Julio Iglesias vuelve a pedir a la Fiscalía la denuncia en su contra ante la sospecha de que sea "falsa"

La representación legal de Julio Iglesias ha señalado que el artista enfrenta una privación definitiva del acceso pleno a la denuncia y a las diligencias de investigación impulsadas en su contra, una situación que, según su equipo jurídico, impide ejercer su derecho a la defensa y a esclarecer si las acusaciones por agresiones sexuales presentadas por dos de sus exempleadas pueden constituir una denuncia falsa. Como reportó Europa Press, el abogado del cantante ha solicitado formalmente a la Fiscalía que remita íntegramente tanto la denuncia como toda la documentación asociada a las pesquisas, argumentando que la normativa vigente no limita el derecho del investigado a conocer el contenido de los procedimientos abiertos en su contra. El abogado subraya la necesidad de acceder a estos documentos también para indagar si, por parte de las denunciantes, se ha podido incurrir en un ilícito penal relacionado con la interposición de denuncias infundadas, posible delito que, a diferencia de los hechos denunciados originalmente, sí podría ser perseguido por la jurisdicción española.

De acuerdo con Europa Press, esta petición ante el Ministerio Público responde a la reciente decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias contra Julio Iglesias, adoptada el viernes pasado. El archivo se basó en la "falta de competencia" de los tribunales españoles para abordar hechos presuntamente ocurridos fuera del territorio nacional, concretamente en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y en las Bahamas. A lo largo del escrito remitido a la Fiscalía, la defensa de Iglesias muestra su disconformidad ante el hecho de que el decreto de archivo haya asignado a las denunciantes la condición de testigos protegidos, argumento que, según el representante del artista, les ha permitido mantener su anonimato y limitar el acceso de la defensa a la información fundamental para el ejercicio de sus derechos.

Europa Press detalla que, en opinión del letrado de Iglesias, la protección brindada a las denunciantes se contrapone a la campaña mediática emprendida contra su representado, campaña que atribuyen tanto a las exempleadas como a los representantes legales y mediáticos de estas. Según indica el escrito, la cobertura mediática ha perjudicado de forma irreversible el derecho al honor del cantante, y la dualidad entre la exposición mediática de la denuncia y la protección de la identidad de las denunciantes resulta, para la defensa, incompatible. En su argumentación, recuerdan que negar el acceso al contenido de las actuaciones obliga al denunciado a informarse a través de los medios de comunicación, lo que, según su percepción, vulnera su derecho a la defensa y desprotege sus derechos fundamentales frente a la narrativa pública construida por los denunciantes y su entorno.

El decreto de archivo dictado por la Fiscalía, según consignó Europa Press, refuerza su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, la cual establece que el Estado español no debe investigar hechos ocurridos en el extranjero cuando existen otros Estados con competencia clara y efectiva. La resolución enfatiza que los hechos atribuidos a Julio Iglesias y a otros dos investigados —uno brasileño y otro colombiano— habrían sucedido en países plenamente capaces de asumir la investigación y, adicionalmente, ni las presuntas víctimas ni los investigados residen en España. Además, pese a que el delito de trata de seres humanos es perseguible de forma extraterritorial, el Ministerio Público matiza que solo puede investigarse en España cuando las víctimas sean nacionales o residentes españoles o cuando existan otros vínculos materiales relevantes, condiciones que, según el análisis realizado por la Fiscalía, no concurren en el caso.

La decisión de archivar la causa se apoya, según el medio citado, en otra consideración previa de la Audiencia Nacional, que descarta la posibilidad de asumir causas cometidas fuera de España sin conexión suficiente con el país, especialmente cuando las víctimas son extranjeras y los hechos pueden ser investigados localmente. De acuerdo con Europa Press, la argumentación de la Fiscalía se sustenta en que las autoridades competentes para indagar estos sucesos lo son los países donde presuntamente ocurrieron. Además, se ha reiterado que los denunciados tampoco residen en España, reforzando así la ausencia de competencia jurisdiccional.

Europa Press recogió que el origen de estas diligencias se remonta a la denuncia de dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias: una empleada de hogar y una fisioterapeuta, quienes aseguran haber soportado agresiones sexuales y otras conductas vejatorias durante su periodo laboral con el artista. De acuerdo con una investigación de 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias, estas exempleadas describieron un entorno laboral caracterizado por el control, los insultos y el acoso reiterado. Una de ellas afirmó que el cantante la sometió a prácticas sexuales no consentidas, incluyendo penetraciones y vejaciones, algunas veces con la presencia y asistencia de otra trabajadora que ocupaba un rango superior dentro de la estructura jerárquica del servicio doméstico.

El citado reportaje, según detalló Europa Press, recoge testimonios de ambas mujeres, quienes habrían sido entrevistadas en repetidas ocasiones durante más de un año y cuyas versiones del relato han permanecido inalterables en el tiempo. Las declaraciones de las denunciantes se apoyarían en pruebas diversas, como fotografías, registros de comunicación, mensajes electrónicos, documentación migratoria, informes médicos y otros documentos comprobatorios. A partir de la investigación desarrollada a lo largo de tres años, los periodistas de 'elDiario.es' y Univisión Noticias contactaron con hasta 15 antiguas trabajadoras de Iglesias, incluyendo personal doméstico y profesionales que desempeñaron funciones para el cantante en diferentes periodos entre 1990 y 2023, tanto en República Dominicana, como en Bahamas y España.

Europa Press citó que los sucesos narrados por las dos exempleadas habrían tenido lugar principalmente en las residencias de Punta Cana y Lyford Cay, donde, según afirman, las responsables del hogar tenían conocimiento de lo ocurrido. Además de las supuestas agresiones físicas y sexuales, las entrevistadas describen un clima marcado por frecuentes conflictos laborales, una estructura rígida de jerarquización en el personal, situaciones de aislamiento para las mujeres empleadas y una tensión permanente atribuida al carácter del cantante.

La defensa de Julio Iglesias, según publicó Europa Press, argumenta que el acceso completo a la denuncia y las actuaciones desarrolladas es imprescindible para determinar si procede el inicio de un procedimiento en España por denuncia falsa, ya que, a su juicio, el caso podría sustentarse únicamente en los testimonios y la campaña pública realizada en los medios por las denunciantes y su equipo. Asimismo, subraya que la protección, bajo la figura de testigos protegidos, no debe traducirse en la supresión total de los derechos de información y defensa de la parte denunciada.

La secuencia de acontecimientos refleja una confrontación legal en la que la jurisdicción española se declara ajena, mientras la defensa del artista insiste en acceder a la totalidad de la documentación para evaluar acciones legales futuras. Europa Press reportó que la defensa enfatiza la importancia de resguardar los derechos fundamentales de su representado frente a lo que describe como un proceso mediático y legal impulsado fuera de los canales ordinarios de justicia de España.