Exasesor de Mazón niega estar encubriendo al expresidente y reitera que no dio órdenes a Pradas en la dana

Las preguntas sobre la eliminación de mensajes de WhatsApp que José Manuel Cuenca mantuvo la tarde de la tragedia ocuparon un lugar destacado durante su segunda intervención ante la comisión parlamentaria del Congreso que investiga las decisiones adoptadas durante la catastrófica dana de 2024, en la que fallecieron 230 personas en Valencia. Según informó el medio original, los representantes de varios grupos políticos centraron parte de su interrogatorio en esclarecer si el exjefe de Gabinete de Carlos Mazón actuó con algún propósito en la supresión de dichos mensajes y si con ello pretendía proteger al expresidente de la Generalitat.

Durante su comparecencia, de acuerdo con lo publicado, Cuenca insistió en que su actuación, aquel 2024, se limitó a trasladar alertas y mensajes, sin ejercer presiones ni impartir órdenes a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Ante la comisión, el compareciente reiteró que Mazón, quien ahora funge como expresidente y con quien Cuenca colabora en la Oficina del Expresidente, no le dio instrucciones en ningún momento durante la gestión de la emergencia. Sobre el polémico mensaje enviado a Pradas —“Salo, de confinar nada”—, Cuenca explicó que se trató únicamente de una reflexión personal y no de la transmisión de una directriz de Mazón. Subrayó además que cualquier medida que se hubiese planteado debía contar con la cobertura legal suficiente.

Tal como consignó el medio, el exjefe de Gabinete declaró que en su papel no tenía autoridad para dar órdenes a técnicos ni consellers. Enfatizó además que la propia Pradas habló esa misma tarde con el entonces president de la Generalitat, en torno a las 19.45, dejando constancia de que Mazón siempre se mantuvo comunicado durante el episodio. Según Cuenca, una deficiencia relevante que influyó en la gestión fue la carencia de información precisa sobre el caudal del Barranco del Poyo, señalando que, de haber contado con esos datos, los responsables habrían actuado de otra forma. “Sin esa información nadie habría podido intentar hacer algo para evitar lo que desgraciadamente todavía nos duele a todos”, manifestó ante los diputados presentes, según reportó la fuente original.

Con excepción de su posicionamiento, la comisión de investigación estuvo marcada por duros reproches. De acuerdo con la publicación, representantes de grupos del Gobierno y la oposición acusaron a Cuenca de tratar de encubrir a Mazón y de falsear información en su primera comparecencia, ocurrida el 1 de diciembre. El motivo de la nueva citación fue la revelación de mensajes intercambiados con Pradas, entregados por la exconsellera al juzgado que lleva la causa penal. Pese a los cuestionamientos, Cuenca negó haber mentido durante sus declaraciones anteriores y sostuvo haber "dicho verdad" en todas sus intervenciones. “No es mi propósito separarme de lo que vengo diciéndoles, que es lo que yo viví y lo que yo recuerdo de aquella jornada”, defendió ante la comisión, conforme lo señaló la cobertura informativa.

La reacción de los diputados fue especialmente intensa en torno al mensaje sobre el confinamiento, buscando clarificar si respondía a indicaciones de Mazón. Según detalló el medio, muchos lo interpelaron por un posible intento de interferir en la gestión de la emergencia. Desde Esquerra Republicana, Teresa Jordà acusó a Cuenca de intentar "vacilar" a los miembros de la comisión, y arremetió afirmando: “No somos imbéciles, ni la ciudadanía tampoco”. Jordà criticó que Cuenca hubiera intentado convencer a Pradas de no ordenar el confinamiento, lo que pudo haber retrasado la alerta Es-Alert que finalmente se envió a la ciudadanía.

Mikel Otero, miembro de Bildu, atribuyó a Cuenca una “grave intromisión” en la gestión del gabinete, al vincular el posible confinamiento con el Estado de alarma, lo cual, según señaló, podría derivar en responsabilidades legales. Por su parte, Àgueda Micó, de Compromís, reprochó el sueldo vitalicio que recibiría Cuenca como asesor de Mazón en la Oficina del Expresidente y sugirió que tal remuneración se justificaba por el supuesto encubrimiento de las conversaciones con el exmandatario autonómico. Aludió, asimismo, a la posibilidad de que ambos terminaran en prisión, una declaración que generó controversia en la audiencia de la comisión.

Javier Sánchez Serna, de Podemos, llegó a manifestar su deseo de que Cuenca sea el tercer imputado en la causa, una referencia a los procedimientos judiciales que siguen su curso respecto a la catástrofe. Alberto Ibáñez, de Compromís y adscrito a Sumar, preguntó sobre el testimonio de los escoltas de Mazón, quienes, según recogió el medio, declararon en sede judicial que el entonces president llegó al Palau alrededor de las 19.50 de la tarde y luego se desplazó a la sede donde se encontraba el Cecopi. Cuenca se excusó de responder argumentando que desconocía esas declaraciones porque “vengo de viaje”.

En el eje de la discusión también se situó la cuestión de si Cuenca debía pedir disculpas a los familiares de las víctimas por su insistencia en que no dio instrucciones a Pradas. Así lo sugirió Nahuel González, diputado de IU en el grupo Sumar. Cuenca replicó que no tenía motivos para disculparse por hechos que no le correspondían, reiterando que su función no incluía tomar decisiones ejecutivas ni bloquear ni impulsar ninguna medida en materia de emergencias.

Del lado del PSOE, la diputada Patricia Blanquer criticó la actitud del compareciente, sugiriendo que buscaba centrarse en eludir respuestas y presentarse como víctima al asegurar en múltiples ocasiones que nunca trasladó órdenes a la consellera Pradas, aunque —según puntualizó— ella adoptó las propuestas que él comunicaba por mensajes. Frente a estas aseveraciones, Cuenca mantuvo su postura e insistió en que su papel fue únicamente comunicar alertas y sugerencias, todo bajo la premisa de que, de contemplarse la opción de un confinamiento, este tuviese respaldo jurídico.

Durante toda la comisión, como recogió el medio original, la atención se centró en el proceso de toma de decisiones la tarde de la emergencia, los posibles errores de comunicación y la responsabilidad política derivada de la catastrófica dana que dejó 230 víctimas en la ciudad y sus alrededores, así como en el escrutinio sobre la transparencia de las comunicaciones internas de los líderes autonómicos involucrados en la gestión de la crisis.