Piden 5 años de cárcel para una pareja por tener una boa, una pitón y una cobra india en su piso de Roquetas (Almería)

El registro efectuado en la vivienda incluyó el hallazgo de un ejemplar de varano salvator de 1,2 metros, este sí portaba microchip y su tenencia era legal, y también se localizaron una culebra real de California y dos tarántulas rosas, según indicó Europa Press. Esta inspección en el domicilio de la pareja investigada en Roquetas de Mar, Almería, fue realizada por agentes del Seprona de la Guardia Civil semanas después de que uno de los implicados requisiera atención médica de urgencia tras sufrir una mordedura de cobra india. La Fiscalía de Almería solicita para los dos acusados penas que suman hasta cinco años de prisión, al haber mantenido reptiles catalogados como peligrosos y cuya posesión está prohibida fuera de instalaciones específicamente autorizadas.

De acuerdo con el expediente provisional de acusación al que accedió Europa Press, el Ministerio Público atribuye a la pareja tres delitos: uno contra la fauna, otro contra los animales domésticos y un tercero contra la seguridad colectiva en grado de consumación. La Fiscalía argumenta que la presencia de estos animales en el apartamento, situado en un bloque residencial, generaba un peligro para la integridad y la vida del resto de los vecinos, especialmente debido a la falta de adecuadas medidas de seguridad.

Según los hechos relatados por Europa Press, la investigación comenzó el 27 de agosto de 2024, fecha en la que uno de los investigados acudió a urgencias de un centro de salud de Roquetas de Mar con una herida provocada por una picadura de cobra india, identificada científicamente como Naja naja. Este ejemplar se encontraba dentro del domicilio familiar en condiciones ilegales, dado que su tenencia, cría y comercio están prohibidos fuera de instalaciones autorizadas por la Junta de Andalucía. Como consecuencia de la mordedura, el paciente fue trasladado al Hospital Universitario Poniente, ingresando en una sala de tratamiento intensivo crítica mientras se solicitaba al zoológico de Castellar de la Frontera, en Cádiz, el antídoto necesario.

Según consignó Europa Press, la estancia hospitalaria del afectado se extendió por 24 horas y el episodio no generó complicaciones graves, pues el reptil no llegó a inocular su veneno. No obstante, el Ministerio Público advierte que la mordedura de esta especie representa un riesgo potencialmente letal “dado que su veneno contiene una poderosa neurotoxina postsináptica”. En la acusación fiscal se subraya que la cobra estaba guardada en un “pequeño terrario no adecuado” y sin los sistemas de seguridad imprescindibles, careciendo de cierres ni dispositivos antifuga, en un piso habitado por más personas.

Con base en la información recopilada durante el registro, los agentes de la Guardia Civil encontraron varios terrarios, entre ellos uno que contenía una pitón birmana albina (Python bivittatis) catalogada como especie vulnerable y sin microchip identificativo, además de una boa imperator (Boa constrictor imperator), también carente de chip. El Ministerio Público sostiene en su acusación que los investigados poseían estos animales “a sabiendas de sus características y de que carecían del marcado, autorizaciones y documentos” que respalden una tenencia excepcional y legal. Según la Fiscalía y Europa Press, los animales intervenidos se remitieron de forma cautelar al Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña y al BBK Fauna de Bizkaya.

Además de los reptiles y arácnidos, la investigación de Europa Press agrega que en el patio de la vivienda residía un perro de raza cane corso, que se encontraba en malas condiciones: no disponía de comida ni agua y presentaba manchas de heces, además de tener las orejas cortadas parcialmente “con ánimo de atentar contra su integridad física”.

Junto a la solicitud de penas de privación de libertad, la Fiscalía de Almería también pide once años de inhabilitación para cualquiera de las profesiones, oficios o comercios relacionados con animales, así como la prohibición de la actividad cinegética o piscícola, y el derecho a tener animales. A estas medidas se suma una multa de diez meses, fijada en 12 euros diarios.

Según detalló Europa Press, la acusación incide en el riesgo social que representaba mantener especies peligrosas sin los permisos y medidas de protección exigidos por la normativa, especialmente en una zona residencial habitada. Los hechos presentados ante el Juzgado reflejan la ausencia de controles, documentación y las condiciones inadecuadas a las que eran sometidos los diferentes animales, incluidos ejemplares considerados vulnerables o cuyo comercio y tenencia están restringidos en la comunidad autónoma.

El procedimiento, según el relato de Europa Press, se encuentra actualmente en fase de instrucción, a la espera de que se fije la fecha para la celebración del juicio oral en el que la pareja se enfrentará a los cargos asociados a delitos contra la fauna, maltrato animal y contra la seguridad colectiva. La evolución judicial del caso queda supeditada a la valoración final por parte de la autoridad competente, después del análisis del material incautado y los informes elaborados por los técnicos de los centros de recuperación y la Guardia Civil.