Ayuntamiento de Alicante denuncia en Fiscalía las adjudicaciones de vivienda para saber si hay "irregularidades"

La Generalitat analiza la conducta de un funcionario implicado en una solicitud de vivienda en Playa de San Juan, quien mantiene vínculo matrimonial con una de las personas beneficiarias y, presuntamente, omitió información relevante al tramitar el expediente. En este contexto, el Ayuntamiento de Alicante ha iniciado una denuncia en Fiscalía con el fin de determinar si se produjeron irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en una promoción localizada en suelo municipal, según informó el medio Europa Press.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, explicó durante una rueda de prensa tras la junta de gobierno local que el consistorio tomó esta decisión debido a la carencia de competencias para investigar internamente. Villar puntualizó que el objetivo de la actuación legal es aclarar si algún empleado público pudo haber incurrido en anomalías durante el proceso de asignación de las viviendas. Como parte de las acciones vinculadas a la investigación, Villar confirmó que Rocío Gómez, anteriormente responsable del área de Urbanismo, formalizó su dimisión como concejala de la corporación municipal. Gómez anunció su renuncia el pasado viernes después de conocerse que ella misma figura entre las personas adjudicatarias de los inmuebles objeto de la controversia.

Europa Press detalló que la exedil justificó su salida manifestando que su retirada busca evitar injerencias en el avance de la indagación, tras haber aportado toda la documentación solicitada por el consistorio. Esta dimisión no se presentó de manera aislada. En paralelo, María Pérez-Hickman también presentó su renuncia como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, decisión tomada tras la publicación de informaciones periodísticas que apuntaban a que varios miembros de su familia obtenían beneficios mediante la adjudicación de viviendas de protección pública.

La gestión de esta promoción de viviendas ubicada en Playa de San Juan ha suscitado la apertura de varias líneas de investigación. Además de la denuncia presentada ante la Fiscalía por parte del Ayuntamiento, la Generalitat ha abierto un expediente informativo dirigido a un funcionario implicado en el proceso de visado de las solicitudes. De acuerdo con el reporte de Europa Press, el funcionario aparece como cónyuge de una de las solicitantes y está siendo investigado por la supuesta omisión de elementos esenciales en la documentación acerca del grupo familiar al que pertenece, lo que podría influir en los criterios de adjudicación de una vivienda pública.

La información proporcionada por Europa Press señala que como parte de las medidas institucionales para abordar la crisis, el próximo jueves se celebrará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante. Durante esta sesión está previsto que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ofrezca explicaciones ante la corporación municipal acerca de las actuaciones relacionadas con el reparto de estas viviendas. La sesión extraordinaria responde a la presión generada tanto por la denuncia formalizada en los tribunales como por los ceses dentro del equipo municipal.

Las adjudicaciones en disputa afectan a una promoción levantada en terreno de titularidad municipal en Playa de San Juan. Según consignó Europa Press, la controversia en torno a los procedimientos llevó a autoridades municipales y autonómicas a activar los mecanismos de investigación respectivos. Las actuaciones buscan dilucidar la existencia de potenciales conflictos de interés y esclarecer si el proceso observó todos los estándares legales y éticos aplicables en materia de vivienda pública.

El vicealcalde Manuel Villar detalló que la intervención de la Fiscalía resulta pertinente ante la incapacidad del Ayuntamiento para profundizar por sí mismo en los posibles delitos o faltas administrativas, lo que justifica la remisión del caso a la instancia judicial. La presentación de la denuncia busca respaldo institucional para asegurar que la investigación se conduzca de forma independiente y exhaustiva.

La implicación directa de dos responsables municipales y un funcionario en la gestión de las viviendas sitúa a la administración local y autonómica frente a la obligación de clarificar públicamente los hechos. La presencia de familiares de altos cargos entre los beneficiados por el programa de vivienda social ha reforzado las acciones de transparencia exigidas por diversas formaciones políticas y la ciudadanía, según informaciones recogidas por Europa Press.

El proceso investigativo permanece abierto, mientras la ciudadanía y distintas agrupaciones políticas esperan las aclaraciones oficiales en el pleno extraordinario anunciado. Europa Press señaló que el caso continúa generando debate sobre el sistema de selección de adjudicatarios de viviendas públicas y la supervisión institucional sobre los procesos internos del Ayuntamiento y los organismos involucrados.