Un hijo de Obiang y su cúpula, llamados a declarar en la AN por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas

La defensa del presidente de Guinea Ecuatorial informó a la Audiencia Nacional de que Carmelo Ovono Obiang, viceministro de Seguridad Exterior e hijo del mandatario Teodoro Obiang, junto con los altos responsables de seguridad del país africano, han optado por declarar por videoconferencia desde la Embajada de España en Malabo, según un escrito publicado por Europa Press. El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, citó a Ovono, al ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y al director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Endo, para comparecer el 5 de febrero a las 10:00 horas, en el marco de la investigación sobre presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas.

De acuerdo con Europa Press, las familias de las víctimas y los miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) reclaman la detención internacional y la colaboración de las autoridades judiciales tras la supuesta desaparición de cuatro opositores. El magistrado Pedraz procedió en febrero de 2024 a dictar órdenes de detención e ingreso en prisión contra los tres altos funcionarios, tras analizar documentación y diligencias policiales presentadas en la causa.

El medio Europa Press detalló que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidió al juez instructor emitir órdenes de detención a nivel internacional contra los investigados. Esta decisión respondió a un recurso promovido por el MLGE3R y los familiares de las presuntas víctimas, quienes se sumaron a la solicitud de la Fiscalía en contra de una decisión anterior del propio Pedraz, que había denegado tal medida. Los magistrados señalaron que al momento de adoptar dicha resolución, no existía ningún conflicto de jurisdicción que impidiera la competencia del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en el caso.

Europa Press indicó que el auto judicial incluyó la orden de remitir tanto el testimonio como las órdenes de detención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los sistemas internacionales SIRENE e Interpol, para su ejecución. Los querellados, según las resoluciones, no atendieron los llamamientos previos del juez para prestar declaración, a pesar de que se había habilitado la posibilidad de hacerlo por videoconferencia, lo cual, según los magistrados, evidencia su situación de rebeldía ante la justicia española.

La causa, consignó Europa Press en base a la documentación judicial, recaba datos relativos tanto a la presencia de los investigados en territorio español como a sus posibles vínculos con una agencia de detectives implicada en seguimientos a los opositores. Además, la instrucción incluye la verificación de transferencias de dinero de cuantía considerable hacia entidades bancarias españolas, que podrían estar relacionadas con los hechos investigados.

Según lo publicado por Europa Press, la Sala penal reprochó que en las resoluciones firmadas por Pedraz anteriormente no se exponía ninguna razón suficientemente motivada para rechazar las órdenes de busca y captura solicitadas tanto por la acusación popular, ejercida por el MLGE3R, como por la Fiscalía y los familiares de las víctimas. El tribunal consideró clara la existencia de indicios que justifican la práctica de las declaraciones como investigados y enfatizó que tales diligencias no se habían cumplido debido a la actitud de los acusados.

El caso involucra la supuesta implicación de altos cargos gubernamentales de Guinea Ecuatorial en el secuestro, desaparición y posibles abusos graves contra miembros del MLGE3R. Europa Press señala que los magistrados pusieron relieve en la gravedad de los hechos y en la suficiente existencia de indicios para sustentar tanto las imputaciones como el avance de la instrucción judicial bajo jurisdicción española. La comparecencia por videoconferencia se presenta como la única vía aceptada hasta el momento por los investigados para responder a las acusaciones.

Durante el desarrollo del procedimiento, la acusación particular y la Fiscalía insistieron en la necesidad de la colaboración inmediata de las instituciones judiciales y policiales internacionales para procurar tanto la localización como la detención de los encausados. Europa Press explica que la argumentación jurídica de los magistrados giró en torno al hecho probado de la presencia de los acusados en España y de su negativa a comparecer en los llamamientos anteriores, lo que según la Sala refuerza los fundamentos para acordar su busca y captura internacional.

El expediente judicial refleja que la investigación abarca diferentes ramificaciones, entre las que destacan las operaciones financieras detectadas en bancos españoles, posibles complicidades con servicios privados de seguridad y la reiteración de estrategias de elusión procesal por parte de los citados responsables de seguridad de Guinea Ecuatorial. Según los documentos a los que accedió Europa Press, los magistrados sostienen la competencia española para proseguir con el proceso, con la expectativa de avanzar en la clarificación de los hechos denunciados y en la identificación de todos los posibles responsables.

En esa línea, la resolución judicial representa un nuevo episodio en el enfrentamiento judicial entre el Estado español y altos funcionarios de Guinea Ecuatorial a raíz de las denuncias promovidas por el MLGE3R y las familias de los afectados, quienes solicitan la puesta en marcha de todos los mecanismos legales disponibles para garantizar tanto la tutela judicial como la reparación de los daños sufridos. Europa Press confirma que, por mandato de la Sala Penal, la investigación sigue su curso bajo las directrices del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que mantiene habilitadas todas las opciones legales para lograr la comparecencia efectiva de los tres altos funcionarios africanos.