El Partido Popular (PP) ha dirigido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la renuncia de José Ángel González como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, proceso que se produce en medio de una investigación judicial por una denuncia de presunta agresión sexual presentada por una subordinada. Según publicó Europa Press, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado a González para que declare en calidad de querellado, después de que la denunciante lo señalara no solo por ese presunto delito, sino también por coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, este último agravado por abuso de superioridad.
De acuerdo con la información recogida por Europa Press y difundida en las últimas horas, el Ministerio del Interior confirmó la dimisión de González como máximo responsable operativo de la Policía Nacional, poco después de la apertura de diligencias sobre el caso. Según denunció públicamente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno habría sido conocedor de los hechos con anterioridad a la renuncia del mando policial. En su perfil en la red social X (anteriormente Twitter), Feijóo atribuyó al Ejecutivo haber “sabido, tapado y protegido” la presunta conducta del ahora exDAO y expresó que si González ocupaba su puesto “como mínimo, desde hace un mes” tras la comisión de los hechos, la renuncia solo respondería a la filtración pública del caso.
En el mensaje divulgado y reproducido por el medio Europa Press, Feijóo insistió en que la destitución de González solo se habría producido al hacerse pública la denuncia, y no por los hechos en sí mismos. Además, el líder del PP cuestionó los nombramientos en la Policía Nacional por parte del Gobierno y vinculó este caso con el de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, quien fue condenado por revelación de secretos. “Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos", dijo Feijóo, llamando a “liberar al país de personas como estas” y señalando directamente al presidente Pedro Sánchez como responsable de los nombramientos.
Las exigencias de aclaraciones al Ejecutivo no se limitaron a Feijóo. Según informó Europa Press, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también planteó públicamente si el Gobierno nombró a “un presunto violador” al frente del mando operativo de la Policía Nacional y cuestionó si la ratificación de González en el cargo, a través del segundo real decreto de ayudas a la DANA aprobado en noviembre de 2024, podría haber tenido relación con la permanencia de González. Muñoz recordó que el propio partido había advertido en su momento sobre el riesgo de mantener a González en el puesto.
Por su parte, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, según reportó Europa Press, solicitó explicaciones urgentes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De los Santos calificó los hechos atribuibles al hasta ahora DAO como “imperdonables” e “inaceptables”, y expresó su preocupación ante la gravedad de que un alto mando policial, presuntamente, hubiera llamado a una subordinada a su vivienda oficial para abusar de ella, según la versión difundida por los medios. “Queremos que el ministro arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España”, subrayó De los Santos, citado por Europa Press.
La presión política intensificó el debate en torno a la gestión interna del Ministerio del Interior y sobre las garantías de prevención, control y respuesta frente a denuncias de abusos dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según consignan las mismas fuentes, la renuncia de González y la apertura de diligencias forman parte de un contexto en el que la oposición reclama una mayor transparencia sobre los procesos de nombramiento y supervisión del personal de máxima responsabilidad en la policía, así como sobre la actuación gubernamental frente a denuncias de esta índole.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid instruye la causa sobre la base de una querella que pide la investigación por parte de la justicia de presuntos delitos de agresión sexual, coerción, daños psicológicos y malversación de fondos públicos, implicando un posible abuso de autoridad debido a la jerarquía entre la denunciante y el ex DAO. Europa Press señaló que la reacción del Gobierno ha consistido hasta el momento en aceptar la dimisión del mando policial.
El caso ha generado una cadena de demandas de explicaciones tanto al ministro Grande-Marlaska como a Pedro Sánchez y su equipo, según los comunicados de los representantes del PP recogidos por Europa Press. Estos representantes subrayan la necesidad de esclarecer cuándo se tuvo conocimiento de la denuncia y qué medidas concretas adoptaron tanto el Ministerio como el Ejecutivo para evitar que se prolongara la situación.
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