
Según información obtenida por Europa Press, la investigación judicial que conduce el Juzgado Central Número 1 de la Audiencia Nacional sobre una presunta red de blanqueo y tráfico de estupefacientes cobró impulso tras el hallazgo de más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en la vivienda del ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil. A raíz de las pesquisas, Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla y primo del rey emérito Juan Carlos I, compareció ante la Audiencia Nacional este miércoles tras haber permanecido detenido desde el martes por su presunta conexión con delitos de blanqueo en el marco de esta causa. La Fiscalía Antidroga solicitó su libertad bajo fianza y la imposición de medidas cautelares, entre las que destacan la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.
Tal como publicó Europa Press, la Fiscalía Antidroga requirió una fianza de 80.000 euros para que Francisco de Borbón pudiera abandonar las dependencias judiciales, una vez finalizada su declaración. Además de esta cantidad, se estableció la prohibición de abandonar el territorio nacional y la exigencia de que acuda una vez por semana al juzgado para responder a eventuales requerimientos judiciales. La petición fiscal fue adoptada por la Audiencia Nacional tras la comparecencia de Borbón, quien se encuentra investigado junto a otros implicados en una presunta organización criminal.
La operación, revelada inicialmente por El País y confirmada posteriormente a Europa Press por fuentes policiales, llevó a la detención de Francisco de Borbón, junto a otras tres personas. Entre los detenidos que comparecieron este miércoles ante la Audiencia Nacional, además de Borbón, se encuentran Tirso Muyo y Claudia Mireya Muñoz. Para ambos, la Fiscalía también solicitó la libertad bajo fianza, aunque en su caso el monto quedó establecido en 50.000 euros cada uno.
De acuerdo con los detalles publicados, la investigación dirigida por el titular de la Plaza Número 1 del Tribunal Central de Instancia pone el foco en una supuesta estructura delictiva en la que el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, habría jugado un papel relevante. Sánchez Gil fue objeto de la pesquisa cuando, durante un registro domiciliario, se localizaron más de 20 millones de euros ocultos en su residencia, una suma que, según la investigación, estaría relacionada con actividades de blanqueo procedentes del narcotráfico.
Según Europa Press, la investigación se extiende además a varias empresas que guardan presuntos vínculos con el tráfico de drogas. Las diligencias se aceleraron después de que en octubre de 2024 la Policía Nacional y la Agencia Tributaria interceptaran 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz). Este decomiso constituye la mayor incautación de cocaína efectuada en España y la segunda de mayor volumen registrada en Europa.
El caso examina posibles conexiones entre empresarios, personas vinculadas a la aristocracia y exmiembros de las fuerzas de seguridad con estructuras delictivas organizadas. Las medidas adoptadas por la Audiencia Nacional reflejan el alcance e impacto de la investigación, que incluye tanto la incautación de cuantiosas sumas de dinero como el descubrimiento de actividades sospechosas en empresas bajo investigación.
El procedimiento judicial sigue su curso, en tanto que los implicados deben ceñirse a las medidas impuestas por el tribunal mientras avanzan las pesquisas sobre el funcionamiento y los responsables de la presunta organización criminal. Los nuevos datos recabados, especialmente a raíz del decomiso en Algeciras y del hallazgo de dinero en efectivo, constituyen una pieza clave en la evolución de la causa y en el esclarecimiento de la posible participación de cada imputado.
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