Secretario de Estado condena la matanza del 3 de marzo del 76, ocurrida con un gobierno "continuista" de Franco

El reconocimiento de la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria-Gasteiz como 'Lugar de Memoria Democrática' representa un paso destinado a preservar el recuerdo de las víctimas de la represión policial del 3 de marzo de 1976. Así lo declaró el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante el acto conmemorativo que tuvo lugar este lunes, según informó el medio. Martínez enfatizó la importancia de esta jornada, vinculándola no solo al homenaje, sino también a la reivindicación de justicia para quienes perdieron la vida o resultaron heridos en esa protesta obrera. El evento coincidió con la proximidad del quincuagésimo aniversario de los hechos, considerados una fecha clave para la memoria colectiva de los habitantes de Vitoria, del País Vasco y del conjunto de España.

Durante la ceremonia, el secretario de Estado reiteró la condena del actual Gobierno español por la matanza ocurrida hace casi medio siglo en la capital alavesa. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Martínez subrayó que aquella jornada marcó un hito fundacional para la democracia española, pues una movilización obrera en defensa de los derechos laborales y de la democracia acabó con cinco muertos y numerosos heridos tras la intervención de la Policía Armada. El acontecimiento se registró bajo un Ejecutivo señaladamente "continuista" del franquismo, específicamente durante el mandato de Carlos Arias Navarro y con Manuel Fraga como ministro de Gobernación.

El medio detalló que el acto de reconocimiento incluyó la participación de otras autoridades, como la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria; y el diputado general de Álava, Ramiro González. Todos ellos insistieron en la necesidad de mantener viva la memoria de estos hechos, alertando sobre la importancia de que "no se vuelvan a producir episodios traumáticos y dramáticos" como los del 3 de marzo de 1976, en cuya consecuencia, según reportó la fuente, hasta el momento ninguna persona ha resultado condenada.

Martínez explicó, de acuerdo con el medio, que el reconocimiento de la iglesia como 'Lugar de la Memoria' busca no solo el recuerdo, sino también la reivindicación del legado de aquellas luchas sindicales y sociales, que según enfatizó, sirvieron como impulso decisivo para la conquista de la democracia en España. El secretario de Estado puntualizó que los acontecimientos de aquel año abrieron el camino para el desplome del Gobierno de Arias Navarro y permitieron la eliminación de obstáculos que entonces dificultaban la transición democrática.

Respecto a las demandas de las víctimas y familiares presentes en el homenaje, quienes pidieron un reconocimiento explícito de la responsabilidad estatal en los hechos, Martínez señaló que "cada palo aguante su vela", señalando que los responsables directos pertenecían a un Gobierno no democrático, y que el actual Ejecutivo asume plenamente el deber de memoria, condena y reconocimiento a todas las víctimas. "Somos un Gobierno democrático y en aquellos momentos muchos estábamos luchando de la misma manera que los trabajadores", sostuvo, subrayando la diferencia entre el contexto actual y el de 1976.

Durante el acto, la consejera de Justicia y Derechos Humanos puso de relieve el perfil de muchos de los trabajadores movilizados, mencionando la presencia significativa de migrantes entre quienes reclamaban mejores condiciones laborales. San José advirtió que en la actualidad se observan nuevas corrientes reaccionarias en el continente europeo que cuestionan la centralidad de lo público y los mecanismos de protección social, y aludió a los retos contemporáneos relacionados con la migración y la inclusión social en Vitoria-Gasteiz.

Por su parte, el diputado general de Álava rememoró la masiva movilización ciudadana registrada el 3 de marzo de hace 50 años, manifestando que el propósito era ganar libertades, derechos laborales y democracia. En palabras de González, "la respuesta del Estado fue desproporcionada, injusta y trágica". Según publicó la fuente, González defendió que recuperar y mantener la memoria histórica no busca reabrir heridas, sino reconocerlas para facilitar su cierre sustentado en verdad y justicia.

El medio señaló que González abogó por la desclasificación total de la documentación oficial relacionada con los hechos del 3 de marzo, argumentando que la transparencia y el libre acceso a los archivos resultan fundamentales para eliminar las zonas de sombra que aún persisten y que mantienen a muchas familias de víctimas en una espera prolongada de respuestas y justicia. El diputado general también hizo un llamamiento a la unidad institucional y social en torno a la memoria democrática, invitando a que el aniversario fomente la colaboración entre diferentes sensibilidades políticas, sindicales y sociales.

En el transcurso de la ceremonia, la alcaldesa Maider Etxebarria destacó que la declaración de la iglesia como 'Lugar de Memoria Democrática' implica un reconocimiento tangible del significado que el 3 de marzo tiene para la ciudad. Para Etxebarria, este templo se ha consolidado en la historia local como símbolo de resistencia ante la dictadura y de dignidad para quienes se enfrentaron a la represión. Según publicó la fuente, Etxebarria explicó que la placa instalada no solo simboliza una declaración, sino que expresa el sentir de toda una ciudad, el respaldo a las víctimas y la defensa de las libertades públicas.

El secretario de Estado insistió, según consignó el medio, en la idea de que el sacrificio del pueblo de Vitoria tuvo un impacto decisivo en la consolidación de la democracia española, subrayando que la matanza del 3 de marzo y las movilizaciones que sucedieron en otras ciudades durante ese año constituyen un legado que debe preservarse tanto desde el ámbito institucional como desde la sociedad civil. Martínez reforzó la idea de que los hechos de 1976 demostraron la capacidad de la ciudadanía para promover transformaciones políticas y sociales de manera colectiva y solidaria.

La jornada motivó reflexiones de las autoridades presentes sobre el valor de la memoria democrática como patrimonio colectivo, y la relevancia de transmitir este legado a las nuevas generaciones, en una perspectiva de respeto a la diversidad política e institucional. Todos coincidieron en reconocer la contribución de las movilizaciones obreras a la consecución de derechos fundamentales y libertades públicas, así como en la importancia de asegurar que los episodios traumáticos de la historia reciente española no sean olvidados ni reducidos a un relato parcial.