Los casos de violencia machista colapsan la Justicia castellanomanchega y la presidenta del TSJ pide medidas urgentes

Entre los desafíos que enfrentan los tribunales de Castilla-La Mancha destaca la dificultad para cubrir las bajas de funcionarios en las secciones de Violencia de Género, lo que genera una sobrecarga de trabajo que no siempre se acompaña de compensación económica y convierte estos destinos en opciones poco atractivas para muchos candidatos. Esta situación se traduce en jornadas extendidas y constante presión sobre el personal disponible, según advirtió María Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Tal como detalló Europa Press, la creciente saturación de casos vinculados con agresiones dentro del ámbito doméstico está comprometiendo la capacidad de los juzgados para prestar una protección efectiva y oportuna a las víctimas, ante la escasez de empleados y el ritmo de incorporación de nuevos recursos.

Astray aprovechó la celebración del Día Internacional de la Mujer para solicitar la adopción de medidas urgentes, activas y de carácter material, con el objetivo de convertir en hechos concretos los compromisos institucionales en la lucha contra la violencia machista. La presidenta del tribunal relató que estas peticiones formales para reforzar la plantilla, tramitadas tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial mediante el secretario de Gobierno y los respectivos coordinadores, no han obtenido aún respuesta ni valoración alguna. “El tiempo se nos echa encima, y el problema de la violencia es que cualquier cosa que quede sin atender puede tener una importancia vital”, expresó Astray, mostrando una voluminosa recopilación de incidencias relacionadas con la sección especializada.

El colapso deriva, de acuerdo con información publicada por Europa Press, tanto de la carga de procedimientos penales como civiles asumidos por los jueces de Violencia de Género, quienes emiten resoluciones sobre divorcios y otras cuestiones de protección familiar. El incremento en el número de asuntos lleva a priorizar, durante los turnos de guardia, aquellos casos que revisten mayor urgencia. Sin embargo, este esquema provoca demoras en la práctica de diligencias de prueba, extendiendo la duración de los conflictos y prolongando la incertidumbre de las afectadas.

Entre los factores que inciden en la saturación, la presidenta del TSJ subrayó la necesidad de inmediatez en los procesos y la gestión simultánea de numerosos detenidos, lo cual dificulta el manejo eficiente del elevado volumen de causas. Según publicó Europa Press, Castilla-La Mancha ha recibido recientemente nuevas plazas destinadas a reforzar las secciones de Violencia de Género; a pesar de eso, la responsable del alto tribunal sostiene que las reparticiones judiciales requieren una dotación mayor, ya que la estructura actual de los Tribunales de Instancia demanda más personal, y los equipos llevan años sin experimentar una readecuación acorde al crecimiento del volumen de trabajo.

Con relación a los refuerzos específicos, la ciudad de Ciudad Real posee ahora una plaza adicional en violencia machista, aunque la misma aún no cuenta con personal fijo ni especializado. En Toledo, la creación de una segunda plaza llegó acompañada de un déficit considerable y quedó por debajo de los recursos mínimos necesarios para atender tanto los casos de la capital como los de localidades cercanas de alta incidencia, como Illescas. Astray puntualizó que el esfuerzo realizado por los equipos actuales no resulta suficiente para afrontar la magnitud de los expedientes abiertos ni para responder a las exigencias legales y sociales del entorno.

Europa Press resaltó que casos similares se reproducen en otros partidos judiciales. En Ocaña, la plantilla resulta insuficiente para el volumen de trabajo existente y está estructurada según parámetros de épocas pasadas, impidiendo alcanzar los mínimos requeridos. La situación de Talavera evidencia un servicio de guardia excedido por las denuncias de violencia de género, mientras que en Guadalajara y otras demarcaciones se suma la carencia de salas específicas para la celebración de vistas. Estos problemas afectan la respuesta judicial y merman la efectividad de los servicios de protección.

Además, la cobertura de determinadas plazas se dificulta por el menor nivel de litigiosidad formal detectado en zonas poco pobladas, fenómeno asociado al éxodo demográfico rural, lo que restringe la asignación de nuevos efectivos a localidades pequeñas y refuerza la tendencia a priorizar las grandes urbes en la asignación de recursos. Como remarcó Astray, este desequilibrio provoca que varias plazas imprescindibles para la región no se beneficien de las recientes ampliaciones de plantilla adjudicadas a otras comunidades autónomas.

La saturación llega en un contexto de transición organizativa para la justicia castellanomanchega. Europa Press indicó que los jueces y funcionarios atraviesan un proceso de adaptación asociado a la implementación de los Tribunales de Instancia, que ha traído cambios de tareas, modificación de estructuras de mando y extensión de funciones en sedes como Albacete. Durante las primeras semanas de funcionamiento del nuevo sistema, existieron dificultades de comunicación y organización entre los equipos judiciales. María Pilar Astray manifestó su confianza en que este escenario tienda a estabilizarse progresivamente, aunque consideró que persistirán limitaciones si el punto de partida es una plantilla insuficiente, por más recursos logísticos que se incorporen.

La magistrada sintetizó la urgencia de la situación solicitando al Ministerio de Justicia que escuche la demanda de “medidas de choque por unos cuatro meses” para descongestionar la acumulación de expedientes y restablecer la capacidad de respuesta de los juzgados. Según consignó Europa Press, la presidenta reiteró que el exceso de asuntos pendientes en materia de violencia de género no solo pone en entredicho la eficacia de los compromisos institucionales, sino también la seguridad y el bienestar de quienes acuden al sistema judicial en busca de protección ante situaciones de peligro.