
La propuesta legislativa contempla que, tras su entrada en vigor, el Consejo Fiscal disponga de un plazo de tres meses para aprobar una Circular que unifique los criterios de intervención en los casos contemplados, especificando protocolos de coordinación entre las fiscalías territoriales y la Policía Judicial, además de incluir un sistema estadístico destinado al seguimiento de estas actuaciones. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, esta iniciativa impulsada por el Partido Popular busca reforzar la respuesta institucional ante actos de enaltecimiento del terrorismo y la violencia urbana asociada a fines terroristas, como los conocidos 'ongi etorris' —homenajes a condenados por terrorismo— y la 'kale borroka'.
El próximo miércoles, el Senado dará curso al trámite inicial de la proposición de ley gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, paso que permitirá el envío del texto al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación parlamentaria. Según detalló Europa Press, la propuesta introduce un nuevo apartado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece la obligación expresa de actuación de la Fiscalía sin requerir denuncia previa en situaciones de exaltación, justificación del terrorismo o humillación a víctimas, así como en casos de violencia e intimidación en el espacio público que respondan a motivaciones terroristas.
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El texto de la proposición concreta que el Ministerio Fiscal deberá actuar de oficio “en defensa de la legalidad y del interés público cuando concurran conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo, humillación a las víctimas o actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo, así como ante manifestaciones de violencia o intimidación en el espacio público vinculadas a finalidades terroristas, impulsando de manera inmediata las diligencias de investigación y el ejercicio de las acciones correspondientes”.
Europa Press puntualizó que la exposición de motivos de la proposición de ley fundamenta la necesidad de una respuesta institucional firme frente a manifestaciones de apoyo o exaltación a personas condenadas por terrorismo y ante episodios de violencia callejera relacionados con finalidades terroristas. El texto identifica los denominados 'ongi etorris', los homenajes públicos a condenados por terrorismo, y la 'kale borroka' como conductas problemáticas que demandan una intervención automática por parte de la Fiscalía.
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El Partido Popular argumenta que el Código Penal, en sus artículos 571 a 580 bis, sanciona los delitos de terrorismo y, concretamente, el artículo 578 establece la tipificación del enaltecimiento o justificación pública de estos delitos, así como de aquellos actos que impliquen descrédito o humillación de las víctimas. Sin embargo, el partido sostiene —según recogió Europa Press— que en la práctica, si no existe una denuncia o querella previa, no siempre se garantiza una reacción institucional inmediata, lo cual puede generar lo que consideran espacios de impunidad contrarios a la dignidad de las víctimas y los valores propios del Estado de Derecho.
La reforma propuesta incluye también la derogación de cualquier disposición de igual o menor rango que se oponga a este nuevo marco normativo. Europa Press reportó que la finalidad de estas medidas es unificar las actuaciones de la Fiscalía en toda España, establecer procedimientos claros de coordinación con otras instancias judiciales y policiales, y habilitar instrumentos de seguimiento estadístico para hacer un control efectivo de la aplicación de la ley.
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La obligatoriedad de la actuación de oficio de la Fiscalía según plantea la proposición permitiría, según el Partido Popular y de acuerdo con Europa Press, evitar que la intervención frente a homenajes a terroristas condenados o actos violentos vinculados al terrorismo dependa de la presencia de una denuncia particular, fomentando así una protección más rápida y efectiva de las víctimas y del orden democrático.
El Pleno del Senado procederá a la aprobación de esta toma en consideración, abriendo así el proceso legislativo que continuará en el Congreso de los Diputados, donde la iniciativa tendrá que atravesar nuevas etapas antes de su eventual entrada en vigor. La proposición también contempla un refuerzo de los canales de colaboración y comunicación entre la Fiscalía y los diferentes cuerpos de la Policía Judicial mediante la citada Circular, que deberá ser redactada y aprobada por el Consejo Fiscal en el plazo máximo de tres meses tras la promulgación del texto.
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El medio Europa Press también expresó que mediante este mecanismo, el Partido Popular persigue impedir cualquier forma de impunidad asociada con actos públicos de homenaje o exculpación a condenados por terrorismo, consolidando una respuesta institucional inmediata y coordinada mediante la actuación de oficio de la Fiscalía y la articulación de directrices y protocolos claros para todo el territorio nacional.
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