El juicio por el secuestro exprés de la exconcejal de Maracena (Granada) se aplaza a octubre

En uno de sus autos más recientes, el juez instructor detalló que el acusado del secuestro de Vanessa Romero habría planificado el delito varias semanas antes, investigando en Internet y comprando distintos materiales como un cuchillo de 19 centímetros de hoja, una pistola simulada, guantes, bridas de plástico, papel de aluminio y cinta carrocera. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la Audiencia de Granada decidió posponer el inicio del juicio hasta octubre a raíz de una solicitud presentada por uno de los abogados defensores por motivos personales, mientras el procesado permanece en libertad provisional.

El proceso estaba previamente señalado para los primeros días de febrero, pero, tras la petición del letrado, las sesiones se celebrarán los días 5, 6 y 7 de octubre, detallaron fuentes del caso al medio Europa Press. La causa gira en torno a los sucesos del 21 de febrero de 2023, cuando, según la instrucción judicial, el presunto responsable interceptó a la entonces concejala socialista Vanessa Romero en las inmediaciones de un colegio de Maracena, al que la edil acudía regularmente para dejar a sus hijos. El acusado, pareja en ese momento de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares, también del PSOE, solicitó a Romero que le llevase en coche bajo el pretexto de haberse quedado sin gasolina.

Europa Press informó que, una vez a bordo del vehículo de la concejala, el acusado la amenazó utilizando una pistola simulada y la obligó a tomar dirección a la zona recreativa del embalse de Cubillas. Durante ese trayecto, intentó concertar una reunión con el arquitecto municipal de Maracena usando el teléfono móvil de la víctima, y posteriormente envolvió el dispositivo en papel de aluminio, como parte de un supuesto intento por evitar su rastreo.

A continuación, el acusado habría inmovilizado a la edil atándola de pies y manos, tapándole los ojos y la boca con una venda, y la trasladó hasta la localidad de Armilla. Una vez allí, introdujo el coche en un garaje alquilado, donde, siempre según el auto judicial citado por Europa Press, tras amenazar a Romero con una barra metálica, consiguió que se metiera en el maletero del automóvil, para luego abandonarla en el interior del vehículo.

La víctima logró liberarse golpeando los asientos traseros del coche hasta lograr abrir un hueco y escapar, solicitando socorro inmediatamente. Mientras tanto, el acusado fue a una ferretería en Maracena para comprar un nuevo cuchillo y cinta americana negra antes de mantener una reunión con Berta Linares, como indica la investigación consignada por Europa Press. Más tarde, regresó al garaje de Armilla, pero se percató de la presencia policial y escapó en metro hacia Maracena, donde finalmente fue arrestado.

La Fiscalía reclama para el imputado una pena total de ocho años de prisión, al considerar que incurrió en un delito de detención ilegal, otro leve de lesiones y un tercero de lesiones psíquicas, precisó Europa Press. El Ministerio Público también solicita una orden que impida cualquier forma de contacto o acercamiento a la víctima, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros a Vanessa Romero y una cantidad adicional cuya cuantía dependerá de la valoración pericial en el juicio.

Por otro lado, la acusación particular en representación de Vanessa Romero solicita una condena de nueve años de prisión por los delitos de detención ilegal y lesiones psíquicas. Ambas partes coinciden en gran parte con la secuencia de hechos expuesta por el juez instructor del caso, publicó Europa Press.

Durante el procedimiento de instrucción, se evaluó la posible implicación de Berta Linares, a la sazón alcaldesa de Maracena, y de otro concejal del municipio, como presuntos inductores del secuestro. Sin embargo, el juez descartó esta hipótesis y archivó la causa para ambos, informó Europa Press en referencia a los documentos judiciales y a fuentes allegadas a la investigación.

La decisión de aplazar el juicio ha generado expectativas entre las partes, ya que el acusado, a pesar de las graves imputaciones, continúa en libertad provisional mientras se resuelve el proceso, según constataron fuentes judiciales consultadas por Europa Press. La indemnización solicitada y las restricciones a la aproximación a la víctima reflejan, según los escritos presentados, la gravedad de las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de los hechos.

Los próximos pasos quedarán determinados por el tribunal de la Audiencia de Granada durante las nuevas fechas indicadas para la celebración del juicio, instancia en la que se presentarán los testimonios y las pruebas materiales recopiladas durante la investigación judicial.