Madrid, 3 feb (EFE).- El Gobierno ha aprobado un decreto para regular la Inspección Educativa que actualiza el acceso al cuerpo de inspectores con una prueba por escrito que incluye preguntas breves de todo el temario, dentro del proceso del concurso oposición.
El Consejo de Ministros ha derogado el decreto de hace 25 años para establecer un marco básico, que, entre otras medidas, refuerza las funciones de asesoramiento y orientación a equipos directivos y a los distintos componentes de la comunidad educativa.
De esta forma lo señala el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en un comunicado en el que recalca que se actualiza el acceso mediante un proceso de concurso oposición que constará de tres pruebas.
La primera, por escrito, un cuestionario de preguntas de desarrollo breve para cubrir el conjunto del temario; otra que consiste en una prueba práctica sobre técnicas y competencias necesarias para la actuación de la inspección, y la tercera en la que se pedirá a los aspirantes la exposición oral de un tema.
"Una característica común a las pruebas es su orientación competencial", señala el Ministerio, que, sin embargo, deja en manos de las comunidades autónomas las mejoras salariales de los inspectores.
La principal reivindicación de los inspectores, que era una subida al nivel 28 de forma estatal, será regulada por cada administración educativa.
"El reconocimiento de las especiales atribuciones y responsabilidades que comporta el ejercicio de la función inspectora educativa y de la naturaleza docente del cuerpo de inspectores de Educación, así como de las peculiaridades y superiores exigencias propias de su sistema de acceso comportará el debido reconocimiento por parte de las administraciones educativas de las que depende y la percepción de los complementos retributivos acordes a dicha consideración", incide el texto.
El presidente de la Unión Sindical española de Inspectores de Educación (USIE), Jesús Marrodán, ha lamentado a EFE que se le exija más y se les pida una oposición más "pero no se nos retribuya más" y aunque valora que haya una normativa común, "ahora habrá una pelea en cada comunidad autónoma".
En este sentido, señala la Comunidad Valenciana como referencia para que el resto de autonomías eleven la categoría de los inspectores.
"Es un texto necesario aunque decepcionante", incide.
El decreto también regula el derecho y los permisos para formación, la carrera profesional, los recursos técnicos para realizar el trabajo, la prestación de servicios a distancia y la evaluación de la función inspectora.
Marrodán echa de menos una mayor participación de este colectivo en las decisiones de la comunidad educativa.
"Ha sido una gran oportunidad perdida", ha señalado otro miembro de USIE Javier Fernández a EFE tras asegurar que "ningún inspector verá alteradas sus funciones con este real decreto".
La nueva norma aglutina la "dispersión normativa que existía actualmente", incide el Ministerio, que explica que permite a las administraciones educativas configurar modelos organizativos y funcionales y adaptar ciertos contenidos de esta regulación a sus peculiaridades organizativas.EFE
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