El Gobierno aprueba hoy la desclasificación de documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica"

Entre los materiales que serán liberados figura el sumario íntegro del juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, custodiado hasta ahora en el Tribunal Supremo y compuesto por 89 legajos, donde se incluyen tanto grabaciones originales como declaraciones de los implicados. Esta revelación coincide con el 45º aniversario de la asonada liderada por Antonio Tejero y marca un momento significativo en la disponibilidad pública de documentación inédita sobre aquel acontecimiento. El Ejecutivo ha confirmado que, a partir del miércoles 25, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, estos documentos pasarán a estar disponibles para cualquier ciudadano interesado a través de la página web oficial de Moncloa.

Según detalló el medio El País, la decisión de desclasificar este conjunto de archivos fue adoptada en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó la medida en un mensaje en la red social X, señalando que “la memoria no puede estar bajo llave” y que el objetivo principal es saldar una “deuda histórica con la ciudadanía”. Sánchez argumentó que “las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre” y agradeció públicamente a quienes contribuyeron al camino de la transición. El Gobierno reforzará la información sobre esta desclasificación en la rueda de prensa habitual que ofrecerá la ministra portavoz, Elma Saiz.

Además del sumario judicial, los materiales que se harán públicos incluyen archivos de los Servicios de Inteligencia, entonces denominados CESID —hoy CNI—, que acogen documentos internos y transcripciones de grabaciones efectuadas la noche de la asonada militar, clasificados en su día con el rango de “alto secreto”. Igualmente se incorporan a la desclasificación las comunicaciones de la Casa Real, la Moncloa y los informes internos de movilización originados por diferentes regiones militares, según informaron fuentes gubernamentales consultadas por El País.

La iniciativa surge en un contexto de renovación legislativa. El Gobierno impulsó en 2025 un nuevo proyecto de Ley de Información Clasificada, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, cuyo propósito es sustituir la legislación franquista de secretos oficiales. Como detalló El País, se prevé que los documentos catalogados como “alto secreto” se desclasifiquen automáticamente al cumplir 45 años; los “secretos”, a los 35 años; la información “confidencial”, entre 7 y 9 años, y la información “restringida”, entre 4 y 6 años.

En redes sociales se amplificó la atención sobre la medida tras el mensaje de Sánchez, que acompañó la noticia con una grabación de la intervención del escritor Javier Cercas en el Parlamento —autor del libro ‘Anatomía de un instante’ sobre el 23-F—, en la que solicitó que se desclasificara toda la información posible sobre el golpe. Cercas afirmó que “siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el 23 F” y pidió al Ejecutivo que levantara el secreto sobre los documentos relacionados. “No cambiará nada la interpretación del golpe de Estado porque la verdad la sabemos, y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras”, añadió el escritor, según recogió El País.

El anuncio gubernamental generó reacciones diversas en el espectro político. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, manifestó dudas sobre si los documentos aportarán información desconocida y deslizó que lo que más necesita España es “explicaciones sobre el presente”. De modo similar, Santiago Abascal, líder de Vox, instó a Sánchez a mostrar también “los negocios de alterne” que, según él, han financiado la carrera política del presidente, reportó El País.

En contraste, la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, valoró positivamente la desclasificación, aunque declaró que resulta “insuficiente” y defendió la importancia de aprobar la nueva legislación sobre información clasificada. Una posición semejante expresó el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien consideró que la iniciativa representa una buena noticia, aunque insistió en la necesidad de derogar la “infame ley de secretos oficiales del franquismo de 1968”. Desde Podemos también se reclamó la finalización del proceso legislativo.

Sectores nacionalistas y fuerzas como Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco introdujeron críticas adicionales. Elisenda Alamany, secretaria general de ERC, opinó que la medida actuaba como una “cortina de humo” ante la falta de liderazgo político del Ejecutivo. Tanto Bildu como el PNV conminaron a Sánchez a extender la desclasificación a otros archivos oficiales relacionados con episodios anteriores como el “caso Zabalza” o los crímenes del GAL, recordando que aún permanecen bajo secreto.

Tal como informó El País, la decisión constituye uno de los movimientos institucionales más significativos desde la transición democrática en relación a la transparencia sobre la etapa del 23-F. La publicación de estos materiales podrá ofrecer a la ciudadanía, al ámbito académico y a los investigadores acceso a documentación inédita, en respuesta a una demanda sostenida durante décadas por sectores sociales, intelectuales y políticos. Entre los documentos liberados se encontrarán grabaciones originales, testimonios de los encausados y correspondencia clave entre instituciones que hasta ahora solo eran accesibles para personal autorizado.

La publicación simultánea en el Boletín Oficial del Estado y la web oficial de Moncloa busca garantizar una amplia transparencia. Según fuentes del Gobierno citadas por El País, la labor de organización y digitalización de los archivos ha requerido una revisión minuciosa para respetar los plazos legales y la protección de datos personales. El acceso generalizado a esta información permitirá un examen más detallado de las circunstancias, los actores y las repercusiones del intento de golpe de Estado que marcó la vida política de España en la transición.

El proceso de desclasificación también forma parte de un debate más amplio sobre la gestión de los secretos oficiales y la relación de la sociedad contemporánea con su patrimonio documental. Como recordó El País, la actual legislación española en esta materia sigue en vigor desde la dictadura, y la reforma pendiente en el Congreso pretende establecer nuevas reglas, plazos automáticos de desclasificación y mecanismos de revisión que respondan tanto a la demanda social de transparencia como a las necesidades de seguridad nacional.

Los próximos días se espera que la portavoz del Gobierno y otros organismos oficiales amplíen la información sobre las condiciones y el alcance de esta apertura histórica de archivos, así como sobre los procedimientos de consulta para la ciudadanía.