El grupo de expertos del Govern catalán para la financiación se ha reunido al menos 38 veces y se mantendrá

La reforma del modelo de financiación autonómica representa solo una de las cuatro áreas principales que el equipo de expertos designado por el Govern catalán considera fundamentales para establecer una nueva estructura fiscal en Cataluña. El Ejecutivo autonómico mantiene que aún queda trabajo pendiente, especialmente en lo relativo a la gestión plena de los tributos por parte de la hacienda catalana, la ampliación de la capacidad normativa tributaria y el tratamiento de aquellas competencias que no son homogéneas con el resto de las comunidades autónomas. Según detalló Europa Press, el grupo de expertos continuará sus funciones hasta alcanzar la implementación total del sistema diseñado.

El grupo se constituyó el 29 de octubre de 2024 y, desde esa fecha y hasta finales de enero de 2026, ya celebró 38 encuentros para abordar el diseño e implementación del nuevo modelo de financiación. Tal como informó Europa Press, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, comunicó en una respuesta parlamentaria que estas reuniones seguirán produciéndose hasta que concluyan todas las fases del proceso. Esta comisión técnica tiene la finalidad de definir la arquitectura del sistema y proponer cómo Cataluña administrará la totalidad de sus tributos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), un objetivo plasmado en el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC que llevó a Salvador Illa a la presidencia.

La dirección del grupo recae sobre Martí Carnicer, experto en sistemas fiscales federales y exsecretario general de Economía y Finanzas entre los años 2003 y 2010. Completan la comisión Maite Vilalta, Vicent Soler, Àlex Esteller, Marta Espasa, Joan Ramon Rovira y Jesús Ruiz-Huerta. Según consignó Europa Press en la información facilitada por el departamento de Economía y Finanzas, durante 2024 se efectuaron cuatro encuentros iniciales, a los que se suman varias sesiones mensuales en 2025, teniendo picos en septiembre y octubre, y reanudándose a principios de 2026 con dos nuevas reuniones los días 15 y 20 de enero.

El nueve de enero de 2026, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, junto con representantes del Govern y de ERC, presentó un segmento del nuevo modelo de financiación singular. Esta propuesta, que busca reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, todavía necesita la aprobación del Congreso de los Diputados. No existe garantía sobre el éxito de esta tramitación, según publicó Europa Press, y el desarrollo del resto de las áreas definidas por el Govern catalán sigue en suspenso mientras no avance esta primera fase.

El encargo del grupo de expertos forma parte de un pacto alcanzado a principios de la legislatura entre los socialistas y los republicanos, que prioriza que toda la gestión tributaria relevante para Cataluña recaiga en la ATC. En ese acuerdo, firmado para apoyar la investidura de Illa, se dejó establecida una hoja de ruta que incluía la recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF) por la hacienda catalana a lo largo del año 2026. No obstante, el propio Govern postergó este objetivo al menos hasta 2028 debido a la carencia de recursos humanos y tecnológicos en la ATC.

En lo relativo al calendario de implementación, la consellera de Economía y Finanzas aclaró que el programa no presentaba plazos cerrados, si bien los acuerdos políticos iniciales sí fijaban el año 2026 como fecha máxima para que las reformas estuvieran operativas, según consignó Europa Press.

Respecto al análisis de la viabilidad de un concierto económico, la respuesta oficial mantiene que este modelo no formó parte del objeto de estudio del grupo. Romero argumentó ante el Parlamento que el encargo recibido se ciñó estrictamente al contenido pactado entre el PSC y ERC, donde se solicita que el nuevo esquema de financiación aporte al principio de solidaridad de manera clara y transparente. “El acuerdo prevé una aportación a la solidaridad, que debe ser explícita y reflejarse de forma transparente. Este Govern entiende el concierto económico como un modelo que no es solidario y por tanto, no ha sido objeto de estudio”, detalló la consellera en declaraciones recabadas por Europa Press.

A las tareas técnicas desarrolladas por el grupo se suman aspectos relacionados con las retribuciones percibidas por sus integrantes. Según la información parlamentaria proporcionada por Romero y citada por Europa Press, los miembros del comité reciben 500 euros por cada informe presentado, ya sea verbal o escrito, en el marco de una sesión. El presidente del grupo, en este caso Martí Carnicer, obtiene un 20% adicional, sumando 600 euros por informe. No obstante, la propia consellera puntualizó que el acumulado anual de los pagos individuales no puede superar el salario mínimo interprofesional vigente.

Mientras el proceso político y técnico avanza, el Govern insiste en que el trabajo del grupo de expertos continuará abierto hasta completar todas las fases necesarias para lograr que la hacienda catalana pueda alcanzar autonomía plena en lo referente a recaudación, gestión, liquidación e inspección de los tributos generados en Cataluña. Según detalló Europa Press, esta aspiración implica también atender y resolver, en los próximos años, los retos derivados del reparto competencial y las reformas pendientes tanto a nivel autonómico como estatal.