
El ministerio fiscal ha indicado que solicitará la pena máxima, hasta un total de 40 años de prisión, para el acusado C.B. tras haberlo considerado responsable de asesinato, tentativa de asesinato, allanamiento de morada y quebrantamiento de la orden de alejamiento. Esta decisión llegó después de que los nueve miembros del jurado declararan, de manera unánime, su culpabilidad en el crimen cometido en la localidad de Nohales, provincia de Cuenca. Según reportó el medio, el tribunal ya ha dejado el juicio en espera de sentencia, que será dictada por el juez y contemplará, también, el cálculo de indemnizaciones para las personas afectadas por este suceso.
De acuerdo con la información publicada, los hechos juzgados estuvieron centrados en la muerte de Cristina, expareja de C.B., así como en el intento de acabar con la vida de M.C., acompañante de la víctima la noche de los hechos. El jurado valoró las pruebas y escuchó las intervenciones antes de llegar a este fallo unánime, en el que únicamente se excluyeron dos puntos: no se acreditó que C.B. hubiera merodeado los alrededores del lugar de trabajo de Cristina previamente al crimen ni se consideraron algunas pruebas relacionadas con el consumo de drogas.
El jurado consideró probados la mayor parte de los hechos relevantes en relación con la acusación, incluyendo el hecho de que C.B. vulneró de manera reiterada la orden de protección que impedía cualquier acercamiento a Cristina. Este incumplimiento se sumó al delito de allanamiento de morada, dado que se constató que accedió sin permiso al domicilio donde se encontraban las víctimas.
El veredicto permite ahora al tribunal avanzar hacia el dictado de la sentencia. Según consignó el medio, será el juez quien fije la duración exacta de la pena y determine las indemnizaciones correspondientes. La fiscalía, por su parte, confirmó que solicitará las penas más severas contempladas, con petición expresa de aplicación de circunstancias agravantes en todos los delitos atribuidos a C.B.
De acuerdo con el reporte, entre las agravantes aplicables se encuentran la especial vulnerabilidad de la víctima y la persistencia en el quebrantamiento judicial previo, lo que, para el ministerio público, refuerza la petición de elevar la condena hasta el máximo permitido por la ley. La cifra solicitada de 40 años combina las condenas por asesinato consumado, intento de asesinato, allanamiento de morada y violación de la orden de alejamiento dictada previamente.
El proceso judicial puso de relieve la persistencia del acusado en desafiar mandatos de autoridad y su conducta reincidente respecto a la protección otorgada a la víctima. Las partes estuvieron representadas durante todas las sesiones y presentaron argumentos y pruebas ante el tribunal y el jurado. Según informó la fuente, la audiencia también abordó las consecuencias físicas y emocionales resultantes para la segunda víctima, quien sobrevivió al intento de asesinato pero sufrió secuelas de gravedad.
Los análisis realizados durante el proceso incluyeron pruebas periciales, testimonios de familiares y de agentes de las fuerzas de seguridad que intervinieron tras conocer el crimen. Si bien algunas pruebas referidas al alegado consumo de estupefacientes no fueron aceptadas como determinantes, el jurado las consideró insuficientes para modificar el veredicto sobre la responsabilidad penal principal.
Publicó la fuente que, a partir de este dictamen del jurado, el siguiente paso legal corresponde a la sentencia del juez, que valorará no solo la petición fiscal sino las circunstancias individuales del caso y los daños ocasionados tanto a las víctimas directas como a personas allegadas. El ministerio fiscal reiteró su intención de actuar con máxima severidad en su solicitud formal, al entender que el dictamen del jurado demuestra concurrencia de todos los elementos necesarios para aplicar las penas más elevadas.
El caso de Nohales ha sido seguido por la comunidad local y desde asociaciones dedicadas a la defensa de las víctimas de violencia machista. El medio consignó que la sentencia no solo determinará la responsabilidad penal, sino que regulará también reparaciones económicas para familiares afectados y personas sobrevivientes del ataque. La resolución será comunicada por el juzgado en los próximos días, una vez examinadas todas las cuestiones expuestas durante la vista oral.
Mientras la sala queda a la espera de la resolución definitiva, la fiscalía elevó también la recomendación de incluir agravantes por la especial relación entre el acusado y la víctima, así como por la reincidencia en las vulneraciones de órdenes judiciales, conforme detalló el medio informativo. La investigación y el juicio incorporaron testimonios de distintos testigos, así como reconstrucciones de los hechos por parte de peritos y especialistas citados en la vista.
A través de la cobertura de este proceso, el medio precisó que el caso se compone de múltiples delitos acumulados, derivados tanto de la acción directa contra la vida e integridad de las víctimas, como del menosprecio reiterado a medidas de protección judicial. La decisión actual del jurado marca un paso clave en la tramitación de la causa e incrementa las expectativas en cuanto a la condena que se impondrá. El desenlace judicial queda ahora en manos del juez encargado de formalizar la sentencia, tras una instrucción que tuvo en cuenta la totalidad de pruebas, testimonios y consultas promovidas por la fiscalía y las partes implicadas.
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