El Ministerio Fiscal del Principado de Asturias incluyó en su escrito de conclusiones provisionales la solicitud de inhabilitación para cazar durante un periodo de cuatro años, además de una indemnización al Principado correspondiente al valor económico del oso pardo afectado, junto con los intereses legales. Según informó la Fiscalía, estas medidas forman parte de la acusación formal contra un hombre sospechoso de haber utilizado métodos cinegéticos prohibidos dentro del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en el año 2024. La principal noticia es que el acusado enfrenta una petición de dos años de prisión, la máxima sanción contemplada por el Código Penal en este tipo de delitos, tras atribuirse la muerte de un oso pardo macho mediante un lazo de acero.
Tal como publicó la Fiscalía, la acusación sostiene que el hombre investigado, nacido en 1967, habría colocado cinco lazos de acero, un método de captura no selectivo y prohibido, en una zona de montaña entre las localidades de Villarmeirín-Ibias y Villardecendias. El hallazgo del oso pardo atrapado y muerto en uno de esos lazos ocurrió el 8 de julio de 2024. Los hechos se enmarcan en el interior del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, un espacio que cuenta con declaración de protección especial desde la aprobación de la Ley 12/2002, de 13 de diciembre.
De acuerdo con la información facilitada por la Fiscalía, la muerte del ejemplar afecta directamente a la especie Ursus arctos, que figura tanto en el Anexo V de la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre) como en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, dentro del Catálogo español de especies amenazadas, con la categoría de “en peligro de extinción”. Esta clasificación impone a las autoridades la obligación de adoptar medidas de protección estricta, lo que también se traduce en la severidad de las penas solicitadas al acusado.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1 de Cangas del Narcea, detallando que la colocación de lazos de acero constituye un método no selectivo de caza, prohibido expresamente en España para cualquier actividad cinegética, al presentar un alto riesgo tanto para especies protegidas como para el equilibrio ecológico de los espacios naturales. Según reportó la Fiscalía, este tipo de dispositivos no solo atrapan a presas buscadas, sino también a animales cuya caza está estrictamente vedada por la normativa vigente.
El medio detalla que, en aplicación de la responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que, además de la pena privativa de libertad e inhabilitación, el acusado deba indemnizar a la administración autonómica en la cuantía que se determine posteriormente respecto al valor del oso pardo fallecido.
La especie Ursus arctos presenta en la península ibérica una de sus poblaciones más vulnerables y su recuperación es objeto de diversos programas de conservación. Agencias gubernamentales y organizaciones conservacionistas colaboran en el seguimiento y la protección de estos animales, en contextos donde la pérdida de ejemplares representa un retroceso para las políticas de biodiversidad y la supervivencia de la especie, detalló la Fiscalía en su informe.
El emplear trampas ilegales, como los lazos de acero detectados por las autoridades en la zona protegida, constituye una infracción grave contra la legislación en materia de fauna silvestre y conservación del medio ambiente, recordaron fuentes judiciales citadas por la Fiscalía. Las penas solicitadas buscan sancionar al responsable de los hechos y servir como advertencia sobre las consecuencias legales que conlleva la utilización de métodos de captura no autorizados, especialmente en espacios naturales con protección reforzada.
La investigación se centra en los eventos ocurridos antes del 8 de julio de 2024, momento en que un ejemplar macho de oso pardo apareció muerto como resultado directo de las trampas instaladas. Las zonas de Villarmeirín-Ibias y Villardecendias, involucradas en la causa, se encuentran dentro de los límites del parque declarado protegido a nivel regional, lo cual refuerza el marco sancionador aplicable, señaló la Fiscalía.
En suma, la actuación del Ministerio Fiscal pone de relieve la relevancia que otorga la administración de justicia a la defensa de las especies en peligro y de los espacios naturales. La finalidad de la acusación y de las medidas solicitadas es disuadir cualquier conducta que vulnere la legislación en materia de biodiversidad, reiteró la Fiscalía.
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