PP acusa al Gobierno de "esconderse" de la delegación de la Eurocámara para no responder de sus casos de corrupción

Las reuniones mantenidas este lunes entre la delegación de eurodiputados y diferentes colectivos judiciales, civiles y de comunicación en España resultaron satisfactorias y productivas según Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Sin embargo, la visita de la misión encargada de analizar la legislación anticorrupción y el Estado de Derecho en España ha estado marcada por la ausencia de encuentros con miembros del Gobierno español, lo que ha generado críticas de representantes de la oposición, especialmente del Partido Popular.

De acuerdo con el medio El Confidencial, la misión europea, integrada por cinco eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, tiene el encargo de evaluar la situación de la legislación anticorrupción en España y otros temas relacionados con el Estado de Derecho. El propósito es sintetizar sus hallazgos en un informe, como parte del mandato que les otorga el Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales de la Eurocámara.

Según publicó El Confidencial, la portavoz del PP, Carmen Fúnez, reprochó públicamente la decisión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de no reunirse con la referida comisión, calificándola como una "descortesía absoluta". Fúnez argumentó que este gesto no solo responde a motivos protocolarios, sino que constituye una declaración política en un contexto donde el Gobierno español enfrenta una serie de casos de presunta corrupción. En sus palabras, "el Gobierno se esconde para no dar respuesta a la cantidad de casos de corrupción que acosan en este momento al Gobierno de España".

El Confidencial amplió que Fúnez citó la reciente posición de España en el índice de percepción de la corrupción, situándose en el puesto 49, y comparó la visita de la delegación europea a España con anteriores desplazamientos similares a Hungría y Eslovaquia, países sometidos a mayor escrutinio por parte de la Unión Europea en cuestiones de democracia y Estado de Derecho. "Creo que esto nos debería hacer también reflexionar sobre cuál es la situación en la que se encuentra el Estado de Derecho, la separación de poderes y el sometimiento del poder a las leyes en nuestro país", afirmó la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.

Durante el encuentro con medios en la sede del Partido Popular, Fúnez aludió también a informaciones divulgadas por El Confidencial acerca de Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, citando la existencia de una estructura societaria gestionada mediante testaferros con el fin de eludir obligaciones fiscales. Esta presunta trama tendría presencia en Reino Unido y Costa Rica y, según el medio, estaría concebida para ocultar la identidad del dirigente socialista.

Las críticas al Ejecutivo español fueron reforzadas por Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, quien tachó la actitud del Gobierno como "descortés y antidemocrática", achacando la negativa a reunirse con la misión europea al temor de que se indague sobre delitos que pudieran afectar a miembros cercanos al entorno de Pedro Sánchez. Álvarez de Toledo hizo referencia a diferentes figuras del círculo socialista, entre ellos Ábalos, Cerdán, el hermano de Sánchez y Borja Cabezón, reiterando la acusación de opacidad y falta de responsabilidad por parte del Ejecutivo. Dentro de sus declaraciones, señaló que "no son manzanas podridas, lo podrido es el dueño del cesto", en alusión al secretario general del PSOE, y acusó al presidente de experimentar "auténtico pánico" ante una potencial investigación sobre la corrupción en su entorno más próximo.

El medio también recogió las declaraciones de la eurodiputada holandesa Raquel García, presidenta de la misión, quien declinó avanzar el contenido de las reuniones mantenidas en España, solicitando cautela hasta la publicación del informe final que está previsto para el mes posterior a la finalización de la visita. Entre los integrantes de la delegación parlamentaria europea se encuentran además Alessandro Zana, Assita Kanko y Jorge Buxadé.

Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, lamentó la ausencia de encuentros entre la misión y responsables clave del Gobierno de Pedro Sánchez, como el propio presidente, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños o el titular de Interior Fernando Grande-Marlaska. Zarzalejos precisó que la solicitud de reuniones con estas autoridades fue consensuada entre todos los grupos políticos representados en la Eurocámara. Según destacó el eurodiputado, la negativa no impedirá la elaboración del informe, valorando positivamente, en cualquier caso, las conversaciones mantenidas con asociaciones judiciales, fiscales, organizaciones civiles, la fundación Mujeres, la fundación Pedro Zerolo y la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles.

Durante la rueda de prensa, se abordaron además cuestiones como el futuro de la central nuclear de Almaraz si se mantiene la intención gubernamental de desmantelarla. Fúnez subrayó que la visita de la Eurocámara se centró también en "revisar deficiencias en el Estado de Derecho" y en el posible impacto de decisiones políticas, como la referida al cierre de instalaciones energéticas.

Siguiendo con la coyuntura política, Álvarez de Toledo recordó que en días recientes el presidente Sánchez solicitó a la Unión Europea un "rearme moral". La portavoz popular consideró contradictorio este mensaje, citando diversas polémicas en torno al entorno personal y familiar del presidente y asuntos que, a su juicio, comprometen la integridad política del Ejecutivo.

Según la información de El Confidencial, la delegación europea deberá presentar el texto definitivo de sus conclusiones en el plazo de un mes. La misión, prevista anteriormente exclusivamente para países sometidos a exámenes extraordinarios en el ámbito comunitario, como Hungría y Eslovaquia, ha puesto el foco en el caso español por el contexto actual, que diversos portavoces de la oposición consideran preocupante por la percepción de degradación de la democracia y los retrocesos en la garantía de derechos y el control institucional.

El seguimiento informativo de la visita y las conclusiones del informe de la misión europea permanecerán en el centro del debate político, tanto por las implicaciones directas en materia de transparencia y lucha anticorrupción como por el impacto en la imagen internacional de las instituciones españolas, tal como detalló El Confidencial.