Montero niega que se reuniera con Zapatero para el rescate de la aerolínea Plus Ultra ante las acusaciones del PP

El diputado del Partido Popular, Elías Bendodo, cuestionó en el Congreso a María Jesús Montero sobre si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ejerció presiones directas durante el proceso en el que se concedió una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra en la pandemia. Según publicó el medio original, Montero negó la existencia de reuniones o cualquier tipo de contacto con el expresidente acerca del rescate a la aerolínea venezolana. La ministra respondió de forma escueta y clara: "No".

El asunto resurgió en el contexto de la sesión de control al Gobierno, momento en el que las formaciones opositoras volvieron a centrar su atención en la ayuda concedida a Plus Ultra. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, el diputado Bendodo acusó abiertamente al ex jefe del Ejecutivo de actuar como el “verdadero ministro de Exteriores” del Gobierno de Pedro Sánchez y de intervenir en la toma de decisiones sobre el rescate público a la compañía aérea. Bendodo también se refirió a Zapatero como “comisionista del chavismo” y señaló directamente a Montero como la responsable última de autorizar la operación desde su posición en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Según el relato publicado, las acusaciones del Partido Popular dieron pie a la pregunta directa sobre si existieron “presiones insoportables” por parte del expresidente, en referencia tanto a Zapatero como a supuestas gestiones de su entorno en beneficio de la empresa Plus Ultra. Durante el intercambio, Montero rechazó de plano cualquier implicación de Zapatero, reafirmando que no mantuvo conversación ni encuentro alguno con él vinculados al proceso de ayuda a la aerolínea.

El debate se intensificó tras conocerse, según recopiló el medio, diversas informaciones periodísticas que vincularon a Zapatero con un supuesto cobro cercano al medio millón de euros de manos de Julio Martínez, asesor de Plus Ultra y persona cercana al exmandatario. Estas informaciones incrementaron el escrutinio sobre cómo se procedió en la adjudicación del apoyo financiero en pleno contexto de crisis sanitaria.

La ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la SEPI a Plus Ultra fue presentada originalmente como parte de las medidas urgentes activadas para sostener empresas afectadas por el impacto económico derivado de la pandemia. La vicepresidenta y ministra, según la versión recogida por el medio, insistió en que la decisión se adoptó respetando los procedimientos internos y bajo los criterios establecidos para la concesión de fondos a compañías consideradas estratégicas por el Gobierno.

En el transcurso del debate parlamentario, Bendodo intentó trasladar el foco al escenario político andaluz, aludiendo a las próximas elecciones y sugiriendo que la posición de Montero como candidata no contaba con credibilidad entre el electorado. En palabras de Bendodo, «‘No’ es lo que le van a decir a usted los andaluces dentro de poco, señora Montero», en clara referencia a la cita electoral.

Según detalló la fuente original, la ministra respondió reiterando la negativa y sin aportar valoraciones adicionales sobre las acusaciones ni sobre la gestión de Zapatero en este contexto. La intervención obtuvo una respuesta entrecruzada en la bancada socialista y popular, en un intercambio donde también se repasaron antecedentes y vínculos entre el expresidente y Plus Ultra, apoyados en las informaciones previamente publicadas en la prensa.

El caso Plus Ultra se mantuvo durante meses en el centro del debate político y mediático debido al perfil de los inversores de la aerolínea y al montante de la ayuda aprobada. Reportes previos mencionados por el medio subrayan la naturaleza de los lazos personales y profesionales entre Zapatero y los asesores de la aerolínea, que formaron parte recurrente de las críticas lanzadas por la oposición.

El proceso, de acuerdo a la información difundida, motivó diversas investigaciones periodísticas y políticas sobre el procedimiento seguido por la SEPI y la intervención de figuras del entorno socialista. Tanto desde el Ejecutivo como desde la Sociedad Española de Participaciones Industriales se defendió en varias ocasiones la legalidad y justificación de la ayuda, frente a las dudas y reproches presentados por partidos de la oposición.

El debate parlamentario expuso nuevamente las tensiones alrededor de las responsabilidades políticas y las posibles influencias internas en torno a la gestión de fondos públicos durante la situación excepcional generada por la pandemia, según lo documentado por la fuente citada. Ni la ministra Montero ni el expresidente Zapatero respondieron públicamente a las nuevas informaciones sobre los pagos investigados, manteniéndose la postura oficial centrada en la negación de cualquier relación personal o intervención relevante fuera del marco administrativo.