El fondo de remanentes del Congreso de los Diputados, que a 31 de marzo de 2025 sumaba 100.995.681,93 euros, será el origen de los recursos económicos para la restauración estructural de dos edificios localizados junto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, según detalló Europa Press. La intervención convierte estos inmuebles, conocidos como Ampliación I y II, en objeto de una inversión que roza los 3,6 millones de euros, orientada a reparar cubiertas y fachadas tras identificarse daños recientes en una inspección técnica municipal.
De acuerdo con Europa Press, las deficiencias estructurales surgieron durante una Inspección Técnica de Edificios (ITE) llevada a cabo por la Dirección General de Control de la Edificación, que depende del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. El informe derivado de la ITE llevó al órgano de gobierno de la Cámara Baja a calificar de imprescindibles las obras, destinadas a subsanar con urgencia las grietas y fisuras localizadas, además de reforzar el mantenimiento y la conservación de estos bienes públicos.
La Mesa del Congreso ha abierto un proceso público para adjudicar los trabajos, cuyo presupuesto base de licitación ha quedado fijado en 3.588.332,88 euros, impuestos incluidos. El concurso incluye como condición que la empresa ganadora deberá finalizar la totalidad de las obras en un plazo máximo de 16 meses, tiempo en el que también completará reparaciones adicionales de consolidación si fueran necesarias, según consignó Europa Press.
El documento que rige el concurso, aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara, subraya que esta actuación se enmarca en la obligación institucional de garantizar la seguridad y la integridad de los inmuebles bajo titularidad pública, tal como recoge Europa Press. Además del objetivo estructural, durante los trabajos se garantizará que la actividad parlamentaria no sufra interrupciones, para lo cual el arquitecto conservador de la Cámara ejercerá la dirección de la obra, supervisando todas las fases y trabajando en coordinación con los servicios de mantenimiento de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.
Entre los requisitos establecidos en los pliegos figura la obligación de que la empresa adjudicataria elabore un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como un plan específico de gestión de los residuos derivados de las labores de construcción y demolición. Estos programas deberán ajustarse a las directrices contenidas en el Plan de Medidas de Sostenibilidad Medioambiental de la Cámara, reforzando así el compromiso de la institución parlamentaria con la seguridad de los operarios y la reducción del impacto ambiental durante la ejecución del proyecto.
Europa Press resaltó que, además de las labores en las cubiertas y fachadas, el alcance de la intervención permitirá detectar y abordar otros posibles daños que pudieran no haberse manifestado hasta la fecha, atendiendo al principio de prevención y conservación de los inmuebles al servicio de la actividad legislativa.
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