Armengol solicita testificar por escrito en el juicio de las mascarillas, como pidió Torres

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, justificó ante el Tribunal Supremo que la ley ofrece una exención a los miembros del Gobierno y expresidentes autonómicos para no asistir presencialmente a los tribunales, y basándose en este argumento, también la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pidió declarar por escrito en el juicio vinculado a presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, tal como reportó Europa Press.

Según documentación judicial revisada por Europa Press, Armengol presentó una solicitud formal para que se le remita un pliego de preguntas por escrito, en lugar de acudir físicamente como testigo al juicio donde figuran como acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Europa Press detalló que esta petición se enmarca en la investigación sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia, específicamente la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, entidad vinculada a Aldama.

La presidenta del Congreso ocupa esta posición institucional desde 2023, pero durante el periodo que es objeto de investigación, Armengol fue máxima responsable del Govern balear, entre 2015 y 2023. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el período coincidió con la compra bajo sospecha, por lo que se le requiere para aclarar su posible conocimiento de los hechos por razón de su cargo. Al igual que Torres, Armengol justificó su solicitud de testificación por escrito citando la legislación aplicable, que exime de acudir físicamente a los presidentes autonómicos y a los miembros del Ejecutivo central cuando actúan como testigos ante los tribunales.

Torres, que también fue presidente de Canarias, alegó en su escrito dirigido al Tribunal Supremo que esa exención está contemplada para quienes ostentan o han ejercido funciones ejecutivas de ese rango. Según publicó Europa Press, la justificación tanto de Torres como de Armengol incluyó la mención expresa a la ley y al hecho de que la información por la que se les convoca corresponde a su antiguo periodo de gestión y, presumiblemente, habría llegado a su conocimiento por su posición política en ese momento.

El proceso tiene como eje las presuntas irregularidades cometidas durante la emergencia sanitaria, en particular la formalización de contratos entre entidades públicas y Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas. Entre los citados a comparecer como testigos figuran Armengol y Torres, cuyo testimonio se considera clave para esclarecer el modo en que se desarrollaron dichas adquisiciones, según consignó Europa Press. La causa se centra en posibles delitos relacionados con la adjudicación y ejecución de dichos contratos, y la Fiscalía busca determinar el grado de conocimiento y la eventual implicación de altos cargos en supuestas prácticas irregulares.

Armengol y Torres deberán rendir cuenta ante el Tribunal Supremo el próximo 22 de abril, fecha programada para sus declaraciones. Ambos solicitaron que sus declaraciones se realicen a través de preguntas remitidas por escrito, conforme a los artículos legales que mencionan en sus respectivos escritos de defensa, replicando el procedimiento que permite la legislación española para titulares de altos cargos institucionales, según informó Europa Press.

Los hechos investigados por el Tribunal Supremo han generado repercusión pública debido a la magnitud de las compras públicas durante la pandemia y al volumen de recursos movilizados. Aunque la documentación judicial a la que accedió Europa Press señala la posible responsabilidad en la que incurrieron funcionarios y directivos al frente de los gobiernos autonómicos, la participación concreta de Armengol y Torres se delimita a su etapa como máximos responsables políticos en Baleares y Canarias.

El caso iniciado contra Ábalos, García y Aldama se amplió con las diligencias solicitadas sobre el papel de otros responsables institucionales, en una causa que, de acuerdo con reportes previos de Europa Press, explora tanto los procesos de adjudicación como la supervisión de los contratos ejecutados durante el periodo más crítico de la emergencia sanitaria. Las solicitudes de testificación por escrito también tienen precedente en los procedimientos donde altos cargos han solicitado un trato diferenciado a raíz de sus funciones representativas y de gobierno.

La citación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres adquirió notoriedad porque ambos formaron parte de la toma de decisiones respecto a la estrategia de compras centralizadas y regionales de material sanitario. Europa Press concluyó que la petición de testificar por escrito coincide con el interés de preservar ciertas prerrogativas de los titulares de máximas instituciones del Estado, mientras la investigación sigue recabando información sobre el posible aprovechamiento o incumplimiento en las adquisiciones públicas que protagonizaron la emergencia sanitaria y su control institucional.