El exsuegro del 'yonki del dinero' insiste en que no manipuló las grabaciones que entregó a la denunciante del caso

Una de las cuestiones técnicas abordadas en las últimas horas por la Audiencia de Valencia ha girado en torno al destino de un disco duro que habría contenido las grabaciones clave del caso Imelsa, según la declaración de Mariano López. De acuerdo con Europa Press, López explicó que ese disco duro dejó de funcionar y decidió desecharlo antes de ser citado por la Fiscalía, lo que explica por qué nunca entregó el soporte original durante las investigaciones.

El proceso judicial, dirigido por la sección quinta de la Audiencia de Valencia, ha contado este miércoles con la comparecencia de Mariano López, quien declaró como testigo dentro de la llamada pieza E del caso Imelsa, que examina presuntas irregularidades en contratos de la Concejalía de Cultura de València entre 2003 y 2007, periodo en el que la ya fallecida María José Alcón asumía responsabilidades en esa área. Según publicó Europa Press, López, exsuegro de Marcos Benavent —conocido como el "yonki del dinero" y exgerente de la empresa pública Imelsa— sostuvo ante el tribunal que nunca manipuló las grabaciones que posteriormente acabarían motivando la denuncia presentada por Rosa Pérez Garijo, exdiputada y exconsellera de EUPV.

A lo largo de su testimonio, López detalló que localizó los registros en cuestión en un ordenador ubicado en su casa de campo en Xàtiva, un equipo que utilizaban tanto él mismo como su esposa, su hija y también su yerno en aquel momento, Marcos Benavent. El medio Europa Press consignó que el dispositivo, conectado a un voluminoso disco duro externo, comenzó a fallar, lo que llevó a López a transferir la información a dispositivos de memoria USB por temor a perder los archivos. Fue durante esta operación cuando advirtió la existencia de las grabaciones, un hallazgo que se produjo después de la separación familiar con Benavent.

Tras descubrir los registros, López se puso en contacto con Rosa Pérez Garijo para informarle sobre la documentación. En una reunión celebrada en Catarroja, facilitó a Pérez un dispositivo USB y, junto a un acompañante de ella que llevaba un ordenador portátil, realizaron una copia completa del contenido del disco duro original, destinado a servir como prueba para la Fiscalía. Europa Press informó que posteriormente el Ministerio Público también le solicitó formalmente la entrega de estos registros.

Durante su declaración, López reiteró que en ningún momento modificó ni manipuló las grabaciones y que ha sostenido esta versión en distintas fases derivadas del caso. Aclaró, asimismo, que él mantenía relación familiar con Benavent cuando este último le indicó que grababa a personas "de cierta relevancia", sin darle detalles sobre los motivos ni las identidades de los implicados.

La defensa de Benavent y otros cuatro procesados han planteado durante el juicio argumentos vinculados a la prescripción de delito y a diversas nulidades, buscando así la interrupción del proceso. El abogado de Benavent, en particular, cuestionó la investigación conducida por Pérez Garijo e impugnó la validez de las grabaciones e imágenes entregadas a través del pendrive aportado a la Fiscalía, según detalló Europa Press.

En relación con los hechos que se investigan, la pieza E del caso Imelsa analiza adjudicaciones de contratos relacionados con intervenciones en el patrimonio histórico valenciano, como las obras emprendidas en La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. Además, abarca trabajos relacionados con la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la organización de la vigésima séptima edición del festival de cine de la Mostra.

Europa Press también reportó que este miércoles estaba prevista la declaración de Rosa Pérez Garijo como testigo, aunque su ausencia en la sesión provocó que el tribunal le impusiera una multa de 200 euros. Al respecto, la presidenta de la sala ordenó que la Guardia Civil le notifique nuevamente en su domicilio su obligación de comparecer ante el tribunal este jueves, advirtiendo que podría ser conducida por la fuerza pública si no acude a la citación. Pérez Garijo, en declaraciones a Europa Press, atribuyó su incomparecencia a un error en las fechas del juicio, que inicialmente estaba agendado para febrero de 2025 y posteriormente se trasladó a enero de 2026. Explicó que al momento de la llamada judicial se encontraba dando clases en la Facultad y pretendía acudir, pero la sesión finalizó a las 11:00 y ya no pudo llegar a tiempo.

En cuanto a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, Marcos Benavent encara una solicitud de seis años de prisión por delitos de cohecho como cooperador, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además, el fiscal solicita para él una multa de 29.000 euros y la imposibilidad de asumir empleo o cargo público durante varios años. El mismo escrito de acusación pide cinco años de cárcel para Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón, y tres años para cada uno de los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.

El origen de las grabaciones y su manejo durante la instrucción constituyen uno de los ejes de discusión principales en este tramo del proceso. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, las defensas han centrado parte de su estrategia en la legalidad y autenticidad del material presentado, incidiendo tanto en la cadena de custodia como en los momentos y las personas que intervinieron en su traslado a la justicia, especialmente el papel desempeñado por Rosa Pérez Garijo como primera denunciante.

El caso Imelsa y su derivada Taula, cuya pieza E viene siendo juzgada en estos días, constituye uno de los procedimientos más relevantes relacionados con la presunta corrupción en la gestión pública valenciana en la primera década de los 2000. Los hechos relatados durante las audiencias evidencian la complejidad de la investigación y el peso de las pruebas tecnológicas en el desarrollo del proceso.