Sumar presionará al PSOE para incluir la prórroga de alquileres dentro del decreto que se aprobará el viernes

La propuesta de prórroga para los contratos de alquiler existentes, con el objetivo de evitar incrementos de hasta un 50%, figura entre las demandas esenciales que Sumar aspira a incorporar en el nuevo decreto de medidas sociales. Según consignó el medio, la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, subrayó que el blindaje de la vivienda representa un pilar irrenunciable en cualquier mecanismo de protección, y remarcó la urgencia de garantizar la continuidad de unos 600.000 contratos, para impedir actualizaciones que afectarían gravemente a las economías familiares. En este contexto, el grupo liderado por Yolanda Díaz mantiene la presión sobre el PSOE para que incluya estas y otras disposiciones en la próxima norma que se aprobará el viernes.

De acuerdo con la información difundida, Sumar persiste en su exigencia de que el nuevo decreto de escudo social, dirigido a mitigar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, contemple mecanismos que protejan los derechos de los inquilinos ante la expiración de sus contratos. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló durante una intervención pública, junto a la titular de Sanidad, que su espacio político considera una prioridad absoluta que el escudo social incluya garantías específicas para las familias trabajadoras. Bustinduy defendió que la protección de la vivienda responde a uno de los derechos constitucionales esenciales, cuya defensa cobra mayor relevancia en situaciones de crisis como la actual.

Desde la perspectiva de Sumar, las eventuales medidas fiscales incorporadas al decreto deberían complementarse con regulaciones que eviten incrementos injustificados en el margen de beneficio de grandes empresas. Según detalló Pablo Bustinduy y reportó la plataforma informativa, la intención es asegurar que el esfuerzo fiscal no acabe repercutiendo negativamente sobre los consumidores o incrementando las desigualdades, motivo por el cual el espacio político apuesta por intervenciones en el mercado que garanticen la equidad en la distribución de los efectos de la crisis.

En el marco de las negociaciones previas al Consejo de Ministros extraordinario, Lara Hernández, coordinadora general del Movimiento Sumar, reiteró en rueda de prensa en Madrid que la extensión de la prohibición de desahucios para familias vulnerables constituye otro eje fundamental de sus peticiones. Hernández explicó que el mantenimiento de esta moratoria, rechazada recientemente en el Congreso por la derecha, y la prórroga de contratos de alquiler no solo se presentan como compromisos políticos, sino como necesidades materiales urgentes, dado el contexto actual. Así lo informó el medio, que también destacó la disposición del bloque de Sumar a insistir en estas medidas hasta su inclusión en la normativa.

En su declaración, Hernández recordó que “llevamos batallando por estas medidas”, y puso de manifiesto el papel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la promoción de decretos de carácter extraordinario, comparables a los diseñados en respuesta al conflicto en Ucrania, y orientados a fortalecer la protección social frente a escenarios de inestabilidad internacional.

Por su parte, Mónica García expresó la convicción de que lograrán convencer al PSOE para que la prórroga de los contratos afectados se contemple finalmente en el decreto. García añadió que la protección residencial es inseparable de un escudo social efectivo, y que omitirla supondría dejar sin respuesta a una parte significativa de la población afectada por las subidas de alquiler.

La demanda central de Sumar orienta el debate hacia la protección de sectores económicos y sociales más expuestos a las fluctuaciones del mercado inmobiliario y a las consecuencias sociales de la crisis energética y geopolítica provocada por la guerra en Irán. El medio destacó que todas las fuerzas representadas en Sumar insisten además en la necesidad de establecer límites a los posibles beneficios extraordinarios obtenidos por grandes empresas en este contexto, mediante la vinculación de cualquier medida fiscal con políticas de control de márgenes empresariales, para impedir que el peso de la recuperación recaiga sobre quienes cuentan con menos recursos.

El decreto a debatir y aprobarse el viernes concita de esta forma la atención tanto de representantes del gobierno como de organizaciones civiles y colectivos de inquilinos, atentos a si las demandas impulsadas por Sumar, que recogen las preocupaciones de un amplio espectro de familias trabajadoras y vulnerables, se reflejarán en el texto final. Según publicó el medio, el desarrollo de estas negociaciones marcará el alcance y la efectividad del nuevo paquete de medidas sociales promovido por el Ejecutivo.