Acepta dos años de cárcel y multa de 12 millones de euros el cabecilla del grupo que fabricaba tabaco ilegal en Ourense

El tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense evaluará la posibilidad de suspender la entrada en prisión del principal implicado en una red de contrabando de cigarrillos organizada en Galicia, tras confirmarse que carece de antecedentes penales y, según la defensa, se ha constatado su insolvencia en una reciente investigación de bienes. El caso se centra en el líder de un grupo criminal que fabricaba tabaco ilegalmente en instalaciones de Ourense y Pontevedra, quien permaneció prófugo hasta noviembre de 2023 y ahora ha aceptado una condena negociada, informó Europa Press.

Según especificó el medio Europa Press, la vista realizada este miércoles permitió alcanzar un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, mediante el cual el acusado fue condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 12 millones de euros. La resolución prevé que, en caso de impago de la multa, el condenado sume un año adicional de prisión. Además, se impuso al jefe de la organización y al resto de los implicados el pago solidario de una indemnización de 11.830.600 euros, derivada del delito de contrabando en concurso de leyes con un delito contra la hacienda pública.

El proceso judicial, detalló Europa Press, replica la condena que ya en 2020 aceptaron los otros siete integrantes del grupo, quienes admitieron penas idénticas. Sin embargo, el principal responsable había logrado mantenerse oculto hasta finales del año pasado. La organización criminal, bajo su liderazgo, operaba mediante una estructura catalogada como “estructurada y permanente en el tiempo con ramificaciones internacionales” por el propio fiscal. Las fábricas clandestinas funcionaban en naves industriales situadas en el municipio de Coles (Ourense) y en Oliveira, Ponteareas (Pontevedra), las cuales, según los resultados de la investigación, se adquirieron expresamente para crear un sistema estable destinado a la producción y distribución de grandes volúmenes de cigarrillos ilícitos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la organización empleó a extranjeros en situación irregular, muchos de los cuales ingresaron a España sin conocimiento previo del destino o finalidad de su viaje. Estas personas permanecían retenidas, sin posibilidad de comunicación con el exterior y privadas de sus teléfonos móviles, desempeñando labores en condiciones de explotación. Los propios acusados también participaban en el funcionamiento de las fábricas y supervisaban estrictamente tanto el traslado del material como la vigilancia de los trabajadores forzosos.

El entramado delictivo camuflaba su actividad bajo la apariencia de una empresa de transportes, recurso utilizado para el envío de los cargamentos de cigarrillos ya elaborados hacia destinos en el extranjero. Los investigadores determinaron que los implicados, actuando en grupos coordinados, mantenían operaciones que implicaban la logística interna, la seguridad de la producción, y la exportación de los cigarros ilegales fuera del país.

El abogado defensor argumentó, según Europa Press, que la situación patrimonial del acusado evidencia insolvencia, dato confirmado tras la indagación de bienes realizada este pasado febrero, lo cual añade un elemento relevante al proceso respecto a la eventual ejecución de la multa y las consecuencias de su impago. Por su parte, la Sala judicial quedó a cargo de decidir si suspende la aplicación inmediata de la condena de prisión, atendiendo a los antecedentes y condiciones personales del reo.

Los detalles recogidos en el escrito fiscal subrayan que la organización mantenía una estructura jerarquizada, donde el cabecilla coordinaba de manera conjunta con otros cuatro miembros la introducción, fabricación y posterior distribución de tabaco al margen de la normativa vigente. El funcionamiento de las fábricas clandestinas y la utilización de mano de obra extranjera en situación no regular formaron parte permanente del modus operandi del grupo.

Las indagaciones judiciales y policiales permitieron identificar el método de operación: los involucrados adquirieron primero la nave de Coles en febrero de 2020, paso que coincidió temporalmente con la instalación definitiva del jefe del grupo en Galicia. Posteriormente se replicó el modelo en una segunda nave en Ponteareas, incrementando así la capacidad de producción y la red de distribución.

Europa Press detalló que la coordinación entre la Fiscalía y la defensa en la vista oral permitió resolver el proceso mediante la conformidad, con penas que siguen el precedente ya fijado para los otros miembros de la organización. De acuerdo al tribunal, la discusión sobre la suspensión de la entrada en prisión se resolverá durante la ejecución de la sentencia, considerando tanto la falta de antecedentes del acusado como las circunstancias económicas informadas.

El caso pone de manifiesto el alcance y el funcionamiento de redes de contrabando de tabaco en Galicia, la utilización de maquinaria y naves industriales dedicadas exclusivamente a la actividad ilegal, así como la explotación laboral que caracterizó la fase de producción. Según las estimaciones judiciales recogidas por Europa Press, las pérdidas para la hacienda pública y la magnitud económica de las operaciones superan los 11 millones de euros, cifra que forma la base de la indemnización impuesta a los procesados.

Durante estos años, la investigación se vio marcada por la ausencia prolongada del cabecilla, quien logró eludir a las autoridades hasta finales de 2023, cuando finalmente se produjo su localización y comparecencia ante el tribunal. El procedimiento judicial avanza ahora hacia la fase de ejecución de sentencia, instancia en la que se determinarán los pasos siguientes respecto al posible cumplimiento efectivo o la suspensión de la pena impuesta.