La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha inhabilitado durante seis años a una médica por acceder sin autorización a la historia clínica de una compañera, con la que mantenía una mala relación, utilizando su tarjeta profesional y claves de acceso. Además, el tribunal le impone una multa de 5.400 euros y el pago de una indemnización a la víctima de 6.000 euros por los daños causados. Los magistrados también la condenan a tres años y medio de cárcel, si bien explican en la resolución que en trámite de ejecución se propondrá el indulto parcial de la pena de prisión.

La causa se remonta a marzo de 2020, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña abrió diligencias tras una denuncia relacionada con el acceso indebido a datos médicos protegidos. La investigación se inició a raíz de la sospecha de que una facultativa del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña había consultado sin autorización la historia clínica de una compañera de profesión, también médica, con la que mantenía una “mala relación”. El procedimiento, tramitado inicialmente como diligencias previas, fue transformado en procedimiento abreviado en enero de 2023, lo que permitió dar paso a la fase intermedia y, finalmente, a la apertura de juicio oral en mayo de ese mismo año.

Según el relato que fue tomando forma a lo largo de la instrucción, los hechos se habrían producido en dos momentos concretos, los días 5 de octubre de 2015 y 7 de marzo de 2016. En ambas fechas, la acusada, valiéndose de su condición de personal sanitario y del acceso privilegiado que le otorgaba su tarjeta profesional y sus credenciales personales, habría entrado en el sistema informático IANUS, la plataforma que gestiona las historias clínicas electrónicas del Servicio Galego de Saúde.

La consulta se habría realizado sin motivo asistencial, ya que la denunciante no era su paciente, y sin su consentimiento, con el objetivo de conocer detalles sobre su estado de salud y, en particular, las causas de un proceso de incapacidad temporal.

La huella digital

Los registros informáticos, gestionados por la Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxía da Información de la Consellería de Sanidade, dejaron constancia precisa de esos accesos, con indicación del usuario, la fecha y la hora. Esta huella digital se convirtió en una de las piezas clave del procedimiento, al permitir reconstruir con exactitud el itinerario de las consultas realizadas y acreditar que se había accedido no solo a la pantalla inicial de la historia clínica, donde ya se muestran datos sensibles, sino también a apartados específicos como las analíticas de laboratorio.

La denunciante, que durante ese periodo se encontraba de baja laboral por un cuadro de estrés y bajo tratamiento farmacológico, manifestó haber sufrido una profunda angustia al conocer la intromisión en su esfera más íntima. La relación personal y profesional entre ambas, marcada por conflictos previos y un ambiente laboral tenso, fue otro de los elementos que contextualizaron los hechos. De acuerdo con su testimonio, la sospecha de que su historial había sido consultado sin autorización la llevó a acudir a la Inspección, lo que desencadenó las pesquisas internas y, posteriormente, la intervención policial.

La investigación policial, desarrollada en colaboración con los responsables técnicos del sistema sanitario, permitió esclarecer el funcionamiento de las medidas de seguridad del sistema IANUS y descartar, según la tesis finalmente acogida por la Sala, la hipótesis de un acceso accidental o atribuible a terceros. Tras una prolongada instrucción y diversos trámites procesales, la causa llegó a la Audiencia Provincial de A Coruña.

Durante el juicio, celebrado en sesión pública, se practicaron todas las pruebas propuestas por las partes, incluidas las declaraciones de los responsables técnicos, de testigos presenciales y de las propias implicadas. El Ministerio Fiscal solicitó la absolución al considerar que no se había acreditado suficientemente el delito, mientras que la acusación particular mantuvo su petición de condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Audiencia Provincial ha acabado condenando a la médica.