El Supremo urge al Gobierno a liquidar cuanto antes el rescate de las autopistas que quebraron en la crisis

Las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, adjudicadas en 1999 a un grupo formado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC para operar durante cinco décadas, enfrentan desde 2012 un complejo proceso tras su entrada en concurso de acreedores. Uno de los aspectos destacados según Europa Press es que entidades como TDA, Bothar y Kommunalkredit adquirieron la deuda con el objetivo de acceder a futuras compensaciones por parte del Estado español. A raíz de este contexto, el Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno calcular de forma definitiva y efectuar el pago completo de la deuda pendiente con la concesionaria responsable, con el objetivo de poner fin a la dilatación del rescate de estas infraestructuras.

El Tribunal Supremo dictó el 28 de enero de 2026 una sentencia, consultada por Europa Press, en la que declaró nula la última cifra determinada por el Ejecutivo para el rescate de las autopistas R-3 y R-5. En esa resolución se fijó un pago de 570 millones de euros a la concesionaria, cantidad que ya representaba un notable incremento respecto a la valoración anterior —un aumento de 451 millones de euros—. Dicho ajuste resultó de la aplicación de sentencias previas del Supremo que invalidaron la fórmula inicial por considerar que no respetaba la legalidad vigente. Sin embargo, el nuevo fallo judicial no se centra tanto en la cuantía económica, sino en la exigencia de que el Gobierno resuelva con carácter definitivo y sin más dilaciones el proceso indemnizatorio, abonando sin demora la totalidad de lo adeudado.

Según publicó Europa Press, el Ejecutivo aprobó en 2019 un plan para organizar el pago de las indemnizaciones a todas las empresas concesionarias de autopistas que sufrieron quiebras durante la crisis financiera de 2008. El proyecto establecía la obligación de emitir una resolución inicial por cada autopista, posteriormente una resolución complementaria y, finalmente, una resolución definitiva, normalmente dejando un plazo máximo de seis meses entre cada etapa. El medio ha consignado que, pese a llevar en vigor casi siete años, sólo una de las nueve autopistas afectadas ha superado todas estas fases y recibido un cierre formal de su expediente.

El objetivo principal de la sentencia más reciente del Supremo es impedir nuevas demoras y que se sucedan resoluciones que no cierren el proceso de manera concluyente. Según remarca Europa Press, este fallo busca contribuir a la regularización de unas indemnizaciones pendientes ya durante casi una década, desde que el Estado asumió la titularidad de las autopistas por el colapso financiero de las concesionarias.

De acuerdo con los datos aportados por Europa Press, el coste provisional asumido por el Estado por el rescate de las nueve autopistas asciende a 1.684 millones de euros. El desglose de los pagos hasta el momento incluye 134 millones de euros para la R-4, 319 para la A-36, 41 millones para la A-41, 278 millones para la AP-7 Cartagena-Vera, 307 millones para la AP-7 Alicante y 46 millones para la M-12. En el caso de la R-2, el coste provisional es de cero euros, según los registros del medio. La mayoría de las autopistas siguen a la espera de que se dicte la resolución definitiva, por lo que el monto final probablemente superará el pagado hasta la fecha.

El impacto económico de estas sentencias es considerable, no solo en cuanto a los recursos públicos movilizados sino también por las repercusiones en la planificación y gestión de futuras infraestructuras concesionadas en régimen público-privado. El precedente señala la importancia de la seguridad jurídica en los procesos de rescate y la necesidad de establecer mecanismos ágiles y eficientes para la resolución de conflictos derivados de la quiebra de grandes infraestructuras. Según reportó Europa Press, la gestión de la deuda y la sucesiva intervención de vehículos de inversión y fondos internacionales complejizaron el proceso, haciendo necesarios varios pronunciamientos judiciales con el objetivo de clarificar las compensaciones a abonar.

El caso de las radiales R-3 y R-5 ilustra la magnitud de los desafíos administrativos y judiciales para el Estado desde el momento en que asumió la titularidad de las infraestructuras tras la insolvencia de las concesionarias. El hecho de que la sentencia del Supremo insista en la obligación de emitir una resolución definitiva y abonar el importe completo a la concesionaria afectada, según detalló Europa Press, pone de relieve la urgencia por cerrar un proceso que ha acarreado significativos costes y que afecta tanto a las empresas implicadas como a las finanzas públicas.

Las continuas anulaciones de cálculos oficiales y la exigencia de nuevos procedimientos han generado retrasos que el Supremo pretende atajar con su decisión judicial. De acuerdo con la información de Europa Press, la intención es evitar que se sucedan más resoluciones intermedias y establecer ya una cantidad definitiva que permita liquidar la deuda y dar por concluida la intervención estatal en estos activos. El medio subraya que, aunque una única autopista de los nueve casos ha completado todas las fases del proceso, la nueva sentencia podría agilizar las compensaciones pendientes para el resto de concesionarias afectadas.

Las resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo en este caso representan un episodio significativo dentro del largo proceso de rescate y compensación por la crisis de las concesionarias de autopistas surgida a raíz del desplome financiero de hace más de una década. La instrucción judicial y el seguimiento informativo de medios como Europa Press siguen marcando el pulso a un proceso que continúa abierto en varias autopistas, mientras las empresas e instituciones afectadas permanecen a la expectativa de la resolución definitiva y del pago de las cantidades que el Estado aún les debe.