La defensa de Koldo solicita someterle al polígrafo y el Supremo rechaza su petición de apartar al tribunal

La defensa de Koldo García centró parte de su estrategia en la vista preliminar del proceso en solicitar que se le someta a la prueba del polígrafo antes del juicio oral, al tiempo que insistió en pedir el traslado de la causa a la Audiencia Nacional, donde actualmente se investiga a otras personas por los mismos hechos. El objetivo de la petición es que tanto la competencia como las garantías procesales sean revisadas antes de que comience el juicio en el Tribunal Supremo. Según informó el medio, la defensa sostuvo que, de prosperar el traslado del caso, el juicio no tendría lugar de inmediato y que eso implicaría la excarcelación de Koldo García al desaparecer el riesgo de fuga.

De acuerdo con los detalles publicados, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, presentó ante la Sala de lo Penal del Supremo un paquete de solicitudes que incluyó no solo la prueba del polígrafo, sino también un careo entre su representado y el empresario Víctor de Aldama, otro de los acusados. El medio detalló que la defensa pretende así robustecer la posición de su cliente frente a las acusaciones de presunta corrupción en la contratación pública de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

Tal como publicó la agencia, De la Hoz también intentó apartar del tribunal que juzgará el caso a varios magistrados: Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala; Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Julián Sánchez Melgar. Su argumentación se basó particularmente en el hecho de que Sánchez Melgar ejerció previamente como fiscal general del Estado a propuesta del Partido Popular, formación que actúa en el proceso como acusación popular. La defensa alegó que esa circunstancia supone afinidad manifiesta con una de las partes. En el caso de los otros magistrados, la abogada esgrimió que ya habían adoptado resoluciones en fases anteriores del procedimiento. El tribunal, no obstante, rechazó de plano la recusación por considerarla extemporánea, al señalar que hacía más de un año que todas las partes conocían la composición de la sala y que el plazo legal para dichas impugnaciones había expirado.

La petición de la defensa de apartar a los magistrados tuvo el apoyo del representante legal del exministro José Luis Ábalos, también acusado en la causa, mientras que la Fiscalía, las acusaciones populares encabezadas por el PP y la defensa del empresario Aldama se opusieron. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, argumentó que las reclamaciones eran fuera de plazo y que no existía causa legal para la recusación, según explicó el medio. Luzón añadió que la composición de la sala era conocida con suficiente antelación.

La Fiscalía Anticorrupción también solicitó que se ofrezca a las empresas públicas Ineco y Tragsatec la oportunidad de ejercer acciones legales, al considerar que podrían haber resultado perjudicadas por las contrataciones atribuidas a mujeres vinculadas a Ábalos, detalló el medio. El Ministerio Público pide que ambas entidades puedan intervenir en el procedimiento, ya sea sumándose a los autos de acusación populares o directamente a los del fiscal, para reclamar indemnizaciones por los daños presuntamente ocasionados.

La defensa insistió en su petición para que la causa pase a la Audiencia Nacional arguyendo que Koldo García enfrenta por esos hechos otros procedimientos ante ese tribunal, y que juzgar estos mismos hechos en el Supremo viola su derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley. Este razonamiento fue expuesto como cuestión previa que, en caso de aceptarse, anularía el inminente inicio del juicio en el Supremo y alteraría el régimen de prisión preventiva de Koldo. Además, De la Hoz reclamó la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que el acusado vería vulnerados sus derechos en caso de ser juzgado por el Supremo, ya que una eventual condena carecería de posibilidad de revisión por una instancia superior, a diferencia de las garantías procesales que sí amparan a otros acusados con causas en la Audiencia Nacional.

La letrada mencionó que también representa a la expareja y al hermano de Koldo, quienes figuran como investigados en la Audiencia Nacional y, por esa razón, podrían recurrir una hipotética condena, a diferencia de Koldo si es procesado por el Supremo. En su intervención, advirtió de su posibilidad de presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional y criticó que la instrucción no haya devuelto los dispositivos electrónicos decomisados a Koldo, lo que denunció como una nulidad procesal.

Por otra parte, la abogada denunció que se ha producido falta de defensa por la separación de los hechos en diferentes causas, señalando que su cliente no ha tenido acceso a información incorporada en la investigación seguida en la Audiencia Nacional, sobre hechos similares a los que se abordan en el Supremo, como refirió el medio.

Entre las solicitudes de la defensa, figura además que el juicio se realice ante un jurado popular, dada la tipificación de los delitos. Dicha opción fue solicitada también por la defensa de Ábalos y previamente descartada por el tribunal.

Tanto Koldo García como José Luis Ábalos permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre. Ambos asisten al proceso de manera presencial, aunque sus defensores asumen la argumentación. Sus equipos legales mantienen la solicitud de libertad provisional y la reivindicación de su inocencia.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para el exministro Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para el empresario Aldama, penalización que se explica por el reconocimiento parcial de hechos por parte de este último. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman 30 años de prisión para Ábalos y García y se suman al criterio fiscal para Aldama, según informó el medio.

La audiencia preliminar en la que se presentaron estas cuestiones tiene respaldo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y contempla la preceptiva intervención de los acusados y de sus abogados defensores. El procedimiento, según explicó la fuente, implica revisar cuestiones previas a la celebración del juicio oral y decidir sobre la pertinencia de pruebas y eventuales nulidades, antes de que el tribunal entre a valorar el fondo del caso.