Cerdán pide al Supremo que acelere el análisis de su patrimonio para proteger su presunción de inocencia

Entre los elementos destacados por la defensa de Santos Cerdán figura el señalamiento de que la demora en la entrega del informe patrimonial solicitado al Tribunal Supremo consolida en la opinión pública supuestos de culpabilidad, a pesar de que no existe material probatorio suficiente sobre su participación en los hechos investigados. Según publicó Europa Press, el exsecretario de Organización del PSOE ha presentado un escrito ante el alto tribunal para solicitar un impulso procesal en la tramitación del informe sobre su patrimonio. La defensa argumenta que la prolongación del procedimiento afecta directamente a la protección de su derecho fundamental a la presunción de inocencia, y que esta situación se ve agravada por las constantes publicaciones mediáticas que difunden atribuciones delictivas en su contra y la de su familia.

De acuerdo con Europa Press, los representantes legales de Cerdán insisten en que el retraso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la presentación del informe patrimonial produce un impacto evidente sobre la percepción pública del exdiputado. Los abogados afirman que, con el paso del tiempo, se refuerza la sensación de veracidad de los hechos presuntamente delictivos atribuidos a su representado, aun cuando no consta hasta el momento material objetivo destinado a sustentar esas acusaciones. El escrito presentado ante el juez que instruye el ‘caso Koldo’ advierte de que la única alternativa para paliar el perjuicio causado consiste en la emisión inmediata del informe patrimonial.

En la documentación consigna Europa Press que la defensa de Cerdán expone la gravedad de la situación, manifestando que no resulta posible a esta parte recurrir a la vía civil para defender los derechos del exdirigente socialista. Atribuyen esa imposibilidad al hecho de que la mayoría de las informaciones que circulan en la prensa reproducen de manera neutral afirmaciones extraídas de atestados y resoluciones judiciales. En ese sentido, remarcan que el contenido de esas publicaciones nace de documentos oficiales y no de meras especulaciones periodísticas.

Uno de los ejemplos señalados en el escrito es la resolución judicial que acordó en junio el ingreso en prisión provisional de Cerdán —una medida que posteriormente fue revocada en noviembre—. Dicha resolución contemplaba que el exsecretario de Organización del PSOE “podría haber recibido al menos 4.500.000 euros”. Según relatan sus abogados, esta afirmación, al figurar en una resolución judicial, tendría que ser o bien ratificada tras investigaciones adicionales o bien descartada explícitamente, en vez de permanecer indefinida, como ha sucedido hasta ahora.

Por otra parte, según reporta Europa Press, tanto la UCO como el magistrado instructor han vinculado a Cerdán con la empresa Servinabar, de la que, según la investigación, sería propietario de un 45%. Se sostiene que la empresa habría servido como pantalla para el cobro de sobornos relacionados con adjudicaciones de obra pública investigadas por el Supremo. Los letrados de Cerdán rechazan esa vinculación, niegan que su cliente figure como titular del porcentaje atribuido y aseguran que Servinabar no funciona como una sociedad instrumental para actividades ilícitas.

Además, en un informe reciente, la Guardia Civil incluyó referencias directas a que Cerdán y su entorno familiar habrían resultado beneficiados por las operaciones de Servinabar, no solo a través del cobro de nóminas, sino también mediante ingresos relacionados con alquileres de viviendas y el uso de una tarjeta de crédito. Según informó Europa Press, estos indicios forman parte de las pesquisas sobre los eventuales favorecimientos que habría recibido la firma en el marco de contratos de obra pública bajo investigación judicial.

La defensa defiende la transparencia de las actividades económicas de Cerdán y solicita que la actuación de la Policía Judicial esclarezca su situación patrimonial. Los abogados consideran que la única manera de restituir el derecho a la presunción de inocencia de su representado pasa por una resolución acelerada del procedimiento que permita determinar con claridad la realidad de su patrimonio, y de este modo disipar las dudas que han surgido tanto en el ámbito judicial como en el mediático.

En su mensaje ante el Supremo, la defensa insiste en que el efecto de la demora en la emisión de los informes es especialmente pernicioso dada la naturaleza de las filtraciones procedentes de los atestados policiales y resoluciones judiciales, las cuales alimentan informaciones que circulan en la prensa y repercuten en la imagen pública del exdirigente socialista. Por este motivo, los letrados reiteran que la agilización del proceso resulta imprescindible para que no continúen manteniéndose afirmaciones que, por carecer de base suficientemente acreditada, afectan a la reputación y los derechos fundamentales de Santos Cerdán y su familia, según detalló Europa Press.