Landaluce celebra el auto de un juzgado contra Alvise para eliminar mensajes difundidos en Telegram contra él

El curso de las acciones legales emprendidas por José Ignacio Landaluce alcanza un nuevo episodio con la continuidad de demandas contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, luego de que el alcalde le advirtiera que rectificara unas declaraciones realizadas en su contra durante un mitin, según detalló Europa Press. Landaluce se refirió también a la estrategia judicial que ha impulsado tras los acontecimientos recientes que involucran al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, y enfatizó su determinación de resarcir el daño a su honor.

Según informó Europa Press, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 ordenó la supresión de los mensajes difundidos en Telegram que hacían referencia a supuestos abusos sexuales atribuidos a Landaluce. Estos mensajes, publicados por Luis 'Alvise' Pérez, incluían amenazas de hacer públicos los supuestos hechos si el regidor no presentaba su dimisión. La resolución judicial estimó parcialmente la solicitud de medidas cautelares presentadas por el abogado de Landaluce y ordenó la eliminación inmediata de las publicaciones y la cesación provisional de la emisión, reproducción o divulgación de nuevos contenidos similares en la red social Telegram.

La petición de medidas cautelares elevada por Landaluce incluía también una cuantía económica de 300 euros para la adopción de las mismas, propuesta que el juzgado no aceptó, según consignó Europa Press. No obstante, sí se incidió en la necesidad de poner fin a la difusión de mensajes que pudiesen afectar el honor del alcalde, especialmente en lo relativo al caso mencionado.

El alcalde de Algeciras, durante su comparecencia ante los medios, manifestó que este auto judicial representa una señal clara de que “no vale todo y la difamación no puede convertirse en arma política”. Landaluce interpretó el litigio como parte de una campaña dirigida a desprestigiar su imagen pública y sostuvo que la denuncia en su contra fue obra del Partido Socialista, “sin una base sólida”, como expuso ante los periodistas, y que resultó archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La denuncia archivada el pasado 15 de enero por el Tribunal Supremo incluía acusaciones de supuesta malversación, tráfico de influencias y abuso o acoso sexual. Dicha denuncia había sido presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, según publicó Europa Press. Tras conocerse este proceso judicial, Landaluce notificó en fechas recientes su baja del Partido Popular a fin de evitar que la imagen del grupo político se viera afectada. A pesar de las reiteradas peticiones de renuncia por parte de la oposición, el regidor ha mantenido su escaño como concejal no adscrito, aunque ha contado con el respaldo de concejales de su anterior formación dentro del ayuntamiento.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Landaluce explicó que considera la situación como parte de “una campaña perfectamente orquestada para dañar mi imagen”. Atribuyó los recientes sucesos a un intento de la oposición por obtener el “sillón de alcalde” sin un compromiso con el trabajo, sino por el interés en el poder. El alcalde insistió en la necesidad de proteger la reputación y el honor de figuras públicas, y subrayó que “no se puede destruir la reputación desde el acoso político”.

Las demandas contra la ministra María Jesús Montero se mantienen en trámite, y tienen su origen en unas intervenciones públicas donde la titular de Hacienda se refirió a Landaluce como “un alcalde condenado”. Europa Press precisó que, aunque Landaluce abandonó la militancia formal en el Partido Popular, sigue contando con el respaldo político necesario para dirigir el consistorio local.

La decisión judicial que ahora obliga a Luis 'Alvise' Pérez a retirar los mensajes se suma a la secuencia de controversias que ha rodeado la figura de Landaluce desde el inicio de las denuncias y las campañas difundidas en plataformas digitales. El auto del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 concluyó que el derecho al honor debía primar en esta disputa al ordenarse la eliminación de los contenidos cuestionados y la prohibición de divulgar material similar en el futuro próximo.

El conflicto pone en primer plano el debate sobre el uso de redes sociales como Telegram en la difusión de acusaciones graves y la repercusión que estos mensajes pueden tener en el honor y la reputación de cargos públicos. Según recogió Europa Press, la resolución del tribunal establece un límite a los mensajes que puedan ser considerados difamatorios en el contexto político y mediático local, manteniendo en vigilancia el equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

Landaluce, en sus declaraciones ante los medios, reiteró: “Lo digo con claridad porque me voy a defender, no me voy a callar, y voy a seguir trabajando por Algeciras”. De acuerdo con Europa Press, el alcalde continúa adelante con su estrategia jurídica, enfrentando tanto las acciones que se generan desde entornos políticos rivales como aquellas que involucran a representantes de partidos y agentes vinculados a plataformas de comunicación digital.