La familia de Diego Bello demanda "justicia" en el día previo de la declaración de la madre en Filipinas como testigo

La Oficina Nacional de Investigación (NBI) de Filipinas presentó un informe que desmiente punto por punto la versión de los policías implicados en la muerte de Diego Bello, el ciudadano español fallecido en 2020 en la isla de Siargao. Antes de que la madre de la víctima declare como testigo en el juicio que investiga el caso, los familiares han buscado interlocución directa con diversas autoridades y organizaciones internacionales para reiterar su demanda de esclarecimiento y responsabilidad en los hechos, según detalló Europa Press.

Durante los días previos a la declaración prevista para este viernes 16 de junio a las 08:30 horas en Filipinas (01:00 en España), los padres y el hermano de Bello, acompañados por el abogado Guillermo Mosquera y el cónsul de España en Filipinas, Ignacio Sánchez Taboada, han mantenido una serie de reuniones con representantes clave. Según reportó Europa Press, la agenda incluyó encuentros con los letrados que llevan la causa, miembros de la Embajada de España y el embajador de la Unión Europea en el país asiático, Massimo Santoro. Además, acudieron a una reunión de trabajo en la NBI, que encabeza la investigación local sobre la muerte, así como con los agentes que elaboraron el informe pericial que contradice la narrativa de los agentes imputados.

De acuerdo con Justicia para Diego, una plataforma creada por allegados y simpatizantes del joven gallego, la familia también fue recibida por un representante de la Oficina del Ombudsman (Defensor del Pueblo) de Filipinas. Durante ese encuentro, trasladaron sus preocupaciones sobre el estado del proceso, exponiendo incertidumbres ante la falta de avances concretos y la necesidad de garantías jurídicas eficaces.

Tal como ha comunicado la citada plataforma a Europa Press, todas estas gestiones están orientadas a lograr que el caso se trate con la máxima transparencia y rigor, y a insistir en la búsqueda de justicia y reparación. Los familiares expresan su intención de agotar todas las vías legales e institucionales mientras continúen, seis años después de la muerte de Bello, exigiendo una respuesta adecuada del sistema judicial filipino.

El procedimiento penal se focaliza en tres policías acusados de asesinato y alteración de pruebas en relación con la muerte del joven, ocurrida en enero de 2020. Según relató Europa Press, el Tribunal de Primera Instancia Regional de Filipinas negó conceder la libertad bajo fianza a los tres imputados en junio de 2025, lo que mantiene su privación de libertad mientras avanza el proceso judicial.

Los resultados conocidos de las investigaciones oficiales desmienten la versión inicial de los agentes, quienes señalaron haber actuado durante un supuesto enfrentamiento armado en el marco de una operación contra el narcotráfico. Sin embargo, el informe forense y el trabajo de la NBI establecen que Bello recibió los disparos cuando ya se encontraba desarmado y en el suelo, apartándose del relato policial.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas también ha rechazado los argumentos expresados por los policías. Según destacó Europa Press, la entidad concluyó que en la actuación de los agentes existió una violación de los protocolos operativos obligatorios en intervenciones policiales, descartando la explicación de fuerza letal justificada durante la intervención.

La declaración de la madre de Diego Bello se produce en un contexto en el que los familiares y sus representantes pretenden respaldar con su testimonio la tesis de que el joven no se vinculaba con los hechos imputados ni ofreció resistencia, y que los responsables deben rendir cuentas por el fallecimiento. Justicia para Diego ha insistido que la familia seguirá movilizándose y promoviendo acciones ante instituciones internacionales y organismos de defensa de derechos humanos mientras persista la incertidumbre y el dolor causado por la muerte de Bello en circunstancias que consideran irregulares, según manifestó el grupo a Europa Press.