Sara Aagesen, titular del Ministerio para la Transición Energética, sostuvo que gran parte de los proyectos señalados en la causa judicial contra Forestalia están actualmente pendientes por la vía administrativa, lo que implica una suspensión de las autorizaciones hasta que se resuelvan los recursos interpuestos. Así lo manifestó este miércoles durante una comparecencia en Madrid, resaltando que varios expedientes permanecen paralizados en el contexto de la investigación judicial por presuntas irregularidades en la emisión de resoluciones ambientales, según informó la agencia EFE.
La ministra detalló que ha solicitado un análisis exhaustivo dentro de su departamento con el objetivo de esclarecer los procedimientos relacionados con los expedientes en cuestión. “He pedido una información interna para conocer qué está ocurriendo, si están conforme a derecho todos los procedimientos. Para tener internamente una visibilidad de qué ocurrió”, expresó Aagesen en un desayuno informativo organizado por Europa Press, reflejó EFE.
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El procedimiento iniciado en el ministerio ocurre tras la operación Peserte, en la que la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), detuvo a seis personas a principios de mes, en una acción centrada en detectar anomalías en la tramitación de resoluciones para la puesta en marcha de proyectos eólicos y solares gestionados por Forestalia. Entre los arrestados figura Fernando Samper, propietario del grupo empresarial investigado, tal como publicó EFE.
Respecto al funcionario relacionado con la investigación, Aagesen aclaró que dicha persona no figura en la plantilla del ministerio desde hace dos años y que su vínculo laboral con la administración se remonta a 2017. Según la ministra, el exfuncionario tenía el cargo de subdirector y no ostentaba responsabilidades de alto rango dentro de la estructura ministerial; la propia Aagesen remarcó que “a veces es difícil las jerarquías en los ministerios”, citó EFE.
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El medio EFE precisó que la operación Peserte responde a las sospechas de que se habrían producido favores en la resolución de licencias ambientales para beneficiar a Forestalia, cuestión que ha motivado el análisis interno dispuesto por el Ministerio para la Transición Energética. Tal revisión busca verificar si los procedimientos administrativos se ajustaron al marco legal y determinar la existencia o no de posibles irregularidades.
Aagesen insistió en que los proyectos vinculados a la causa penal han quedado suspendidos temporalmente debido a los recursos administrativos presentados, lo que afecta a un número significativo de iniciativas de energía renovable impulsadas por la empresa aragonesa. La suspensión se prolongará hasta que se eleven resoluciones definitivas sobre dichos recursos, subrayó EFE.
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El caso pone en el centro la transparencia en la gestión de licencias medioambientales para iniciativas energéticas, así como la función de control y supervisión que se espera de las instituciones públicas en estos procesos. La operación policial y la posterior actuación administrativa convocada por la ministra buscan clarificar un proceso que, según reclamó Aagesen, debe garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad.
Entre los arrestados, además del exfuncionario del ministerio y del propietario de Forestalia, figuran otros implicados sobre los que la investigación apunta presuntos delitos en la tramitación de expedientes, especialmente relacionados con parques eólicos y plantas solares. EFE reportó que la UCOMA puso en marcha la operación tras detectar indicios relevantes en la documentación recabada.
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El grupo Forestalia, objeto del procedimiento judicial y administrativo, desarrolla numerosos proyectos vinculados a la energía eólica y fotovoltaica en el país. Las licencias y contratos que motivaron la intervención policial y la revisión ministerial forman parte de un sector estratégico para la transición ecológica y la reducción de emisiones, añadió EFE.
La administración, en palabras de Aagesen, continuará con las indagaciones internas paralelamente a los procedimientos judiciales, con la intención de aportar toda la documentación requerida por las autoridades competentes y de verificar que todos los procesos se han ejecutado conforme a la normativa vigente. La ministra reiteró la disposición del ministerio a colaborar con la justicia y a adoptar las medidas necesarias para esclarecer cualquier práctica irregular detectada en el marco de la causa.
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El caso Forestalia ha generado repercusión tanto por el volumen de proyectos afectados como porque pone bajo escrutinio el papel de los funcionarios responsables de validar expedientes medioambientales. El resultado de las pesquisas internas y del desarrollo judicial determinará la viabilidad de los proyectos pendientes y el futuro de los implicados, según resaltó EFE.
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