Levantan el secreto de sumario de una pieza separada de la investigación al presidente de Sidenor por vender a Israel

El juez Francisco de Jorge Mesas, del Tribunal Central de Instancia, ha dispuesto el levantamiento total del secreto de sumario en una pieza separada del procedimiento por presunto contrabando y complicidad en delitos de lesa humanidad relacionados con las operaciones de venta de acero a Israel. Esta decisión se produce tras la diligencia de entrada y registro por parte de la Policía Nacional en la sede de Sidenor, ubicada en Basauri (Bizkaia), acción dirigida a recopilar documentación vinculada a las transacciones con la empresa armamentística Israel Military Industries (IMSI), según informó el medio que detalla los avances judiciales.

El auto, fechado este miércoles, señala que el secreto de sumario había sido impuesto el 8 de enero de 2026 en el marco de las diligencias previas 51/2025. Esta medida había sido prorrogada el 6 de febrero antes de que, finalizadas las actuaciones policiales en la empresa, el juez procediera a su levantamiento, permitiendo así a las partes acceder íntegramente a los documentos incorporados al procedimiento. De acuerdo con la resolución judicial, cabe interponer recurso de reforma en un plazo de tres días desde su notificación. El medio destaca que la resolución llega apenas un día después de la intervención policial en la sede central de la siderúrgica, donde, tras varias horas, los agentes recabaron información indispensable para el avance de la investigación.

El caso se originó tras una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, lo que llevó a abrir diligencias para esclarecer si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos, incurrieron en delitos relacionados con el suministro presuntamente no autorizado de acero a un fabricante de armamento israelí. Según publicó el medio, la investigación se centra en operaciones realizadas sin solicitar el permiso gubernamental ni registrar las ventas según los requisitos del marco legal, hechos que constan en un oficio de la Comisaría General de Información fechado el 10 de septiembre del año anterior.

Las acusaciones apuestan por que los responsables de Sidenor conocían el destino y uso final del acero exportado, destinado a la fabricación de armamento pesado y ligero por parte de IMSI. Según informó el medio, la autoridad judicial atribuye a los investigados el “pleno conocimiento” de la naturaleza de su cliente israelí y el posible uso bélico de los productos exportados, de acuerdo con los datos recogidos en la causa.

Frente a las imputaciones, tanto el presidente Jainaga como los otros dos directivos comparecieron ante el juez el 12 de noviembre en calidad de investigados. Durante sus declaraciones, según consignó el medio, Jainaga mantuvo que Sidenor “no había cometido irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel” y defendió que los materiales exportados no estaban incluidos en el listado de productos sujetos a control especial por parte de la administración. A raíz de la comparecencia, la investigación se ha mantenido activa, en búsqueda de aclarar si efectivamente se produjo contrabando y colaboración en crímenes internacionales.

De acuerdo con el medio, el episodio del registro policial fue respondido por la propia Sidenor mediante un comunicado en el que manifestó su voluntad de cooperación total con las autoridades, afirmando que facilitaría cualquier dato requerido en el marco de la investigación. La empresa remarcó que la información sobre sus operaciones se entregaría con absoluta transparencia y diligencia a los agentes personados en la sede.

La investigación sigue abierta sobre la base de la posible participación de los directivos tanto en hechos de contrabando, por ventas que se habrían realizado sin autorización gubernamental, como en presunta complicidad en delitos de lesa humanidad, dada la finalidad del material exportado. El procedimiento judicial y la revelación de la documentación buscan establecer con precisión el circuito de autorizaciones, el registro de exportaciones y la responsabilidad de los implicados.

El medio añade que las piezas documentales a las que a partir de ahora tendrán acceso las partes resultarán decisivas para fundamentar los avances procesales, tanto para la defensa como para la acusación. Con este levantamiento del secreto sumarial se inicia una nueva fase en la que los detalles de la operación comercial, las comunicaciones internas y los informes oficiales podrán ser analizados por todos los sujetos intervinientes en el proceso. Se espera que la documentación esclarezca el modo en el que se gestionaron las ventas, la naturaleza de los productos exportados y el grado de conocimiento de los directivos investigados respecto a los clientes y los usos finales del acero suministrado.

La evolución de esta causa, marcada por la intervención policial reciente y la apertura de acceso a la documentación, mantiene la atención sobre las prácticas de exportación del sector siderúrgico y el control gubernamental de las ventas internacionales, especialmente cuando se trata de materiales susceptibles de empleo militar. Las partes afectadas —Sidenor y sus directivos, la acusación querellante y la administración— aguardarán los siguientes pasos procesales una vez revisada la documentación contenida en esta pieza separada, al amparo de la reciente resolución judicial dictada por el Tribunal Central de Instancia.