Mandos "católicos" y "sin afinidad política" para apaciguar a los militares, que seguían soliviantados tras el 23F

La preocupación por el riesgo de atentados y el ambiente tenso en los acuartelamientos militares persistió meses después del 23F, como refleja una de las comunicaciones recientemente desclasificadas. El jefe del Estado Mayor del Ejército, José Faura, advirtió en febrero de 1982 sobre el empeoramiento del clima dentro de los cuarteles coincidiendo con la celebración del juicio a los responsables del intento de golpe de Estado. En dicho mensaje, dirigido a una autoridad identificada como Emilio —posiblemente Emilio Alonso Manglano, ex director del CESID, según consignó el medio— Faura sugería “hacer algo para disiparlo o, por lo menos, contenerlo”. Admitía que se estaba juzgando a militares por “un acto de indisciplina”, exhortaba al respeto total por la Justicia y la aceptación de su veredicto, y resaltaba la necesidad de reforzar las medidas de seguridad ante la posibilidad de un atentado con objetivos similares a los de quienes instigaron el golpe, según publicó el medio. Además, Faura advertía sobre intentos de manipulación a las Fuerzas Armadas por parte de sectores sociales con fines no declarados, por lo que pedía máxima atención y un comportamiento guiado por el bien del país.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior y recogida en el informe secreto "Índices de subversión en las Fuerzas Armadas", la estrategia para apaciguar el malestar militar tras el intento fallido de golpe de Estado en 1981 giró en torno a la designación de mandos con características muy concretas. El medio detalló que los responsables políticos observaron una marcada inquietud entre los altos mandos, identificando, además, actitudes interpretadas como "subversivas". Para reducir el descontento, los documentos recogían la necesidad de elegir líderes que fuesen “católicos con evidencias” y “sin afinidades políticas”, cualidades elaboradas para garantizar confianza interna en el estamento militar y recomponer la moral afectada.

El informe, al que tuvo acceso el medio, subraya que el Ejército mantuvo una postura favorable ante la instauración de la Monarquía, considerada una de las aspiraciones del dictador Francisco Franco. Esta aceptación facilitó un periodo de lealtad mayoritaria hacia el rey Juan Carlos I, afirmando que su actuación al inicio del reinado contribuyó a cimentar esa fidelidad. Sin embargo, la documentación clasificada hasta ahora por el Ministerio del Interior identifica una sucesión de factores que alteraron esta percepción, entre ellos el descrédito hacia los líderes políticos, el cuestionamiento de valores morales, la inseguridad ciudadana, la amenaza del terrorismo y la crisis económica, así como la intensificación de los movimientos separatistas. Todas estas circunstancias provocaron que los mandos militares incrementaran sus niveles de desconfianza en el Gobierno de entonces.

Según mencionó el medio, los archivos señalan el año 1980 como un punto de inflexión, al considerar que marcó la transición entre la confianza en el sistema instaurado tras la dictadura y la entrada en una etapa de recelo. El Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, formado tras el fracaso del golpe, se percibía por parte de los militares como un periodo de escrutinio constante respecto a su fidelidad a la cadena de mando institucional. Durante este intervalo, comenzó a consolidarse la percepción de que alcanzar posiciones de liderazgo militar obedecía cada vez más a habilidades políticas y no tanto a méritos o capacidades estrictamente militares. El medio reportó que emergieron comportamientos tales como la aparición de objeciones administrativas, manifestaciones de oposición y todo tipo de iniciativas dirigidas a mostrar resistencia a las órdenes, elementos que para las autoridades representaban signos externos de las llamadas "fuerzas inmovilistas".

En los documentos, el Ministerio del Interior expresa abiertamente el temor a que la figura del rey Juan Carlos I sufriera un deterioro tanto en su imagen personal como profesional, especialmente en aquellos espacios situados en la frontera del mando directo sobre las Fuerzas Armadas. Para evitar que el monarca quedara asociado con el control operativo permanente de los militares, se ideó la propuesta de nombrar a un grupo reducido de jefes "de prestigio, capaces de ser aceptados desde el propio Ejército, al margen de la opinión que merezcan en el ámbito civil", según las precisiones recogidas por el medio. Las cualidades para estos mandos no se limitaban a una ideología o práctica religiosa específica; también debían acumular experiencia operativa, poseer condecoraciones reconocidas dentro del ámbito militar, demostrar destrezas en el trato con la prensa y mantener vínculos personales y familiares con sectores civiles.

El propósito final delineado en el informe consistía en reforzar la idea de que el Ejército, siendo absolutamente leal al rey, respetaba la Constitución y continuaba subordinado al Gobierno, lo que implicaba revalorar el concepto de mando profesional en detrimento de la percepción de control permanente por parte del monarca.

El medio también recogió el contenido de otros documentos relevantes, entre ellos uno remitido por Sabino Fernández Campos, ex jefe de la Casa del Rey, al director del CESID. En ese texto se adjuntaba el guion utilizado como base de la reunión celebrada el 14 de diciembre de 1981 entre el rey Juan Carlos I, el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, el entonces ministro de Defensa Alberto Oliart y la Junta de Jefes de Estado Mayor. El documento confirmaba la conciencia, compartida tanto entre militares como civiles, de la trascendencia del 23 de febrero para la vida del país y de la relevancia de la organización militar.

De acuerdo con el medio, el rey Juan Carlos I expuso en ese encuentro que, aunque se había progresado por el camino democrático, España no se consideraba todavía “un país totalmente estable”, apuntando a la persistencia de dificultades para lograr que el funcionamiento de todas las instituciones y estamentos públicos transcurriese dentro de parámetros de normalidad completa. El monarca remarcó que la situación del estamento militar después del conocido “manifiesto de los 100” —el texto donde un centenar de mandos denunciaba supuestas campañas mediáticas negativas contra los procesados del golpe— resultaba “delicada” y requería atención específica. Así lo consignó la fuente original.

Durante esa reunión, Juan Carlos I manifestó preocupación respecto al papel de los medios de comunicación, afirmando que operaban como caja de resonancia de las intenciones desestabilizadoras y que alimentaban el malestar militar. Propuso que, si los medios, amparados por el régimen de libertades, encontraban difícil contener los excesos informativos, los poderes públicos debían responder con rapidez y determinación para proteger a las Fuerzas Armadas frente a este fenómeno.

Según reportó el medio, la publicación y desclasificación de estos archivos permiten profundizar en la complejidad del periodo posterior al 23F, evidenciando una serie de estrategias oficiales que buscaron restaurar el clima de confianza y reducir los riesgos de desestabilización institucional mediante nombramientos cuidadosamente planeados. El análisis de esos documentos indica que los intentos por contener el malestar se materializaron en veinte propuestas que incluían medidas de seguridad adicionales, exigencias estrictas de neutralidad ideológica y requisitos precisos sobre el perfil de los nuevos mandos, con el objetivo de facilitar una transición hacia la normalidad en las relaciones entre el Gobierno, el Rey y las Fuerzas Armadas.