV a presentar diligencias, proponer nuevas vías de investigación y, en caso de que existan indicios, solicitar la apertura de juicio oral contra los presuntos responsables de eventuales delitos en el proceso de adjudicación de viviendas públicas de Les Naus.

El trámite procesal de la personación como acusación popular suele implicar el cumplimiento de requisitos estrictos, pues la legislación pretende evitar actuaciones espurias o manifestamente infundadas. El TSJCV especificó que la jueza ha seguido el procedimiento habitual al exigir la caución de 3.000 euros y la firma de un abogado y procurador en la querella presentada, reafirmando los controles legales existentes.

El caso de Les Naus ha sido objeto de atención mediática y política en la ciudad de Alicante y en el ámbito autonómico, dadas las implicaciones de transparencia y equidad en el acceso a viviendas de promoción pública. La resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 no sólo permite al PSPV participar formalmente en el proceso, sino que también podría abrir la puerta a intervenciones similares por parte de otros colectivos, en caso de que cumplan con las mismas condiciones legales.

Hasta el momento, según relató el TSJCV, la investigación sigue abierta. El procedimiento examina las condiciones en las que se llevó a cabo la adjudicación de las viviendas, y la incorporación del PSPV como acusación popular suma una parte interesada con capacidad para presentar escritos, contestar a alegaciones y recurrir resoluciones durante el transcurso del procedimiento judicial.

La decisión judicial notificada este miércoles estructura el desarrollo futuro del procedimiento, pues ahora el grupo socialista cuenta con pleno derecho procesal para intervenir en las diligencias de instrucción y en las posibles siguientes fases del proceso penal, siempre conforme a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y bajo supervisión judicial, según reiteró el TSJCV en su comunicación oficial.