El PP replica: "El PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y fomenta el clientelismo político"

Al señalar que la nacionalidad española de origen se concederá aproximadamente a 2,5 millones de personas por la llamada Ley de Nietos, Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP), argumentó que este mecanismo representa un cambio relevante en el censo de españoles residentes ausentes (CERA), lo que incidirá directamente en quiénes podrán ejercer su derecho al voto en las próximas citas electorales. De acuerdo con Europa Press, Ezcurra manifestó que las medidas adoptadas por el Gobierno, en su opinión, provocarán alteraciones significativas en los listados oficiales de votantes en España.

El debate público se intensificó después de que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, expresara durante un acto en Zaragoza su preocupación por la regularización “masiva” de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo, considerando que esto contraviene la política migratoria europea y que responde, según sus palabras, a un intento del Gobierno de aumentar el censo electoral a través de dicha regularización y mediante la citada Ley de Nietos. El medio Europa Press reportó que Feijóo hizo alusión a un número de solicitudes de nacionalidad que superaría los dos millones de personas, una cifra que, desde su perspectiva, tendría impacto en la composición demográfica con derecho a voto en España.

Tras las declaraciones de Feijóo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) refutó las acusaciones y calificó dichos señalamientos como falsos. El PSOE respondió en sus redes sociales, según recogió Europa Press: “Nacionalidad y regularización no es lo mismo”, subrayando que existe una diferenciación administrativa y legal fundamental entre ambos conceptos. La formación socialista argumentó que el líder del PP tergiversa el funcionamiento del sistema electoral y la relación entre nacionalidad y derecho al voto.

En respuesta a la postura del PSOE, Alma Ezcurra utilizó la red social 'X' para insistir en que, desde su punto de vista, el PSOE está alterando el censo electoral en el medio plazo y promoviendo un sistema de clientelismo político utilizando el Boletín Oficial del Estado. Según informaciones de Europa Press, Ezcurra matizó que Feijóo nunca mencionó explícitamente “censo electoral”, sino que habló de “modificaciones en el censo”, con referencia a los cambios que suponen tanto la Ley de Nietos como la regularización de inmigrantes en España.

La eurodiputada del PP explicó que, desde la perspectiva del derecho al sufragio, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que obtengan la nacionalidad por la Ley de Nietos tendrán la posibilidad de votar automáticamente en todas las elecciones, excepto en las municipales. Según detalló Europa Press, Ezcurra también expuso que los extranjeros que obtengan la residencia legal gracias a la regularización prevista y que provengan de países con convenio de reciprocidad con España podrán tener acceso al voto en comicios municipales.

Dentro de este contexto, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP recordó que una proporción significativa de extranjeros regularizados—provenientes de naciones como Iberoamérica, Filipinas, Andorra o Guinea Ecuatorial—podrán solicitar la nacionalidad española tras residir legalmente en el país durante dos años. Una vez obtenida la nacionalidad, estarían habilitados para votar no sólo en las elecciones municipales, sino también en elecciones generales y europeas, detalló Europa Press.

El medio también recogió el mensaje publicado por Ezcurra en 'X', en el que la dirigente conservadora concluyó que la suma de las iniciativas legislativas y administrativas impulsadas por el Gobierno evidencia la intención de modificar los listados electorales de manera progresiva y consolidar una estructura de clientelismo político a partir del uso del Boletín Oficial del Estado.

Europa Press reportó que, tras este cruce de acusaciones, el intercambio de posturas entre PSOE y PP continúa centrado en los mecanismos de acceso a la nacionalidad, la vinculación entre regularización y derecho al voto, y la interpretación del impacto que estas medidas podrían tener en futuras elecciones. El PSOE, por su parte, ha reiterado que equiparar los procesos de nacionalidad y regularización no responde a la realidad jurídica del sistema español, enfatizando que la regulación de los censos y el acceso a derechos políticos se sujetan a normativas específicas y no pueden modificarse mediante procedimientos administrativos ordinarios.