
El agente policial implicado enfrenta una petición fiscal de 15 años de cárcel, así como extensas medidas de alejamiento e indemnización económica, tras una acusación de agresión sexual ocurrida la madrugada del 27 de noviembre de 2022. Según detalló la Fiscalía y reportó el medio, los hechos han tenido especial impacto en la salud mental de la denunciante, quien requiere actualmente tratamiento psiquiátrico. El caso se analiza en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, luego de que la acusación formal incluyese el agravamiento del daño psíquico atribuido al episodio.
Tal como informó el medio, el policía local de Vigo sostiene que la relación sexual se produjo de mutuo acuerdo. Su testimonio ante el tribunal apunta a que la joven le manifestó tener 19 años y lo besó en la boca, aclarando que la consideraba hermana de un amigo y que solía llevarla a casa tras salidas nocturnas. La noche de los hechos, el acusado narra que la joven primero se negó a irse con él, pero después lo llamó en varias ocasiones y finalmente se dirigió a su vehículo. El ahora procesado relata que, tras despedir a dos amigas que los acompañaban, quedó a solas con la joven, quien, según él, se insinuó varias veces antes de acceder ambos a mantener relaciones sexuales en el aparcamiento del parque de Castrelos. De acuerdo con su versión, las prácticas incluyeron sexo oral, vaginal y anal, y la joven se encontraba en todo momento consciente, tranquila y participativa. Además, afirmó que en ningún momento ella pidió poner fin al encuentro.
Posteriormente, asegura que intercambiaron mensajes vía WhatsApp, donde la denunciante le confesó que no sabía beber y afirmó estar bien, mientras él le pidió disculpas. Según el policía, ambos acordaron la posibilidad de repetir la cita, aunque poco después ella le comunicó su decisión de no hacerlo.
El relato de la madre de la joven aportó un enfoque distinto ante el tribunal, luego de su intervención tras la declaración a puerta cerrada de la presunta víctima. Explicó que la madrugada de los hechos intentó localizar a su hija, sin éxito, hasta que recibió una llamada de la misma, informándole que regresaba a casa en el coche de un conocido de la familia, el agente acusado. Según el medio, tras regresar del trabajo, la madre recibió la confesión de su hija respecto a una supuesta violación, que atribuyó al procesado después de varias horas. Además, la madre mencionó las secuelas psicológicas que experimenta su hija desde entonces, incluida la imposibilidad de salir de casa sin acompañamiento y la necesidad de tratamiento por el daño sufrido.
Según publicó el medio, el testimonio de una amiga que estuvo con la joven esa noche describió que ambas tomaron algunas copas pero de forma moderada. Dijo desconocer si la denunciante había consumido su medicación para la depresión esa noche, aunque no notó comportamientos anómalos. Esta testigo indicó que llevó a su amiga hasta donde estaba el acusado, acompañado por otras dos mujeres, antes de irse por su cuenta a casa. Al día siguiente, la joven le pidió que la visitara y allí le compartió el relato completo de lo ocurrido.
La Fiscalía, de acuerdo con la información difundida por el medio, sostiene una versión que difiere fundamentalmente de la presentada por el acusado. Según el escrito de acusación, mientras regresaban a casa y tras dejar a otras dos chicas, la joven comenzó a sentirse indispuesta y perdió el conocimiento "por razones no aclaradas". El agente aprovechó esa circunstancia para trasladarla a una zona oscura y apartada, donde la habría agredido sexualmente. La joven refirió haber despertado por un intenso dolor anal y haber pedido al acusado que se detuviera, solicitud que, según el escrito, fue desoída. Al llegar a su domicilio y recuperarse parcialmente, la denunciante contactó a familiares y amigos, quienes la llevaron al hospital. Allí, los sanitarios detectaron pequeñas lesiones en la zona anal y en la región lumbar.
Entre las consecuencias psíquicas que reportó la Fiscalía se encuentra el desarrollo de un estado de ansiedad y depresión aguda, que agravó un trastorno mental previo y motivó la necesidad de un seguimiento psiquiátrico. Por estos hechos, la fiscalía solicita, además de la pena privativa de libertad de 15 años, una década de libertad vigilada, veinte años de inhabilitación profesional para empleos con menores, una orden de alejamiento de la víctima y prohibición de comunicación por un periodo de veinticinco años, así como una indemnización de 37.600 euros.
El medio consignó también antecedentes del acusado, quien ya había sido condenado a seis meses de prisión y debía pagar una multa de 2.880 euros, después de comprobarse que vulneró la orden de alejamiento relacionada con la misma denunciante. De acuerdo con la sentencia de un juzgado de lo Penal de Vigo, el agente se aproximó a la joven en su coche, a corta distancia, e hizo un gesto simulando dispararle con una pistola. Además, el procesado compareció en un juicio celebrado a comienzos de 2025 junto con otro agente, tras ser acusados ambos de detener a una mujer que los grabó y de ocultarle el teléfono móvil, un proceso que concluyó con la absolución después de que la Fiscalía retiró la acusación.
Durante la primera jornada del juicio oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Pontevedra, las declaraciones de las partes evidenciaron versiones contrapuestas respecto al consentimiento y el desarrollo de los hechos denunciados. El tribunal analizará en las próximas sesiones los testimonios y pruebas médicas, en un proceso seguido de cerca tanto por los abogados de ambas partes como por la opinión pública, a la espera del fallo judicial.
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