El Colegio de Abogados de Madrid lanza una plataforma digital para seguir y aplicar la legislación de la UE en España

La incorporación parcial y, a menudo, fuera de plazo de directivas provenientes de la Unión Europea por parte de España ha originado una acumulación de 101 normas aún pendientes de integración total, de las cuales la mitad ya presentan retrasos considerables, según consignó el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). En este contexto, la organización presentó una herramienta digital denominada Radar Europeo ICAM, que busca ofrecer seguimiento actualizado, análisis y recursos sobre la legislación comunitaria y su aplicación en el sistema jurídico español.

De acuerdo con lo comunicado por el Colegio de la Abogacía de Madrid, la nueva plataforma fue diseñada por el Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, organismo creado en 2024 para brindar información, análisis y formación especializada a los profesionales del derecho. La presentación del Radar coincidió con el cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, hito durante el cual el país ha incorporado un total de 6.747 normas de origen comunitario a su marco legal nacional. El ICAM precisó que solo en 2025, el 45% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales derivaron de disposiciones europeas, ya fuera por transposición de directivas o por adaptación a reglamentos.

El acto de presentación tuvo lugar en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid. Según reportó el comunicado, Eugenio Ribón, decano del ICAM, hizo hincapié en que el nuevo servicio responde a una demanda estructural en el ámbito legal nacional: “Europa no sufre una carencia normativa, sino un déficit de ejecución y de armonización”. Ribón advirtió que la fragmentación derivada de las diferencias en la aplicación del Derecho de la Unión impacta en la seguridad jurídica, al crear obstáculos para la actividad económica e interferir en la consolidación del mercado interior. Agregó que la ausencia de una implementación uniforme y previsible del Derecho europeo obstaculiza la formación de un mercado interior funcional y limita la igualdad de condiciones entre ciudadanos y empresas. Además, señaló que la digitalización del sector solo resultará legítima si protege las garantías procesales y el estado de derecho, y reivindicó que la abogacía debe asumir un rol principal en este proceso de transformación digital, impulsándolo “desde el conocimiento, la ética y la defensa de los derechos”.

Por su parte, la diputada encargada de Relaciones Internacionales y copresidenta del Observatorio, Teresa Mínguez, subrayó durante la presentación que la herramienta pretende consolidar el papel de los profesionales del derecho frente a los cambios regulatorios y tecnológicos vinculados al futuro del Derecho europeo. Mínguez recordó que el Observatorio respondió a un compromiso asumido electoralmente por la Junta de Gobierno del ICAM. Además, indicó que la primera presentación institucional del proyecto tuvo lugar previamente en Bruselas, transmitiendo la intención del Colegio de participar activamente en la definición de las políticas y normativas que afectan el trabajo jurídico en España.

El Radar Europeo ICAM fue desarrollado en colaboración con Newtral y está pensado como una plataforma digital de carácter especializado, orientada a facilitar la anticipación, comprensión y correcta aplicación del Derecho comunitario desde una óptica profesional. El sistema incorpora alertas legislativas semanales, un boletín mensual de análisis, así como paneles interactivos que posibilitan el seguimiento de la evolución normativa y del estado de transposición de las diferentes directivas europeas. Según detalló el Colegio, otro componente relevante del Radar será la elaboración de informes periódicos que permitan anticipar tendencias normativas y orientar la estrategia institucional del ICAM en cuestiones relacionadas con el Derecho de la Unión Europea.

El medio destacó también que el Radar Europeo pretende ser un recurso útil para toda la comunidad jurídica, extendiéndose su utilidad a empresas, ciudadanos y medios de comunicación. Uno de sus principales objetivos es ofrecer una visión completa y clara sobre el calendario legislativo europeo, de modo que profesionales jurídicos y otros agentes puedan aplicar las normas comunitarias con mayor coherencia y previsibilidad en el ámbito español.