El despacho clave del 'caso Montoro' tilda de "extravagante" y "desproporcionado" el último informe de Hacienda

La solicitud presentada por la Agencia Tributaria para acceder a doce años completos de información bancaria del bufete Equipo Económico ha generado un fuerte rechazo por parte del despacho, cuya defensa calificó la petición como "extravagante" y "desproporcionada". De acuerdo con Europa Press, la representación legal sostuvo que dicha investigación resulta "irracional" por abarcar transacciones realizadas hasta dieciocho años atrás, periodo que califican como carente de conexión directa con los hechos bajo investigación en el denominado 'caso Montoro'.

Según publicó Europa Press, el bufete Equipo Económico, considerado el núcleo de la supuesta red de beneficios fiscales a favor de empresas, especialmente del sector gasista, planteó su desacuerdo en un escrito dirigido tanto a la autoridad judicial como a la Agencia Tributaria. La defensa argumentó que los informes policiales ubican el inicio de la relación investigada entre empresas energéticas y el despacho en el último trimestre de 2013, por lo que juzga injustificado indagar en registros bancarios previos a esa fecha. El comunicado plantea la pregunta de si "puede cabalmente considerarse adecuado y proporcionado investigar operaciones bancarias realizadas cinco años antes de esa fecha". También añade: "Si el delito se comete en 2014, fecha de los primeros pagos de las empresas gasísticas a cambio, supuestamente, de conseguir la reforma normativa deseada, ¿cómo puede considerarse necesario investigar las operaciones bancarias de los casi seis años anteriores a esos hechos?"

El medio Europa Press detalló que el despacho considera que la investigación promovida por la Agencia Tributaria forma parte de una "indagación prospectiva" que, según la defensa, se sostiene "auspiciada por la Fiscalía y con la anuencia del instructor". La representación de Equipo Económico expresó que tales solicitudes de información, lejos de aportar claridad, contribuyen a volver "ingobernable" la causa, extendiendo la duración y complejidad del procedimiento sin aportar, a juicio del bufete, nuevos indicios relevantes. El escrito dirigido al juez y recogido por Europa Press sostiene que "en esa indagación prospectiva que se viene haciendo, se interesan cosas absurdas que lejos de servir para ayudar a la investigación pretenden hacer de ésta algo ingobernable".

En el marco de esta causa, la Agencia Tributaria expuso en un informe al que accedió Europa Press que detectó pagos de 991.613 euros provenientes de empresas gasísticas a favor de Equipo Económico. El informe también precisó el hallazgo de más de 150 cheques con un origen no identificado, cantidades que superan los 2 millones de euros y que circularon por las cuentas del despacho. La Agencia Tributaria detalló que el importe total transferido por las empresas gasísticas al bufete entre los años 2011 y 2019 ascendería a 846.413 euros. Sin embargo, con la inclusión de otro pago en investigación, el total de ingresos por parte de las gasistas podría alcanzar los 991.613 euros.

Europa Press informó que, entre 2008 y 2013, Equipo Económico recibió depósitos por un total de 35,5 millones de euros a través de más de 2.100 operaciones. En estas transacciones figuran empresas gasistas señaladas en la investigación así como otros pagadores cuya identidad, según el informe, permanece desconocida. A raíz de estos hallazgos, la Agencia Tributaria expresó la "necesidad de ampliar la información facilitada" con el objetivo de lograr la identificación clara de todos los pagadores vinculados a las cuentas del despacho.

La defensa de Equipo Económico subrayó en su escrito que la instrucción ha transcurrido durante ocho años, tiempo en el que, señalan, ha predominado un “peloteo continuo entre Mossos d'Esquadra y Unidad de Apoyo a la Fiscalía”. Según consignó Europa Press, el bufete interpreta este procedimiento como parte de un “juego perverso” cuyo propósito principal sería mantener activa una investigación sin "mínimo soporte indiciario" respecto de los hechos supuestamente delictivos bajo examen. El despacho insiste en que la extensión de los requerimientos y el enfoque exploratorio de las acciones de las autoridades solo han contribuido a perpetuar una investigación sin base probatoria suficiente.

Dentro de este contexto, el debate jurídico se centra en los criterios de proporcionalidad y pertinencia de las pesquisas. Por un lado, la Agencia Tributaria alega que el análisis de toda la información bancaria disponible es fundamental para identificar el flujo de fondos y esclarecer el origen de ciertos ingresos y operaciones ligadas al despacho, especialmente ante la existencia de pagadores hasta ahora desconocidos. Por otro, la defensa mantiene que la extensión del periodo requerido excede los márgenes necesarios y razona que los hechos supuestamente ilícitos que dieron origen a la causa se situarían en 2014, según los pagos detectados y los informes policiales.

Según detalló Europa Press, la controversia ha vuelto a poner el foco en la delimitación temporal y material de las investigaciones sobre delitos económicos y fiscales, así como en el papel de los distintos organismos que participan en las indagaciones. Equipo Económico afirma que la amplitud de los requerimientos responde a una estrategia de investigación exploratoria, mientras que la Agencia Tributaria sostiene la importancia de rastrear el historial bancario para el completo esclarecimiento de los hechos investigados.

El expediente del llamado 'caso Montoro', en el que se examina la posible existencia de favores fiscales concedidos a empresas relevantes del sector energético durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, continúa su curso, mientras la defensa del bufete solicita acotar el periodo auditado únicamente a los años en los que, según los informes policiales y los pagos identificados, se habrían producido los hechos objeto de investigación. Europa Press recogió que los diversos pronunciamientos en torno a la pertinencia de tales pesquisas marcan el ritmo de un proceso en el que tanto la justificación de la amplitud de las investigaciones como la exigencia de garantías y derechos de los investigados siguen constituyendo el eje central del debate judicial.

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