Fiscalía pide tres años de cárcel para la edil de Vox en Valencia acusada de difundir mensajes de odio en redes sociales

Cecilia Herrero, concejala de Vox en València y encargada de la delegación de Responsabilidad Patrimonial del municipio, enfrenta la solicitud por parte de la Fiscalía de Valencia de tres años de prisión, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese período, una multa de 7.200 euros e inhabilitación por seis años para desempeñar actividades en los ámbitos educativo, docente, deportivo y de tiempo libre. La petición responde a la acusación de haber difundido desde 2020 y hasta abril de 2024 mensajes catalogados como de odio a través de su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter). Según informó elDiario.es, citado por Europa Press, el ministerio público atribuye a la edil la publicación de numerosas expresiones que, en su criterio, tienen por objetivo propagar el rechazo y la hostilidad hacia personas migrantes, integrantes del colectivo LGTBI y personas con discapacidad.

En la calificación presentada, la Fiscalía argumenta que los mensajes difundidos por Herrero desde una cuenta con más de 11.300 seguidores han sido formulados “con lenguaje peyorativo y de burlas” hacia estos grupos. Entre las publicaciones destacadas por el ministerio público se encuentran afirmaciones como “BASTA. Blindar nuestras fronteras y apoyar a las FCSE (DEL ESTADO SÍ) es una obligación del Gobierno. La expulsión de inmigrantes NUESTRO DERECHO. Expulsión YA”; “No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES”; o frases como “Los moros nos invaden”. De acuerdo con lo detallado por elDiario.es, estos contenidos fueron visibles para el público general y posteriormente borrados, aunque han quedado archivados por otros usuarios en repositorios de libre acceso.

De conformidad con la acusación del Ministerio Fiscal, el propósito de la edil era estigmatizar y criminalizar a colectivos vulnerables, empleando reiteradamente referencias negativas que asocian inmigración con invasión del territorio y alarmismo social. Según el medio citado, la Fiscalía sostiene que Herrero seleccionaba y publicaba imágenes y mensajes dirigidos de forma “masiva e indiscriminada” con la intención deliberada de asociar la inmigración, especialmente de origen magrebí o de confesión musulmana, con la delincuencia, amplificando prejuicios y estereotipos en la sociedad.

En el análisis del contenido, la Fiscalía identificó un total de 31 mensajes emitidos desde el 17 de abril de 2020 hasta el 19 de abril de 2024. Los escritos que figuran en la investigación han sido asociados a la creación de sentimientos de temor, inseguridad y alarma social, según consignó elDiario.es. De acuerdo con el informe, Herrero centró en ocasiones ataques particularmente intensos hacia personas negras, de otros orígenes nacionales, la comunidad LGTBI y personas con discapacidad, atribuyéndoles colectivamente la comisión de delitos y despojándolos de individualidad al tratarlos de forma deshumanizada.

Asimismo, según publicada elDiario.es con información de Europa Press, la Fiscalía plantea que Herrero utilizaba una selección interesada de supuestas noticias, manipulando la información para reforzar una narrativa alarmista entre la población. En estos mensajes, el ministerio público advierte sobre la peligrosidad de despertar hostilidad social y odio injustificado, lo que considera un riesgo para los derechos y las libertades públicas de los grupos afectados.

Tal como detalla el texto de la acusación, la responsable política eliminó los contenidos de la red social, aunque no evitó que estos quedaran disponibles en internet por el registro realizado por terceros. De este modo, según la Fiscalía, la edil era plenamente consciente del alcance y la durabilidad de sus publicaciones, ignorando el control sobre el recorrido futuro de esos mensajes y el impacto que pudieran tener en los colectivos víctimas de sus declaraciones.

El planteamiento penal recoge dos alternativas en las sanciones a imponer: la principal supone tres años de prisión y las inhabilitaciones mencionadas previamente. La alternativa plantea una condena de un año y dos meses de cárcel, con la correspondiente inhabilitación para sufragio pasivo y una multa de 4.800 euros, más la prohibición de trabajar en ámbitos educativos, docentes o deportivos por cinco años. En cualquier caso, la Fiscalía considera aplicable la inhabilitación para cualquier empleo o cargo público por el tiempo correspondiente a la condena.

El procedimiento judicial derivó de la investigación desarrollada por el Juzgado de Instrucción número 15 de València, que emitió en junio de 2023 un auto en el que consideró acreditados “suficientes indicios de criminalidad”, paso previo a la apertura de juicio oral. El contexto del caso se sitúa dentro del periodo en que Vox forma parte del gobierno municipal junto al Partido Popular, bajo la alcaldía de María José Catalá.

En el desarrollo de los hechos conocidos por elDiario.es y Europa Press, la Fiscalía mantiene que las publicaciones analizadas delinean un patrón dirigido a orientar el voto en favor del partido Vox, buscando reforzar prejuicios y desconfianza hacia sectores minorizados a través del uso de redes sociales de acceso libre. Según el ministerio público, la acusada “contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos”, advirtiendo de la humillación y el daño provocado, así como del peligro de multiplicar el impacto mediante la difusión digital renovada y sucesiva.

El caso de Cecilia Herrero permanece abierto en sede judicial, pendiente de la decisión sobre la solicitud de condena por parte del ministerio público, cuya actuación se fundamenta en diversos artículos del Código Penal vinculados a los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas por la Constitución.