La AN y Justicia acuerdan mantener a 14 funcionarios en sus puestos como refuerzo y para dar continuidad en las causas

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, hizo énfasis en su solicitud de incrementar el número de magistrados, especificando la necesidad de dos jueces adicionales para el área de Instrucción y cuatro más para la Sala de lo Penal, cargos que aún no cuentan con aprobación definitiva. Esta demanda se enmarca en la preocupación manifestada por varios Juzgados Centrales acerca de la sobrecarga de trabajo y el riesgo de retrasos en la tramitación de expedientes, asunto que llevó a adoptar nuevas medidas organizativas. La principal noticia radica en el acuerdo entre la Audiencia Nacional y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que catorce funcionarios permanezcan en sus puestos como medida de refuerzo y continúen con la gestión de las causas más complejas.

De acuerdo con la información difundida por la Audiencia Nacional este martes, se decidió mantener a estos catorce funcionarios para garantizar la continuidad en procedimientos considerados de alta complejidad. Esta medida responde a una advertencia planteada desde varias instancias de los Juzgados Centrales de Instrucción, donde se alertó que la “falta de personal” podría acarrear demoras en el funcionamiento judicial, teniendo en cuenta que el órgano aborda numerosos macroprocesos que requieren una atención constante y sostenida, publicó la Audiencia Nacional.

Tal como informó el organismo, el acuerdo busca asegurar una transición estructurada dentro del proceso de estabilización de las plazas, el cual recientemente provocó la salida de un número apreciable de funcionarios tanto en los Juzgados Centrales de Instrucción como en la Sala de lo Penal. El objetivo principal es minimizar los efectos que estos cambios de personal pudieran tener sobre la tramitación de las causas abiertas, especialmente aquellas que presentan mayor complejidad jurídica y administrativa.

Según consignó la Audiencia Nacional, el presidente Juan Manuel Fernández transmitió un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos y los profesionales que se ven afectados por las posibles consecuencias de una paralización en la gestión de expedientes. Fernández aseguró el compromiso del tribunal con el mantenimiento de una justicia “ágil y de calidad” e indicó que, para ello, se solicitaron diversas medidas de refuerzo, entre las cuales destaca la permanencia de los catorce funcionarios que ya están activos tras la aprobación por parte del Ministerio de Justicia.

El medio oficial de la Audiencia Nacional detalló que la preocupación por la sobrecarga y los posibles retrasos llevó a solicitar refuerzos puntuales, con el propósito de impedir que los casos más complejos se resintieran por la falta de continuidad en el personal. Estas medidas están destinadas a mantener la estabilidad en la resolución de expedientes voluminosos o de larga duración, habituales en la labor que desempeñan los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal.

El presidente Fernández insistió en la importancia de fortalecer la estructura judicial y destacó que “el Estado de derecho debe descansar sobre una Justicia que, además de independiente, ha de ser pronta y de calidad”, comprometiendo a todo el personal del órgano judicial a garantizar estos principios. Igualmente, Fernández reiteró la solicitud de aumentar el número de magistrados, propuesta que actualmente aguarda la aprobación definitiva por parte de las autoridades competentes.

El acuerdo entre la Audiencia Nacional y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes responde así a un doble objetivo: reforzar los recursos humanos implicados en la tramitación de expedientes complejos y asegurar una transición administrativa ordenada mientras se avanza en la estabilización de las plazas, proceso que generó la reciente movilidad de funcionarios y generó preocupación sobre la capacidad del tribunal para mantener el ritmo en la tramitación de los macroprocesos en curso.

La decisión, según resumen los portavoces de la Audiencia Nacional, representa un instrumento para evitar interrupciones en la administración judicial y preservar la calidad del servicio, mientras sigue abierta la petición de más recursos para enfrentar el volumen de trabajo que caracteriza a este órgano en el ámbito penal.