
El instructor del caso Mascarillas en Almería decidió inadmitir la solicitud de Vox para reincorporarse como acusación popular, basándose en la acción voluntaria y unilateral del partido de abandonar el proceso en el pasado. Esta resolución apunta a evitar situaciones de inseguridad jurídica y la posible aparición de abusos procesales a lo largo de la instrucción, según informaron fuentes judiciales a Europa Press.
Según consignó Europa Press, este caso investiga presuntas "mordidas" en contratos tramitados por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines, dentro de un contexto de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y blanqueo de capitales. La decisión sobre Vox se produjo después de que el partido, dirigido por Santiago Abascal, manifestara mediante sus portavoces la intención de volver a ejercer la acusación popular, esto tras la detención, en noviembre del año pasado, del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y del exvicepresidente segundo, Fernando Giménez.
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De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, Vox participó inicialmente como acusación popular tras la primera fase de la investigación, que comenzó en junio de 2021, momento en que fue detenido el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria. La causa se abrió alrededor de la compra de material sanitario en el contexto de la pandemia de covid-19. En ese periodo, la formación realizó todos los trámites procesales requeridos, incluida la presentación de una fianza de 15.000 euros para actuar como acusación popular.
Posteriormente, Vox presentó un escrito para su renuncia a esa condición y requirió la devolución de la fianza. En marzo de 2023, la magistrada instructora entonces al frente de la causa resolvió favorablemente al partido, formalizando su salida del procedimiento e iniciando el trámite para restituir los fondos depositados. Esta renuncia voluntaria fue determinante en la resolución judicial actual, pues el juez sostiene que tras la retirada no corresponde permitir una reincorporación a la acusación popular, lo que podría dar lugar a irregularidades en el futuro desarrollo del proceso.
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El medio Europa Press detalló que la petición de reintegración por parte de Vox se articuló poco después de la segunda fase de la operación, en la que varios imputados fueron detenidos derivado de actuaciones policiales vinculadas a la gestión irregular de fondos públicos y contratos. Sin embargo, en su auto, la autoridad judicial argumentó que permitir la readmisión tras el abandono podría sentar un precedente con potencial para generar inestabilidad procesal, considerando que la reincorporación solo sería viable en circunstancias justificadas por causas legales ajenas a la voluntad de la parte solicitante, lo que no sucedió en este caso.
A lo largo de la instrucción, el procedimiento ha recogido varios hechos y actuaciones relacionadas con la administración de recursos por parte de responsables públicos locales. Según publicó Europa Press, las fases de la investigación han abarcado contratos firmados durante el periodo más crítico de la emergencia sanitaria por covid-19, con especial atención a las condiciones en que se llevaron a cabo adquisiciones de material sanitario y el papel de determinados responsables institucionales. Las diligencias policiales han servido de base para la apertura de distintas líneas de investigación relacionadas con el destino de los fondos públicos y la posible existencia de pagos ilícitos y desvíos de recursos.
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La intervención de Vox como acusación popular en las primeras actuaciones permitió impulsar ciertas diligencias procesales en el inició de la causa. Sin embargo, con la renuncia materializada en 2023, la formación perdió esa condición de parte dentro del procedimiento judicial, lo que según el instructor, elimina cualquier derecho de reincorporación a la acusación salvo motivos ajenos a su propia decisión. Europa Press reportó que esta interpretación judicial busca preservar la regularidad de la tramitación y evitar dilaciones o interferencias en la fase instructora.
La decisión actual implica que Vox no podrá intervenir nuevamente como acusación en el proceso del caso Mascarillas. Según fuentes jurídicas mencionadas por Europa Press, el criterio del juez se alinea con la práctica procesal orientada a mantener la estabilidad y previsibilidad en la evolución de las causas penales de este tipo.
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En el desarrollo de la causa, la investigación se ha extendido a distintos niveles de la administración local, implicando tanto al expresidente como a altos responsables de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines. El caso sigue frente a los tribunales con distintas partes personadas y bajo el análisis exhaustivo de las pruebas recabadas desde que se inició la instrucción en 2021, como detalló Europa Press.
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