La CHJ informa a la jueza que el 29O había seis agentes y guardas fluviales en Valencia Centro, dos en el Poyo

Un documento remitido a la magistrada detalla cuántos miembros operativos trabajaron en diferentes áreas durante la jornada investigada, especificando los municipios abarcados y cómo se organizó la cobertura de vigilancia en puntos clave del territorio

Guardar
Imagen KS3Z4Q26OREHBJCUXYWES34WCE

En total, 50 agentes medioambientales y guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) participaron en las tareas de control y vigilancia vinculadas a la gestión de la Dana el 29 de octubre de 2024 en la demarcación de la provincia de Valencia. Así lo informó Europa Press tras acceder al informe oficial remitido a la juez instructora del caso, en el que se especifican los efectivos presentes en cada zona, los cauces vigilados y la organización del operativo durante la jornada bajo investigación.

Según consta en el documento, enviado por la CHJ a petición de la jueza del juzgado de Catarroja y firmado por el presidente de la institución, Miguel Polo, la Zona Centro contó ese día con seis agentes o guardas fluviales desplegados en tareas de vigilancia, además de un jefe de zona y un responsable de subzona. El informe, consignado por Europa Press, indica que dicha área incluye los municipios afectados por las riadas y comprende un amplio tramo del río Magro, el barranco de la Horteta y la rambla del Poyo. En sectores específicos dentro de la rambla del Poyo y barranco de la Horteta, la cobertura se garantizó mediante un agente medioambiental y un guardia fluvial, respectivamente.

De acuerdo con Europa Press, la jueza solicitó a la CHJ detallar la identificación de los agentes presentes, sus zonas de trabajo, los sectores y subsectores atendidos, así como los términos municipales correspondientes. Además, requería información precisa sobre los cursos de agua supervisados en cada caso. En respuesta, la CHJ aportó una estructura clara del servicio: cada zona disponía de un jefe, dos subzonas a cargo de un responsable y, en cada sector, la presencia de un agente medioambiental o un guarda fluvial. En el caso de la jornada investigada, la cobertura incluyó las subzonas Valencia Sur, Valencia Centro y Valencia Norte.

Según el desglose facilitado por la CHJ al que accedió Europa Press, la subzona Valencia Centro se dividió en sectores del 51 al 56. Entre los cauces principales monitoreados se encontraron los ríos Júcar, Verde, Seco y Magro, junto a diversos barrancos como Casella, Barxeta, Pedrós y Caballeros en el sector 51; los ríos Magro, Mijares y Buñol, y los barrancos Algoder y Altury en el sector 52; los ríos Madre y Magro, barranco Reinas, arroyo Romeroso y las ramblas de Ruices, San Antonio y Estenas en el 53; la rambla del Poyo y el barranco de la Horteta en el 54; la rambla del Poyo en el 55 y, por último, el barranco de Picassent y otros afluentes hacia la Albufera en el 56.

En la distribución por municipios, el sector 54—la rambla del Poyo y l'Horteta—incluyó Cheste, Chiva, Godelleta, Montserrat, Quart de Poblet y parcialmente Torrent. El sector 55, asignado a la rambla del Poyo, abarcó Alaquàs, Aldaia, Alafafar, Benetússer, Burjassot, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja, Sedaví, Xirivella y también parte de los términos de Torrent y Valencia. El sector 56, enfocado en el barranco de Picassent y afluentes a la Albufera, comprendió Albal, Alcàsser, Alginet, Almussafes, Benifaió, Beniparrell, Catarroja, Silla y una sección de Valencia.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la magistrada también contactó al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para recabar un informe individualizado de todos los bomberos forestales movilizados el día de la Dana. Estos efectivos, desplegados tras indicación del Centro de Coordinación de Emergencias, realizaron labores de seguimiento y vigilancia del río Magro a la altura del puente de Carlet—desde la Unidad de Alzira—y del Barranco del Poyo en las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta, con efectivos de la Unidad de Buñol.

Posteriormente, la magistrada dirigió este requerimiento a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), ya que el Consorcio explicó que la gestión operativa diaria de los bomberos forestales es competencia exclusiva de dicha entidad, en función de la información que la propia SGISE proporciona a los distintos equipos de intervención.

Además, la jueza solicitó a la Conselleria de Medio Ambiente un listado detallado de los agentes medioambientales bajo su dependencia, quienes desempeñaron funciones ordinarias en la provincia de Valencia durante el 29 de octubre de 2024. Dicha petición incluyó la identificación personal de cada agente, el lugar exacto de trabajo y su correspondiente horario de servicio.

El fiscal, en una solicitud adicional, pidió que una vez identificados los guardas fluviales, se les tomara declaración formal sobre su actuación en las zonas donde transcurren los ríos y barrancos implicados en los hechos objeto del procedimiento. Según reportó Europa Press, la jueza indicó que atendería esta segunda petición cuando se haya completado la anterior, evaluando el volumen de agentes asignados a cada punto de control y su posible vinculación con los hechos bajo investigación.