Ábalos opta por acogerse a la jubilación ante las dudas de poder cobrar indemnización del Congreso al dejar el escaño

"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano", expresó José Luis Ábalos en una publicación en la red social X, gestionada por su entorno, señalando que ha sido privado de todo ingreso y protección social. El exministro socialista, actualmente en prisión provisional por el denominado 'caso Koldo', comunicó que optará por la jubilación luego de perder sus derechos como diputado y ante la incertidumbre sobre la recepción de la indemnización que le habría correspondido tras abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados, tal como reportó Europa Press.

Ábalos, quien cumplirá 67 años este año, fundamentó su decisión en las dificultades para acceder a la prestación parlamentaria tras haber sido suspendido de sus derechos como diputado tras la decisión de la Mesa del Congreso en noviembre pasado. Esta suspensión, motivada por su ingreso en prisión preventiva, le dejó sin recibir salario y sin la capacidad de votar, según señalaron fuentes parlamentarias a Europa Press. El propio exdiputado explicó públicamente que, al verse desprovisto de ingresos, se ha visto forzado a recurrir al retiro para cubrir las necesidades de su familia y afrontar los gastos judiciales de su defensa.

La indemnización por cese, equivalente en la práctica a una prestación por desempleo para diputados, está regulada para quienes han permanecido al menos dos años en el Congreso y renuncian a su acta, siempre y cuando no cuenten con otros ingresos públicos o privados. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, esta compensación equivale a una mensualidad de la asignación constitucional de los diputados por cada año de servicio en el Parlamento o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. En el caso de Ábalos, quien ostentó el escaño de manera ininterrumpida desde abril de 2009, la suma a la que podría haber accedido superaba los 57.000 euros, según la última actualización de asignaciones.

Sin embargo, la concesión de dicha prestación depende de la Mesa del Congreso y, en el caso de Ábalos, existían dudas sobre si seguía conservando el derecho a solicitarla, dada la suspensión de sus derechos como diputado. La institución ya había determinado el cese de su salario y la imposibilidad de ejercer voto cuando se encontraba en prisión preventiva, lo que ponía en entredicho su acceso a la indemnización, según detalló Europa Press. Al acogerse a la jubilación, Ábalos confirma de hecho que no solicitará esta indemnización parlamentaria, la cual resulta incompatible con la condición de pensionista.

El medio Europa Press destacó el precedente de Santos Cerdán, también ex secretario de Organización del PSOE, quien fue el último diputado en acceder a la indemnización por cese tras dejar su escaño antes de ingresar en prisión provisional, investigado en la misma trama de cobro de comisiones por la concesión de obra pública en la que figura Ábalos. En esa ocasión, la percepción del 'finiquito' por parte de Cerdán fue objeto de controversia después de que el Partido Popular solicitara que la Mesa del Congreso bloquease su acceso al pago alegando que el exdiputado había ocultado la propiedad de parte de una empresa. Sin embargo, tanto el PSOE como Sumar respaldaron el desembolso amparados en un informe de los servicios jurídicos del Congreso, que confirmó su derecho a percibir casi 19.000 euros en concepto de indemnización, cantidad que Cerdán cobró durante seis meses.

La base de esta diferencia entre ambos casos radica en que, mientras Cerdán abandonó voluntariamente el escaño antes de su ingreso en el centro penitenciario de Soto del Real y conservó sus derechos parlamentarios hasta ese momento, Ábalos enfrentó la suspensión de todos sus derechos al encontrarse ya en situación de prisión preventiva al momento de la decisión de la Mesa del Congreso, según detalló Europa Press.

La renuncia de Ábalos a solicitar la prestación parlamentaria y su paso a la jubilación reflejan un escenario particular en el que la suspensión de derechos y deberes parlamentarios condiciona el acceso a mecanismos de protección social previstos para los representantes públicos al final de su mandato. Europa Press consignó que el exministro, ante la ausencia de ingresos y protección social, comunicó en redes sociales la imposibilidad de atender compromisos familiares y financieros sin acogerse a la pensión.

En su mensaje difundido a través de X, Ábalos expresó que la situación supone el cumplimiento de los objetivos de sus adversarios políticos, manifestando: "¡Objetivo conseguido!". La secuencia de acontecimientos destaca el impacto de los procedimientos internos del Congreso sobre las condiciones económicas de los parlamentarios en situaciones de crisis y cese involuntario, según la reconstrucción informativa de Europa Press.