Padre del niño de Morón rechaza un homicidio imprudente:"Su madre era consciente, fue intencionado"

El padre del menor que desapareció hace cuatro años en Morón de la Frontera manifestó que lo más doloroso en este proceso sigue siendo la incertidumbre sobre el paradero del cuerpo de su hijo. Según reportó Europa Press, esta declaración se produjo después de la vista preliminar por el caso, en el que la principal acusada es la propia madre del niño. Jesús Fernández Pacheco, representante legal del progenitor y encargado de la acusación particular, sostuvo ante los medios que la acusada actuó con conocimiento pleno de las consecuencias al suspender el tratamiento médico de su hijo antes de la desaparición, lo que a su juicio excluye la posibilidad de que la muerte del menor haya sido consecuencia de un homicidio imprudente.

De acuerdo con Europa Press, durante la jornada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, el letrado Fernández Pacheco explicó que los actos relevantes en la investigación no corresponden únicamente al 12 de septiembre, fecha en la que tuvo lugar la desaparición, sino a las decisiones previas tomadas por la madre. Argumentó que la acusada tenía una “posición garante” por estar a cargo del cuidado del menor y era plenamente consciente de los riesgos al retirar la medicación, descartando así cualquier limitación de su capacidad. La acusación particular centró su posición en que la responsabilidad penal derivaría de un homicidio por comisión por omisión, sosteniendo que existió intención y no una imprudencia.

Tal como publicó Europa Press, la posición de la Fiscalía difiere radicalmente. El Ministerio Público sostiene que la acusada se encontraba en una situación de “enajenación mental” como consecuencia de una enfermedad psíquica. Por este motivo, la Fiscalía solicita para ella la aplicación de una medida de libertad vigilada y tratamiento en un centro psiquiátrico, en lugar de una condena penal ordinaria. Al responder sobre esta calificación, Antonio Barroso, el padre del niño, expresó su desconocimiento previo respecto al posible trastorno mental de la madre, aunque consideró que los indicios apuntan a una “muerte intencionada”.

Según detalló Europa Press, en la presentación de las cuestiones previas durante la vista, la acusación particular insistió en que la retirada deliberada de la medicación por parte de la madre demuestra su capacidad de anticipar el desenlace, por lo que pidió al juez que el caso fuera remitido a la Audiencia Provincial para resolver estas cuestiones en la instancia competente. El letrado de la familia solicitó incluso la nulidad del proceso, argumentando que la gravedad de los hechos exige un análisis más exhaustivo.

Durante la intervención de la defensa, según consignó Europa Press, se aceptó la calificación del Ministerio Fiscal, lo cual podría haber supuesto el fin del procedimiento con la aceptación de las medidas propuestas. Ante esta posibilidad, el Fiscal interrogó si se había recurrido el auto de transformación del proceso a procedimiento abreviado, lo cual fue descartado en la audiencia. Indicó que ese momento habría sido el adecuado para realizar dicha impugnación.

La acusación particular, por su parte, comunicó que en ningún caso considerará conforme una tipificación del delito como homicidio imprudente y que, en caso de mantenerse este enfoque, reclamará la máxima pena prevista, que corresponde a cuatro años de prisión en un supuesto de homicidio imprudente. El juez, tras escuchar a todas las partes, acordó conceder un plazo de diez días para resolver las cuestiones planteadas y determinar si corresponde la celebración de vista oral o si, siguiendo el planteamiento de la acusación particular, el proceso debe retrotraerse hasta el momento de la presentación de escritos provisionales.

El letrado Fernández Pacheco, tras finalizar la audiencia, argumentó en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press que “no ocurre ninguna indefensión” si el caso vuelve al órgano competente y ambas partes sostienen sus posiciones diferenciadas: la defensa del homicidio imprudente, como postula la Fiscalía, y la del homicidio por comisión por omisión, que sostiene la acusación. Recapituló que la calificación de la acusación particular debe figurar en el proceso y que ambas perspectivas pueden y deben defenderse ante la autoridad judicial adecuada.

Europa Press relató que, para el padre del niño, la dimensión del caso sobrepasa lo estrictamente judicial por el sufrimiento que implica la desaparición y el desconocimiento del paradero del menor. Mencionó que la situación resulta especialmente dolorosa por la vulnerabilidad de su hijo, remarcando que el niño era indefenso. La cuestión legal ahora queda a la espera de la decisión del juez, quien deberá pronunciarse sobre la adecuación procesal de las demandas y sobre la continuidad del proceso judicial bajo una u otra calificación penal, conforme a las argumentaciones presentadas en la audiencia preliminar.